El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, ratificó que las administraciones provinciales que aún no han accedido al Programa Federal de Desendeudamiento deberán renunciar a los juicios abiertos contra la Nación, como una condición sine qua non para acceder a la firma del convenio.
“A todas las provincias les hemos planteado que no puede seguir habiendo juicios, cuando el Gobierno nacional les está dando una quita tan grande”, remarcó ayer el jefe de Gabinete en declaraciones a la prensa.
Fernández insistió en que “todas las provincias deben renunciar a los juicios cruzados contra Nación” y remarcó que “si sólo tres distritos han firmado el convenio (por Chaco, Buenos Aires y Tucumán) hasta el momento, es porque han cumplido con lo que pedimos”, recalcó.
Las provincias gobernadas por los oficialistas Jorge Capitanich, Daniel Scioli y José Alperovich son las únicas de un conjunto de 18 en condiciones de firmar el convenio.
Con todo, Fernández confió en que “esta situación se va estar resolviendo en un corto plazo”, ya que él se encargó “personalmente de hablar uno a uno con todos los gobernadores”.
En ese marco, Córdoba es una de las provincias aludidas y que mantiene el juicio más importante con la Nación por monto.
Efectivamente, la Provincia reclama una deuda por el déficit de la Caja de Jubilaciones entre los años 2002 y 2007 por un total de $1.220 millones.
En ese sentido y tal como anticipó Comercio y Justicia, las negociaciones entre las partes para alcanzar un acuerdo aún están lejos, aunque “hay avances”, según admitieron fuentes oficiales.
En principio, Anses reconocería $250 millones como base, aunque ese monto podría incrementarse hasta $390 millones, si se consideran los gastos del denominado Fondo Complementario, aporte extra de los activos a la Caja.