ESCUCHAREl problema de la ética en la comunicación
Por Kevin Lehmann (*)
En la relación entre la magistratura y el periodismo subyace una tensión alimentada por la idea de que la prensa puede falsear la información impunemente. La expresión “los periodistas escriben lo que quieren” es utilizada por algunas y algunos magistrados como excusa para no comunicar.
Entre las y los comunicadores judiciales especializados nos atrevemos a afirmar que la distorsión deliberada de los datos y la mentira son casi inexistentes (la interpretación de esos datos es otra cuestión). Lo que no es raro ni excepcional es que se publiquen versiones muy distantes de lo que existe en los expedientes, pero esto se debe fundamentalmente a que, muchas veces por falta de comunicación adecuada, la versión del expediente no está disponible y las crónicas periodísticas se construyen con otras versiones, que responden a intereses distintos a los judiciales.
De todos modos, lo que vale para periodistas profesionales no necesariamente es extensible a las empresas periodísticas, que pueden tener agendas propias y defender intereses no periodísticos a través de los medios de su propiedad.
El control de la calidad de la información publicada en los medios de comunicación es uno de los problemas más complejos y peor resueltos. Recurrentemente aparecen iniciativas de crear normas e institutos destinados a establecer parámetros de calidad en la tarea periodística y sancionar a quienes los incumplan. Cuando no se trata de autorregulaciones se advierte, generalmente, de que es peor el remedio que la enfermedad, en términos de la salud del sistema republicano.
Un camino intermedio son los libros de estilo de algunos medios importantes y los códigos de ética, que establecen recomendaciones y definen los límites dentro de los que debe transcurrir el ejercicio profesional, cuyas sanciones, cuando existen, impactan en la reputación de los medios o periodistas que no las respetan.
El debate entre el derecho a la información de calidad y el repudio al control y la censura se enriquece con un argumento de Luigi Ferrajoli. Dice el jurista italiano: “Es claro que no existe un derecho a la información ‘verdadera’, que estaría en conflicto con la libertad de información. Sólo puede hablarse de un derecho a ‘recibir’ informaciones. Sin embargo, existe un derecho negativo a la no desinformación, consistente en una libertad negativa, es decir, a la inmunidad frente a las desinformaciones y la manipulación de las noticias. Esta libertad negativa es el corolario de la libertad de conciencia y de pensamiento, esto es, de la primera libertad fundamental que se afirmó en la historia del liberalismo y que implica el derecho a la no manipulación de la propia conciencia provocada por la desinformación en torno a los hechos y a las cuestiones de interés público. (…) Si además se considera al lector como un consumidor, el derecho a la no desinformación y a la no manipulación equivale al derecho a no recibir mercadería averiada”.
Tal vez el Derecho del Consumo abra una puerta para revisar la relación entre las empresas que cuentan con medios de comunicación entre sus activos y la ciudadanía que necesita información de calidad para tomar decisiones.
La calidad de la relación entre magistrados y periodistas es la resultante de los esfuerzos para construirla y sostenerla en el tiempo, no es el punto provisional de equilibrio en la disputa entre dos actores ontológicamente enfrentados. Todas las explicaciones basadas en cuestiones tales como que el periodismo necesita revelar informaciones que la judicatura debe proteger; que el tratamiento de la información es muy asimétrico (ya que mientras que aquéllos pueden proteger sus fuentes y no necesitan probar lo que afirman, éstos no cuentan con esas facilidades) o que las agendas de las y los propietarios de los medios se imponen sobre calidad de la información y eso atenta contra la imagen de la magistratura, etcétera, no alcanzan para ocultar el hecho de que cuando se invierte en crear una relación de calidad, el resultado es bueno. Lo contrario es sumamente excepcional.
(*) Licenciado en sociología y en ciencias políticas
