ESCUCHAREn el marco de la investigación por el incendio del galpón de la firma Iron Mountain, la titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Número 37, Romina Monteleone, y su colega de la Fiscalía General Número 1 ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Joaquín Gaset, participarán en la audiencia virtual que se realizará el próximo día 26 ante la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, para resolver los recursos de apelación interpuestos oportunamente en contra de los procesamientos y sobreseimientos decretados en 2018.
La causa se encontraba en trámite ante la Cámara Nacional de Casación Penal y fue recientemente devuelta a aquella instancia, habilitándose a las partes para que participen de la audiencia y mejoren fundamentos relativos a la procedencia o no de las medidas que se dictaron.
Alrededor de las ocho de la mañana del 5 de febrero de 2014 se disparó la alarma de incendio de dos sectores del depósito que la firma Iron Mountain tenía en la calle Azara 1245, en el barrio porteño de Barracas.
Tres personas que se encontraban en el lugar intentaron combatir el fuego, sin éxito, y dieron aviso al servicio de emergencias 911, que movilizó a distintas dotaciones de bomberos y móviles de la Policía Federal Argentina (PFA), de la Prefectura Naval y de Defensa Civil.
Dos grupos de bomberos ingresaron al predio por accesos distintos y, pasadas las nueve de la mañana, la pared de uno de ellos se desplomó encima del comisario inspector Leonardo Day; de la subinspectora Anahí Garnica; de los cabos primeros Eduardo Conesa y Damián Véliz; del cabo Maximiliano Martínez y del agente bombero Juan Monticelli, quienes fallecieron en el acto junto a los bomberos voluntarios José Luis Méndez Araujo, del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Villa Domínico; Sebastián Campos, del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Vuelta de Rocha, y del rescatista Pedro Báricola, de Defensa Civil del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Asimismo, resultaron gravemente heridos los bomberos Daniel Díaz Gauna, Juan Manuel López Gaggiotti y Facundo Ambrosi -quien murió días después como consecuencia de los múltiples traumatismos que sufrió-.
El 28 de abril de 2014, personal de la Guardia de Auxilio y Emergencias del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires comenzó a desmantelar los escombros del depósito.
Las labores se extendieron por varios meses, dado que se realizó “por capas”, mientras se enviaba a peritar el material colectado.
En febrero de 2015, peritos de la División Siniestros de la PFA y del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) presentaron sus informes y concluyeron que el incendio podría haber sido intencional.
Sin embargo, restaba el estudio de los facultativos de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), que fue entregado a mediados de 2016, tras lo cual se efectuó una inspección ocular de las ruinas del predio.
El 2 de febrero de 2017, la fiscal Monteleone requirió la indagatoria de los 32 imputados, las cuales comenzaron en mayo de ese año. Simultáneamente, el titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Número 18, Pablo Ormaechea, formó incidentes de prescripción respecto de dos funcionarios de la Superintendencia de Bomberos de la PFA y del apoderado de la firma, y corrió vista a la fiscal, quien se opuso a ello. Finalmente, el 5 de marzo de 2018, Ormaechea dispuso procesamientos y sobreseimientos de varios imputados.
Ese fallo fue apelado por las partes y ahora será tratado en la audiencia virtual.
