ESCUCHAREl fiscal federal Diego Luciani pidió que la ex secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Romina Picolotti, sea condenada a tres años y nueve meses de prisión por usar fondos públicos de la dependencia para gastos personales o de su familia.
Además, reclamó que se le imponga devolver casi siete millones de pesos por el perjuicio que le causó al Estado y que sea inhabilitada de por vida para ejercer cargos públicos.
Al acusar a la ex funcionaria por el delito de defraudación en perjuicio de la administración pública, Luciani habló de “gastos irracionales, escandalosos y burdos” y reclamó que sea
“Hubo un manejo absolutamente irregular de parte de Picolotti de los fondos públicos. Fue un verdadero fraude en el ejercicio de la función”, sostuvo el agente en su alegato ante el Tribunal Oral Federal 6.
El próximo 15 de septiembre hablará la defensa, a cargo de Felipe Trucco, y antes de fin de mes se prevé el dictado de la sentencia.
La acusada sigue el debate por videoconferencia desde Estados Unidos, donde vive.
Luciani se pronunció en el marco de la decimocuarta audiencia del debate que se tramita ante los jueces Sabrina Namer, Néstor Costabel y Rodrigo Giménez Uriburu, tras una etapa de recepción de prueba que contó con las declaraciones de más de 30 testigos.
La abogada cordobesa Picolotti fue incriminada por el fiscal federal Guillermo Marijuan.
Concretamente, se le enrostra haber usado dinero del presupuesto asignado a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable mientras fue su titular, entre julio de 2006 y diciembre de 2008, para costear viajes y gastos que no hacían al cumplimiento de los fines y metas del organismo.
Según la acusación, Picolotti solventó pasajes de avión para su grupo familiar y para amigos y conocidos con dinero del Estado.
En tanto, señala que parte importante de esos pasajes estaban encuadrados falsamente como desarraigo.
También consigna que las maniobras se concretaron con fondos girados por el Ministerio de Economía a la Fundación ArgenINTA, liberados mediante la simple presentación de órdenes de pago emitidas por Ambiente. En tanto, indica que en otros casos la secretaría le solicitaba a la fundación adelantos por gastos operativos que luego eran rendidos con comprobantes que no hacían al funcionamiento, metas o fines de la repartición.
La prueba documental analizada para la acusación está constituida por más 60 cajas con los comprobantes de pago. A modo de ejemplo, entre los tickets de productos adquiridos con el dinero asignado a la Secretaría de Ambiente figuran compras de analgésicos, apósitos, barras de cereal, pilas, una piedra aromatizada, galletitas, sopas instantáneas, alfajores, caramelos, mermelada, verduras, sahumerios, una chalina, un velón de noche y esencia, un whisky y ramos de flores. También hay un comprobante por la adquisición de productos «Rabolini» en una perfumería que en su parte superior tiene la leyenda manuscrita «Regalo Flor y Sofi cumpleaños», y otro de consumo en un local de comidas que en su parte superior registra la expresión manuscrita «Muchas Gracias!!!».
La especialista en derechos humanos y medio ambiente se hizo cargo de la repartición en julio de 2006. Pese a su promocionada designación, renunció poco más de dos años después, en diciembre de 2008, en medio del escándalo que se generó cuando se descubrieron manejos irregulares de fondos, a raíz de una investigación periodística.
Piccolotti llegó a la función pública respaldada por el ex jefe de Gabinete y actual presidente de la Nación Alberto Fernández, cuando trabajaba junto a su esposo, Daniel Taillant, en la ONG que habían creado: el Centro de Derechos Humanos y Ambiente (Cedha). La administración irregular de la “caja chica” de la Secretaría de Ambiente es la clave de la causa, ya que se acreditó que durante su gestión la letrada solventó con activos estatales compras personales, almuerzos y viajes aéreos. Según estimó la jueza María Servini al procesarla, “cualquier gasto” era solventado por medio de aquélla.
En agosto de 2014, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal confirmó el fallo de la magistrada.
Si bien el defensor de Picolotti adujo que las erogaciones investigadas obedecieron a “estrictos motivos funcionales”, no brindó una mínima relación entre aquéllas y la gestión que llevaba adelante su asistida. Además, sin éxito, intentó justificar gastos que insumieron cenas en lugares de lujo por “cuestiones de protocolo”.
En julio de 2015, el caso se elevó a juicio oral. El fiscal Marijuan enfatizó que la ex funcionaria demostró un “total desapego al cumplimiento de las normas que rigen la utilización del dinero público”, el cual destinó a cubrir necesidades personales a diario, incluidos sábados, domingos y feriados, según detalló.
En enero de 2016, la abogada fue autorizada para trasladarse a Estados Unidos para trabajar allí, en virtud del contrato que firmó con el Instituto para la Gobernabilidad y el Desarrollo Sustentable (Institute for Gobernance and Sustaintable Development), con sede en Florida. Fijó domicilio en la exclusiva zona de Palm Beach. Meses después, en octubre de aquel año, Luciani denunció que violó las condiciones que le impuso el Tribunal Oral Federal Número 6. Luego de recibir un informe del consulado argentino en Miami, constató que la encartada viajó a distintos países, como Islandia y Marruecos, sin informárselo a la Justicia o en fechas distintas de las que anunció.
Por eso, pidió que se revocara su permiso de residencia en el exterior y que regresara de inmediato al país para que enfrentara el debate oral y público por la comisión de los hechos de corrupción que se le atribuyen. No tuvo éxito.
El representante del Ministerio Público se opuso en dos oportunidades a que Picolotti viviera en Estados Unidos porque demoraba la realización del juicio y significaba un riesgo, ya que la lejanía dificultaba el control sobre su conducta. No obstante, si bien en un principio el tribunal admitió la postura del fiscal, luego entendió que no podía coartar el “derecho laboral” de Picolotti.
El proceso penal por corrupción que enfrenta Picolotti figuró en la campaña presidencial. Cabe recordar que en julio de 2019, Fernández, por entonces precandidato a presidente por el Frente de Todos (FdT), sostuvo que siempre defendió al periodismo y las redes sociales estallaron con un video que lo registró hostigando al periodista Claudio Savoia por develar los desmanejos de Picolotti.
El episodio sucedió en julio de 2007, luego de que el comunicador de Clarín publicó una investigación sobre la gestión irregular de la abogada cordobesa en Ambiente.
En esa oportunidad, escoltado por la abogada cordobesa, el por entonces jefe de Gabinete la confirmó en su puesto y arremetió en contra de Savoia. Le atribuyó su artículo a una “avivada” para progresar profesionalmente; fustigó el trabajo de la prensa crítica y habló de “pícaros disfrazados de periodistas de investigación”. Un año y medio después, en diciembre de 2008, la funcionaria le presentó su renuncia al sucesor de Fernández, Sergio Massa.
La tesis de Savoia fue ratificada por la Justicia en sucesivas instancias y desde la filas del Frente Renovador (FR) Fernández cambió de tono.
En agosto del 2014, cuando la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal confirmó el procesamiento de Picolotti, dijo que el periodista de Clarín tenía “alguna razón” y le pidió disculpas. “Si Romina hizo esto que dé explicaciones, ojalá las tenga. Yo nunca protejo a un funcionario que malgasta los fondos públicos”, manifestó el actual mandatario, por entonces dirigente del FR, en una entrevista radial.
