Apelaron el sobreseimiento de la titular del Inadi por ofrecimiento de cargo o plan a ex empleada

El fiscal Guillermo Marijuán apeló el sobreseimiento de la titular del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), Victoria Donda, dictado por el juez Sebastián Casanello, quien la semana pasada desvinculó de la causa en la que se investiga si trató de solucionar un conflicto laboral con su empleada doméstica mediante el ofrecimiento de un cargo público o el otorgamiento de un plan social.
En diciembre del año pasado, Donda fue denunciada por Fernando Zarabozo, el abogado de Arminda Banda Oxa, una mujer de 64 años que trabajó en la casa de la ex legisladora y actual funcionaria durante 14 años.
El letrado indicó que Oxa fue empleada doméstica de Donda desde el 1 de marzo de 2007 y que una vez iniciada la cuarentena pretendió que su asistida renunciara mediante aquellas ofertas para no pagarle la indemnización correspondiente por despido injustificado. Como prueba aportó audios de WhatsApp.
También se denunció que Donda registró a la empleada recién en 2014.
Por su parte, Banda Oxa inició una demanda laboral.
Marijuán pidió la indagatoria de la funcionaria pública pero Casanello rechazó el planteo y luego la sobreseyó.
Alegó que no se comenzó a ejecutar ningún acto preparatorio o administrativo para un supuesto nombramiento de Banda Oxa en el Inadi y que no se daban los supuestos de los dos delitos por los cuales Marijuán reclamó la indagatoria de Donda: negociaciones incompatibles con la función pública y abuso de autoridad.
El fiscal apeló la decisión de Casanello y ahora será la Cámara Federal la que decida si corresponde que la pesquisa continúe.
A su turno, Marijuán ponderó que “ante el justo reclamo de Banda Oxa y al solo efecto de procurarse un beneficio propio” la imputada, abusando de su condición de funcionaria pública y de una relación laboral en la que especialmente ocupaba un rol de mando, le ofreció a su empleada, una mujer en situación vulnerable enmarcada no sólo en el contexto de los efectos de la pandemia, sino también en su condición económica apremiante, un cargo en el organismo que lidera o un plan social “para evitar afrontar el pago de esa cuantiosa suma de dinero”.
“En otras palabras, una funcionaria comprometida con la gestión pública, al frente de un organismo embanderado en el respeto de los derechos y garantías de todas las personas que habitan el país, se valió del poder del Estado para tratar de dar solución a su problema particular generado a partir de su mezquino comportamiento con la persona que para ella trabajaba de manera particular”, añadió.
Asimismo, estimó que el accionar de Donda no solo merece reproche penal, sino que también habilitaría la activación de los procedimientos previstos por la ley de ética pública y por las leyes laborales.