Funcionarios del Gobierno nacional expresaron su “solidaridad” con el juez de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti, quien sufrió una protesta en su casa de la ciudad santafesina de Rafaela, y abogaron para que las “instituciones de la democracia trabajen libres de presiones”.
El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, manifestó su “preocupación” ante la protesta que sufrió ayer Lorenzetti y sostuvo desde Twitter que el país necesita que las “instituciones de la democracia trabajen libres de presiones”.
Lo propio hizo el ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro, llamó a establecer como “límite” el “respeto a la convivencia democrática y sus instituciones”, y convocó a que “todos los sectores democráticos de la sociedad acompañen este límite que merece un unánime y contundente repudio”.
Por su parte, la ministra de Justicia, Marcela Losardo, expresó también por redes sociales su “solidaridad y profundo repudio” y reafirmó el “compromiso” del Gobierno de Alberto Fernández por una “Justicia independiente”.
En tanto, el viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, sostuvo que no pueden “tolerarse” escraches como el que sufrió Lorenzetti y consideró “inadmisibles” los “aprietes e intimidaciones” de los que viene siendo objeto el máximo tribunal en las últimas semanas.
“La marcha al domicilio de Lorenzetti constituye un hecho de enorme gravedad”, sostuvo Mena, y señaló además que se trata de una “práctica” a la que “nos quieren acostumbrar desde que en este país gobernó Mauricio Macri”, por lo que pidió que “el PRO y el expresidente salgan a dar la cara”.
“No podemos tolerar estas prácticas, de enorme gravedad institucional, y que buscan generar hechos de violencia”, advirtió.
Un grupo de manifestantes opositores protagonizaron ayer una caravana de protesta frente al domicilio de Lorenzetti, a días de que ese cuerpo defina los recursos presentados por los magistrados Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Germán Castelli, cuyos traslados fueron revocados por el Senado.
La protesta se desencadenó, a 72 horas de que el máximo tribunal decida, en un “acuerdo extraordinario”, si da lugar a los recursos presentados por los tres jueces y concede el pedido de “per saltum” de los tres magistrados para que se resuelva la cuestión de fondo, respecto de si sus respectivos traslados por decreto durante el anterior Gobierno de Macri se ajustaron o no al trámite de designación previsto en la Constitución.