ESCUCHARSe trata de una alícuota de 0,5% al cambio de titularidad. La tasa -que generó múltiples quejas de colegios profesionales, desarrollistas y constructoras- no se aplicará hasta el 31 de diciembre, confirmaron a Comercio y Justicia fuentes oficiales. La estimación original era recaudar unos 50 millones anuales
La Municipalidad de Córdoba resolvió postergar por tres meses la puesta en marcha de la tasa que grava el cambio de titularidad de los inmuebles. De esta forma, el tributo no regirá por toda la anualidad 2020.
La medida, anticipada a Comercio y Justicia por fuentes oficiales, fue dispuesta hasta el 31 de diciembre próximo por lo que, de no mediar otra determinación, recién quedará activa desde enero próximo. En ese caso, deberá quedar reflejada en el proyecto de Ordenanza Tarifaria Anual (OTA) que el intendente Martín Llaryora enviará al Concejo Deliberante en los próximos días, como parte del paquete de proyectos económicos que incluye el Presupuesto y el Código Tributario.
Se trata de la imposición reflejada en el artículo 95 bis de la OTA 2020, sancionada ya por el Concejo Deliberante durante la gestión Llaryora, a poco de asumir.
El gravamen fue duramente cuestionado por los diferentes sectores involucrados, entre ellos colegios profesionales y cámaras empresariales, que -tras conocer la decisión de activar esa tasa- criticaron el impacto que tendría sobre las operaciones inmobiliarias.
En rigor, según cálculos preliminares, el tributo apenas sumaría unos 50 millones de pesos anuales, una cifra marginal si se observa el total de ingresos corrientes previstos para 2020 aunque importante para quienes debían asumir el pago.
En realidad, la imposición iba a comenzar a operar de manera efectiva el 31 de marzo, esto es, luego de un período de gracia de tres meses desde su puesta en vigencia.
Sin embargo, luego fue postergada y, ya con la llegada de la cuarentena, Llaryora resolvió posponerla hasta el 31 de octubre.
Ahora, luego de evaluar la situación económica en general y la continuidad del confinamiento, el municipio dispuso entonces que esa norma no se aplique durante este año.
Según el artículo 95 bis de la OTA, la tasa de 0,5 por ciento se aplicará en dos situaciones. En primer término cuando se trate de cambio de titularidad de un inmueble a título oneroso pero también cuando el cambio se produzca “a título gratuito”, por ejemplo en el caso de una herencia.
Quedaban exentos del pago, en este último caso, aquellos inmuebles valuados en menos de 500 mil pesos. En tanto, para los valorados entre 500 y 800 mil pesos, la exención sería del 66 por ciento, y bajaría al 33 por ciento y a partir de valuaciones de un millón de pesos, directamente pagarían la alícuota plena, esto es, 0,5 por ciento sobre el valor del bien a tributar.
Cuestionamientos
La medida -que fue incorporada de manera sorpresiva en la Tarifaria y aprobada por el Concejo Deliberante que con su nueva composición tras el cambio de gobierno- ya respondía en su mayoría al nuevo intendente.
En ese marco, el Colegio de Escribanos de la Provincia de Córdoba . “Este gravamen perjudica enormemente al sector de la construcción y al inmobiliario, que constituye el 21 por ciento del producto bruto de la ciudad, impactando negativamente en la competitividad y estímulo de dichos sectores”, señaló entonces un comunicado rubricado por el presidente de la entidad, Horacio Arturo Ortiz Pellegrini.
Pero no fueron los únicos. También se pronunciaron en contra la Cámara de Comercio de Córdoba, de Inmobiliarios y del Colegio Profesional de Corredores Inmobiliarios. También los desarrollistas nucleados en la Ceduc.
Incluso entonces las entidades evaluaron la posibilidad de recurrir a la Justicia por entender que la tasa violaba la Carta Orgánica de la ciudad de Córdoba y la propia Constitución provincial, que establece que las tasas deben tener una contraprestación clara por parte del Estado.
En aquel momento, José Viale, titular de la Cámara de Comercio, indicó que el sector había propuesto como alternativa un monto fijo y no un porcentaje, situación que fue desestimada desde la comuna.
Siguen los beneficios
Mientras tanto, la administración Llaryora recordó que, así como se resolvió posponer una vez más la entrada en vigencia de esa tasa, también activó en los últimos días un plan de facilidades de pago para todos los tributos, como parte de una política que apunte a morigerar en los contribuyentes el impacto de la crisis.
Concretamente, la referencia es al plan de pagos anticipado por Comercio y Justicia la semana pasada que incluye hasta 24 cuotas y con quitas de hasta 100 por ciento en los intereses por mora.
El plan estará abierto hasta el 30 de noviembre próximo y se podrá suscribir desde la web municipal.
