ESCUCHARUn informe de México Evalúa que revisó los datos oficiales sobre el sistema de justicia durante 2020, alertó sobre el colapso de las fiscalías y la escasez de jueces.
El trabajo precisó que, pese a las alarmantes cifras de violencia que hay en México desde hace casi una década, con casi 100 asesinatos por día, la inmensa mayoría de los casos criminales no se resuelve; concretamente, 94,8%.
El porcentaje trepó desde 2019, que registró 92,4%.
Además, dijo que no sólo no hay sentencias sino que tampoco se dan acuerdos entre partes ni se concretan reparaciones de daños.
El documento resalta que la impunidad se debe en parte a que las fiscalías están colapsadas y que acumulan expedientes por homicidios, extorsiones y secuestros, entre otros delitos graves.
“Esta herramienta da pie a la vieja práctica de la fabricación de culpables: se busca que las personas se asuman responsables y reciban una sentencia aunque no hayan participado, con el objetivo de cerrar el caso y elegir lo menos peor”.
(Chrístel Rosales, coordinadora del informe, sobre el uso del juicio abreviado).
La coordinadora del informe, Chrístel Rosales, estimó que el principal problema que impide avanzar con las pesquisas es que en los ministerios públicos no existe un protocolo de priorización de casos y que los fiscales están colapsados.
Además, dijo que el escaso presupuesto no se maneja de forma eficiente y que las conclusiones del estudio apuntan a que al menos 30% de los delitos se podría haber resuelto por vías alternativas.
“Le dan la misma prioridad a una desaparición que a un robo menor”, explicó.
La investigadora dijo que en México hay “falta de visión estratégica en política criminal”.
“En algunos delitos, como tortura o desaparición, la impunidad roza 100%”, enfatizó.
La coordinadora del informe, Chrístel Rosales, estimó que el principal problema que impide avanzar con las pesquisas es que en los ministerios públicos fiscales no existe un protocolo de priorización de casos y que los fiscales están colapsados.
Otra de las deficiencias del sistema que aborda el trabajo es la falta de jueces e informa sobre un aumento de la prisión preventiva de 21% en el último año.
Abuso del juicio abreviado
Paralelamente, advierte de lo que define como un “abuso del procedimiento abreviado”, que creció en 16%. “Esta herramienta da pie a la vieja práctica de la fabricación de culpables: se busca que las personas se asuman responsables y reciban una sentencia aunque no hayan participado, con el objetivo de cerrar el caso y elegir lo menos peor”, opinó Rosales.
“Los derechos de los procesados tampoco están garantizados. Cada abogado público carga con 152 clientes de media, aunque hay entidades con datos más dramáticos, como Veracruz, donde la defensoría del Estado es casi una utopía”, señaló también.
