Informe de HRW: Formosa aplicó medidas “abusivas e insalubres” y Pietragalla no priorizó derechos de víctimas ni documentó violaciones a DDHH

Un informe elaborado por Human Rights Watch (HRW) y la Universidad John Hopkins concluyó que el gobierno de Formosa puso en marcha medidas “frecuentemente abusivas e insalubres” para prevenir la propagación del coronavirus.
Las entidades indicaron además que corroboraron que más de 24 mil personas fueron obligadas a permanecer confinadas en circunstancias que, en muchos casos, podrían considerarse detenciones arbitrarias.
Paralelamente, valoraron que la intervención del secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, no fue exhaustiva ni priorizó documentar las violaciones de derechos humanos que el Estado provincial cometió durante las protestas ciudadanas, que culminaron en represión y en detenciones.
“La respuesta de la Secretaría no priorizó los derechos de las víctimas ni se centró en su rol principal de documentar las violaciones de derechos humanos durante protestas mayormente pacíficas”, resaltaron.
Las conclusiones surgen del relevamiento que realizó HRW entre enero y marzo, con 45 entrevistas telefónicas.
El grupo precisó que entre los consultados, 30 estuvieron confinadas en centros de aislamiento y que el resto fueron médicos, abogados, víctimas de abuso policial, periodistas, una legisladora y dos concejalas.
Según el comunicado que difundió HRW, la mayoría de los entrevistados expresó que “temía sufrir represalias”.
HRW cuestionó también que el gobierno de Gildo Insfrán haya “restringido el trabajo de la prensa independiente para cubrir la situación en la provincia”.
Planteó asimismo que se habría empleado “excesivamente la fuerza” contra quienes protestaban por las medidas relacionadas con el coronavirus y recordó que durante meses las fuerzas de seguridad “limitaron severamente” la posibilidad de la población de la ciudad de Clorinda de trasladarse y acceder a atención médica.
Una de las críticas centrales del documento apuntó a que las autoridades de Formosa mantuvieron a personas con resultados positivos de covid-19 junto con otras que dieron negativo o seguían esperando sus exámenes. “En ocasiones, el hacinamiento y las condiciones insalubres en los centros han dificultado el distanciamiento social. En algunos no había ventilación adecuada”, destacó, añadiendo que en muchos supuestos las autoridades no le brindaron atención médica adecuada a los pacientes.
El reporte destaca que los centros de aislamiento “se crearon para individuos con un resultado positivo y síntomas leves o que son asintomáticos”, para tratarlos, pero que en Formosa en esos establecimientos se le impedía salir a las personas alojadas, que estaban “bajo constante vigilancia policial” e, incluso, llegaron a ser enceradas.
“Las autoridades también mezclaban en las mismas habitaciones a personas que llegaron en distintas fechas y no tomaban en cuenta su edad, género, estado de salud y otros factores de riesgo”, acotó Human Rights Watch.
En tanto, precisó que tuvo acceso a un formulario titulado “Consentimiento informado y previo” para casos positivos que se estableció en el Estadio Cincuentenario, y reseñó que indicaba que el gobierno se “eximía” de responsabilidad por lo que pudiera sucederles a los individuos allí retenidos.
HRW estimó que por su carácter obligatorio la disposición implicó una “privación de la libertad”.
“Los centros insalubres y hacinados como los de Formosa pueden propagar la transmisión del coronavirus, menoscabar derechos humanos básicos y debilitar la confianza en las autoridades de salud pública, lo cual resulta crítico para una respuesta adecuada al ovid-19″, expresó Kathleen Page, médica y académica de la Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins y los centros de la Universidad Johns Hopkins.
“Aislar a ciudades enteras puede generar más problemas que beneficios para la salud en el largo plazo”, completó.
El documento de la entidad norteamericana de derechos humanos señala como hecho testigo de la dureza de las restricciones el caso de Zunilda Gómez, de 33 años, quien cursaba el tercer mes del embarazo de su cuarto hijo cuando, el 19 de diciembre, la policía se la llevó de su vivienda en Clorinda y la encerró con sus tres hijos -de 12, ocho y cinco años- en una habitación de hotel. El 5 de enero, Gómez sufrió un aborto espontáneo y fue internada y sus niños permanecieron aislados solos en el hotel hasta el día siguiente. Su esposo, que fue trasladado a un centro de aislamiento a 120 kilómetros tras dar positivo para coronavirus, se enteró de la pérdida cuando lo llamó un familiar.
Cabe recordar que entre agosto de 2020 y marzo de 2021 las autoridades formoseñas impusieron en Clorinda un “bloqueo sanitario”: suspendieron el transporte público y exigieron que quienes pretendieran salir de la localidad presentaran una prueba negativa y obtuvieran autorización de la policía.
El comunicado también repasa la vulneración a la libertad de prensa y el uso de la violencia policial en Formosa. En particular, apuntó al impedimento para que periodistas entraran a la provincia para informar y a la aplicación de “fuerza excesiva” contra las personas que protestaron por las restricciones, y su encarcelamiento e incriminación penal, en varios casos.
“Conforme al derecho internacional, ciertos derechos básicos, tales como el derecho a no sufrir tratos crueles o inhumanos, no pueden ser restringidos ni siquiera en períodos de emergencia. Las restricciones de otros derechos, como el derecho a la libertad de circulación, expresión y asociación, podrían resultar permisibles en un contexto de emergencia de salud pública como el que supone una pandemia, pero deben tener un claro fundamento legal, ser estrictamente necesarias y proporcionadas para el objetivo de salud pública que se persigue, tener una duración limitada, estar sujetas a revisión, y su aplicación en la práctica no puede ser arbitraria ni discriminatoria”, subraya el texto.