Las diferencias entre las tarifas de los servicios de energía eléctrica y de agua vigentes en Córdoba y en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) generaron en las últimas horas renovada tensión entre el Gobierno provincial y referentes nacionales.
Este tema, que no por repetido deja de ser real, motivó, ahora en plena campaña electoral, posiciones opuestas entre referentes de ambas partes.
Luego de los tuits de la Secretaría de Energía de la Nación señalando que Córdoba era responsable de las tarifas en su distrito y la respuesta de la Provincia, ayer el ministro de Servicios Públicos, Fabián López, aseguró que hay un “desconocimiento” de las autoridades nacionales sobre “cómo funciona el sistema en general y en el interior del país en particular”, y pidió que Nación “se retire de la regulación de Edenor y Edesur y también de Aysa”, las empresas que prestan servicio de energía eléctrica y de agua en el AMBA.
López recordó que luego de un avance durante la gestión de Mauricio Macri para que esas prestaciones fueran asumidas tanto por la CABA como por la Provincia de Buenos Aires, la actual administración resolvió dar marcha atrás.
“La diferencia en las tarifas es porque el Tesoro nacional, o sea todo el país, subsidia esos servicios e incluso las inversiones, de ahí que tengan los valores más baratos que el resto de las prestatarias del interior”, señaló.
La postura de Nación
En ese marco, quien salió al cruce fue el senador nacional por Córdoba Carlos Caserio. El ahora candidato por el Frente de Todos fue duro con la administración de Juan Schiaretti.
”Ellos lo que están tratando es de sacarse la responsabilidad de tener una electricidad tremendamente cara porque EPEC es una empresa absolutamente deficitaria que la maneja la Provincia, y el agua, que está privatizada (a través de Aguas Cordobesas), tiene aumentos excesivos”, indicó.
“Creo que hay una ineficiencia en el manejo de estos dos servicios en Córdoba”, completó el senador, quien -no obstante- no profundizó sobre el resto de los elementos en debate, esto es, los subsidios y el manejo por Nación de las tarifas e inversiones, tanto de Edenor y Edesur -empresas privadas- como de Aysa.