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Después de tomar 40 declaraciones testimoniales y 28 indagatorias, la jueza federal de Comodoro Rivadavia, Eva Parcio de Seleme, resolvió el procesamiento de un secretario General del sindicato de los Camioneros y ex diputado nacional, así como de parte de la comisión directiva y de la obra social de ese gremio, más cuatro integrantes del Área Programática Sur, dependiente del ministerio de Salud de Chubut por el faltante de vacunas contra el coronavirus en el Hospital Regional de Comodoro Rivadavia. Se les imputan los delitos de incumplimiento de deberes de funcionario público, malversación de caudales públicos y encubrimiento.
De los 24 imputados, 19 son integrantes del sindicato y de la obra social de Camioneros, quienes recibieron la vacuna contra el covid-19. Las pesquisas se centran en la desaparición de un hospital público de 30 dosis de la vacuna rusa Sputnik, para ser usadas en miembros del sindicato de camioneros.
Todo apunta a un supuesto de vacunación irregular, sin cumplir la normativa del caso. El caso es sólo una muestra de las varias causas judiciales abiertas a lo largo del país sobre similares hechos, dinamizadas a partir de la toma de estado público del denominado “vacunatorio VIP” a escala nacional, que causó la renuncia del entonces ministro de Salud de la Nación, Ginés González García.
Un elemento común de todas ellas en que no se hallan involucrados “ciudadanos de a pie” como se diría, sino personas asociadas con el poder. En la causa que comentamos existen desde funcionarios de salud y dirigentes sindicales a enfermeras, pero todos con algo en común: se trataba de gente con poder, más conocida o menos conocida. Personas a las que la sociedad le confirió unas facultades públicas y se abusaron de ellas.
Esas personas que deben ponerse al frente de la situación, dar el ejemplo y coordinar las acciones de manera tal que se respete la igualdad de consideración para los ciudadanos, lejos de ello, se ponen en una posición de superioridad que los lleva a desarrollar la extraña creencia de poder saltarse las leyes, por el solo hecho de tener una cuota de poder. A ese respecto, son ejemplificativas las palabras del doctor Zanini, quien al referirse a la vacunación recibida de manera irregular por el periodista Verbitski dijo, dirigiéndose a éste: “’No tenés que actuar con culpa porque vos tenés derecho a eso, sos una personalidad que necesita ser protegida por la sociedad. El problema surge por la falta de vacunas y no por quién se vacuna’”. Lo digan tan explícitamente o no, la vacunación ha demostrado que existen personas que se creen por encima de otras, en una suerte de versión telúrica del sistema de castas hindú.
Con otro tipo de actitud, Matías Almeyda, cuyo padre murió de covid-19, quiso comprar 30 mil dosis de vacunas para su ciudad natal.
Se dice que las crisis sacan lo mejor y lo peor de las personas. De nuestra parte, creemos que, en realidad, las muestran como son.
Estamos en una crisis que se alarga, en parte por su propia dinámica y, en parte, por mala gestión. Los efectos de ella, en lo material y espiritual, apenas están empezando a despuntar.
Llama la atención que, en este derecho pandémico de emergencia, en el que se dictan normas a cada rato, en el que no se han ahorrado leyes y decretos para castigar, la más de las veces con multas dinerarias, la infracción a las restricciones de circulación y afines, no se haya dictado ninguna que agrave las penas respecto de estos hechos ilícitos.
A mayor abundamiento, se han dictado normas respecto de las vacunas, en las que la cuestión también brilla por su ausencia.
Si el salvarse a uno mismo con indiferencia de otros resulta desde el vamos un acto egoísta, el hacerlo a costa de condenar a otros, de quitarle a otros, de apropiarse de lo que no les corresponde, revela una miserabilidad casi absoluta.
Además de miserables, ignorantes. La pandemia, como hecho colectivo, no admite soluciones individuales. No hay margen, por las características del covid-19 que alguien pueda estar seguro en tanto otros sigan contagiándose y el virus admitiendo nuevas mutaciones.
Sólo mueven más un bote que ya navega con muchas limitaciones y cargas. Por eso, alguna consideración del ataque a los valores jurídicos de la salud pública y a valor moral de omitir al otro, debe ser tenido en cuenta al cuantificar la pena de tales hechos. Desde la ley, desde la magistratura, o desde ambas.
(*) Abogado. Doctor en ciencias jurídicas
(**) Abogado. Doctor en derecho y ciencias sociales
