ESCUCHARUn grupo de 80 amparistas cuyos hijos asisten a colegios privados de la zona norte de la ciudad de Córdoba, y otro, cuyos hijos van a escuelas de Sierras Chicas, recurrirán hoy a la Justicia. Pedirán que la acción se inscriba como colectiva. Aseguran que el decreto de Schiaretti es arbitrario
La decisión del gobierno de Juan Schiaretti de mantener las escuelas cerradas sigue motivando la presentación de amparos de grupos organizados de padres, quienes reclaman a la Justicia la vuelta de las clases presenciales.
Según pudo conocer Comercio y Justicia, durante esta jornada se presentarán dos nuevos amparos en el fuero Contencioso-administrativo: uno de ellos lo interpondrá un grupo de 80 padres en representación de alumnos de colegios privados de la zona norte de la ciudad de Córdoba; el otro lo firmarán 102 amparistas cuyos hijos asisten a escuelas de Sierras Chicas -Mendiolaza y Villa Allende-.
En ambos casos, pedirán al Poder Judicial que se convierta en un amparo de incidencia colectiva. Cabe recordar que esta semana se presentaron otros dos recursos con el mismo fin, que recayeron en las cámaras en lo Contencioso-administrativo Nos. 1 y 2 de la ciudad de Córdoba, respectivamente.
El primero se interpuso el pasado sábado y nucleó a padres de 13 colegios públicos y privados de diferentes barrios de la ciudad de Córdoba, cuyos hijos asisten al nivel primario y /o al nivel secundario. Según informaron en tribunales a este medio, ambas presentaciones se acumularon ayer en la Cámara Contencioso-administrativa N° 1 y se espera que ocurra lo mismo con estas nuevas acciones que se interpondrán en el transcurso de la jornada de hoy.
Todos los amparos presentados plantean entre sus argumentos que el decreto del gobierno de Juan Schiaretti es “arbitrario” y que la decisión de suspender la presencialidad es “irrazonable y desproporcionada”; y que afecta los derechos de los niños.
Cabe recordar como antecedente que recientemente la Corte Suprema de Justicia de la Nación falló a favor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) cuando el Gobierno nacional decretó restricciones para la actividad escolar en función de la situación sanitaria.
Los amparistas cordobeses cuestionan a Schiaretti que el decreto 599/2021, publicado en el Boletín Oficial el 18 de junio, no explica de qué manera efectivamente las clases presenciales aumentan los contagios del virus y omite considerar la Convención sobre los Derechos del Niño que, en su artículo 28, inciso 1e, obliga a los Estados a adoptar todas las medidas para fomentar la asistencia regular a las escuelas y reducir las tasas de deserción escolar.
En diálogo con este medio, Silvina Talamoni, de Padres Autoconvocados, advirtió de que, ante la falta de respuesta de las autoridades provinciales, decidieron recurrir a la Justicia. “Hace un mes pedimos una audiencia al Gobernador y al ministro de Educación, Walter Grahovac; hicimos marchas y hemos juntado firmas pero nadie nos escucha”.
Respecto de las consecuencias del cierre de las escuelas, Talamoni advirtió de la profunda desigualdad que implican las clases bimodales, con niños que no tienen acceso a la conectividad ni acompañamiento en este proceso.
Los amparos presentados y también los que se interpondrán esta semana recogen en todos los casos la normativa internacional que obliga a los Estados a garantizar la educación de los niños y las recomendaciones de diferentes organismos, como Unicef, que plantean la necesidad de que las escuelas sean lo último en cerrar y lo primero en abrir cuando las autoridades comiencen a suprimir las restricciones producto de la pandemia.
Los recursos también buscan reflejar que las clases presenciales no son factores decisivos en el aumento de los contagios.
“La escuela es un lugar seguro y trabajar con niños y niñas no es un factor de riesgo: así, la responsabilidad de que continúe recae en los adultos responsables del cumplimiento de los protocolos elaborados y en la construcción y aplicación de las medidas sociales necesarias para sostener la presencialidad, tanto en la escuela como en las familias”, manifiestan los amparistas.
El escrito plantea, asimismo, que “ el Gobierno prioriza el trabajo a la educación cuando ambos bienes jurídicos tienen una importancia trascendental”.
