El Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) adoptó por consenso la resolución sobre desapariciones forzadas o involuntarias, cuya redacción estuvo liderada por Argentina, Francia, Marruecos y Japón, y que cuenta hasta el momento con el copatrocinio de 53 países.
Aquélla renueva por tres años el mandato del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, que en 2020 cumple cuatro décadas desde su creación por parte de la anterior Comisión de Derechos Humanos, a partir del uso masivo y sistemático de la desaparición forzada por parte de la última dictadura militar argentina (1976-1983).
Según informó la Misión Permanente Argentina ante los Organismos Internacionales, con sede en Ginebra, Suiza, la resolución además a todos los estados que aún no hayan firmado o ratificado la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas o no se hayan adherido a ella, a que consideren la posibilidad de hacerlo con carácter prioritario.
“La creación del Grupo de Trabajo en 1980 a partir del caso argentino y el liderazgo de nuestro país en la entrada en vigor de la Convención, en 2010, representan la evolución de la incorporación de los derechos humanos en la identidad democrática de la República Argentina”, explicó la misión argentina.
El embajador ante los organismos internacionales con sede en Ginebra, Federico Villegas, remarcó que “lamentablemente, y como lo demuestran los informes del Grupo de Trabajo y del Comité contra la Desaparición Forzada, este fenómeno sigue estando muy extendido”.
“Mientras no se erradique la práctica de las desapariciones forzadas en todo el mundo, creemos que este mandato sigue siendo totalmente relevante y que su minucioso trabajo contribuye a la lucha de las víctimas y sus familiares por la justicia”, agregó el diplomático.
“Reiteramos nuestro firme compromiso por la lucha contra la impunidad de las desapariciones forzadas, acompañando a las víctimas y sus familiares. Estas graves violaciones de derechos humanos constituyen crímenes de lesa humanidad y merecen el repudio de la comunidad internacional”, concluyó Villegas.