ESCUCHARCuatro de cada 10 investigaciones relativas a estupefacientes llegan a nivel de este tipo penal. Alertan sobre el hecho de que las provincias invierten de sus escasos recursos entre 10 mil y 15 mil pesos por cada una de estas causas. Aseguran que ese dinero debería destinarse a investigar el crimen organizado
Un grupo de fiscales coincidió en que es necesario avanzar con la despenalización de la tenencia de droga para consumo personal, al participar de un debate por los 30 años de la Ley de Estupefacientes (Nº 23737), en el marco de una reunión de la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico, del Senado.
Diego Iglesias, titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), recordó que en 2009 la Corte Suprema de Justicia declaró la inconstitucionalidad del inciso 2 del artículo 14 de esa ley y, sin embargo, a más de 10 años del fallo Arriola, “40% de las investigaciones de las causas iniciadas en el fuero federal se vinculan con ese tipo penal”.
Apoyado en gráficos que compartió en pantalla, el funcionario resaltó además que “40% de los recursos de la Justicia federal sigue orientado a la judicialización de conductas menores, como puede ser la tenencia con fines de consumo”, luego de lo cual opinó que “estos recursos deberían destinarse a lo que es el abordaje de las drogas desde el sistema de la salud y educación; y reasignarlos a la prevención y al abordaje de investigaciones sobre el crimen organizado”.
Y continuó: “A esta altura, luego de 30 años de vigencia de la ley y más de 10 años del precedente Arriola, nos debemos la discusión en torno a aggiornar la norma a los preceptos constitucionales”.
En otro tramo, Iglesias expresó que se necesita “profundizar el trabajo de colaboración y cooperación entre los ministerios públicos provinciales y federales”, y ahondó en que la coordinación entre “los dos niveles de investigación” ayuda a “mejorar la persecución penal”.
De Córdoba, la presidenta de la Cámara Federal de Apelaciones, Liliana Navarro, coincidió en que “la tenencia con fines de consumo, que sigue penalizada en la ley, es una deuda pendiente que tenemos”. En ese sentido, haciendo referencia a los fallos Bazterrica (1986) y Arriola (2009), la magistrada analizó que cuando se discutió la ley 23737 “predominó una fuerte concepción moral sobre la concepción legal”.
Por eso, explicó la paradoja entre “leyes que obligan a las obras sociales a cubrir los tratamientos de adicción” y “una ley en la que sigue vigente la sanción penal para el adicto, para el enfermo”. Esto, porque se entendía que “el último eslabón en el tráfico de drogas era en definitiva el consumidor”, pero “la sociedad toda ha entendido que el adicto es la víctima de este flagelo”, subrayó.
Navarro llamó a “dar un paso adelante” y que “el Estado concentre esfuerzos en la salud pública, el deporte y el trabajo” para avanzar con “la despenalización de la tenencia con fines de consumo”, porque en las causas “se sigue criminalizando al enfermo”.
La situación en el norte del país
A su turno, Eduardo Villalba, fiscal General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, destacó que las provincias de Salta y Jujuy “son distintas a todo el resto del país”, por tener frontera con Bolivia y ser “la puerta de entrada de la droga, fundamentalmente de la cocaína”. Por lo cual, dijo que “se necesita focalizar esfuerzos” en esta región.
El funcionario destacó que “a partir de 2015 a la fecha tenemos verdaderos narcotraficantes que están privados de su libertad, incluido un ex juez federal que era parte del problema”. Asimismo, valoró la aplicación del sistema acusatorio como “un antes y un después”, y enfatizó que es necesario “el trabajo coordinado” desde el Ministerio Público, para el avance de estas causas.
Villalba advirtió de que la ley tiene “mínimos muy altos” y es errónea al sancionar con “la misma escala penal” a “alguien que emprende un transporte sofisticado para ingresar droga en avión” y “una persona que ingiere 25 cápsulas con cocaína”. “Esto provoca cárceles abarrotadas de ‘mulas”, señaló, y apuntó que se trata en muchos casos de “personas extremadamente vulnerables” que actúan por desesperación.
Además, observó que la norma establece que la importación de hoja de coca está prohibida pero a su vez toda hoja de coca viene de Bolivia”. “Ahí hay una esquizofrenia legislativa”, opinó, y consideró que se debería regular en el Código Aduanero.
El costo para el Estado
A su turno, Mario Juliano, director Ejecutivo de la Asociación de Pensamiento Penal, detalló que, según un reciente informe del Ministerio de Seguridad, “en los últimos años, 88% de las causas abiertas por infracción a la ley de drogas ha sido por tenencia para consumo personal y por tenencia simple o neutra”.
A este respecto, precisó que un estudio realizado por su organización sobre “el costo que representa la sustanciación de estas causas -hasta que normalmente llegan al archivo-” determinó que “el Estado argentino y las provincias invierten de sus escasos recursos entre 10 mil y 15 mil pesos para tener abiertas o sustanciar” este tipo de acciones. “Adhiero decididamente a la propuesta de que el Estado argentino debe despenalizar la tenencia para consumo personal”, manifestó.
