ESCUCHAREl juez del concurso puede oponerse a la decisión adoptada por el Gobierno nacional. La empresa anticipó que entablará medidas judiciales. El fiscal (jubilado) de las cámaras Civiles y Comerciales de Córdoba, Francisco Junyent Bas, consideró que el DNU está viciado constitucionalmente
Mientras el Gobierno nacional se prepara para enviar un proyecto de ley que permita expropiar la empresa Vicentin, es de esperarse que la polémica decisión tenga su disputa en el Poder Judicial y pueda, eventualmente, llegar hasta la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).
Luego de la conferencia de prensa del presidente Alberto Fernández, la cerealera advirtió en un comunicado de prensa de la posibilidad de avanzar con eventuales acciones judiciales. “Estamos realizando las consultas necesarias para entender las características y la profundidad de las medidas anunciadas”, afirmó el directorio de Vicentin.
El principal cuestionamiento de la decisión del Gobierno es lo relativo a las facultades que se arrogó el Ejecutivo, al intervenir una empresa que está inmersa en un proceso judicial, pasando por encima al juez del concurso.
Al ser consultado por Comercio y Justicia, el especialista en quiebras y concursos Francisco Junyent Bas fue tajante: “El Poder Ejecutivo carece de toda facultad de intervención en una sociedad privada, esta sociedad que se acaba de concursar está dentro de un proceso verificatorio, está bajo el régimen de una ley”.
Así las cosas, el fiscal (jubilado) de las cámaras Civiles y Comerciales de Córdoba aclaró que el juez del concurso Vicentin tiene la facultad de oponerse y rechazar la intervención de la empresa si tiene en cuenta que “le están sacando facultades propias de la judicatura.”
Si esto ocurriere, el caso deberá ser analizado por la Cámara Civil y Comercial y, eventualmente, el caso podría llegar a la CSJN, por vía extraordinaria.
Además de ser una decisión que “atenta contra el Estado de derecho”, Junyent Bas advirtió de que la expropiación implica al país afrontar el pago de total del pasivo de Vicentin, que aún no fue verificado.
“Si querían avanzar con una expropiación, deberían haber esperado que termine el proceso de verificación y no hacerlo ahora asumiendo el pasivo total, lo cual es sumamente grave. Debieron esperar que termine el proceso. Recién cuando se abre el artículo 48 podrían, a través de cualquiera de los entes estatales comprar el paquete accionario”, explicó el ex fiscal.
“De esta manera se lleva por delante al Poder Judicial, se confunde empresa con sociedad y se asume la totalidad del pasivo, cuando en realidad -si se actuara legalmente y oportunamente- se asumiría el pasivo auténticamente verificado y no se pagaría de más por las acciones”, aseguró Junyent Bas.
El camino en el Congreso
Luego del anuncio del Gobierno nacional, el presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, José Ruiz Aragón, adelantó que el proyecto de ley de expropiación ingresará al Congreso primero por el Senado. Esto le asegura al oficialismo una votación favorable, ya que cuenta con 41 de los 72 integrantes del cuerpo, una mayoría que le permite no recurrir a otros bloques para tratar y debatir proyectos en los plazos reglamentarios.
En Diputados, en cambio, con sus 119 integrantes, el oficialismo necesita de al menos 11 diputados de otros bloques para formar el quórum; y de un número similar o algo superior para imponerse en una votación en la que Juntos por el Cambio (JPC, 116 integrantes) se encolumnaría en contra del proyecto.
Ayer, las autoridades de JPC alertaron sobre que la intervención del Grupo Vicentin “es ilegal e inconstitucional, desautoriza al Congreso y el Poder Judicial, da un primer paso en el camino para estatizar el mercado agropecuario y repite experiencias anteriores que terminaron costándonos muy caro a los argentinos -como las expropiaciones de YPF y Ciccone-”.
“ En síntesis, es una medida innecesaria y peligrosa, de consecuencias impredecibles, que deteriora la confianza en el país y cierra la puerta a las inversiones necesarias para salir de la crisis generada por la pandemia”, advirtió la alianza opositora.
Vicentin solicitó en febrero pasado la apertura de su concurso preventivo de acreedores. En total, la deuda de la compañía asciende a US$1.350 millones, de los cuales unos 1.000 millones corresponderían a préstamos de los bancos y el resto a empresas del sector agrícola. El principal acreedor es el Banco de la Nación con 18.300 millones de pesos.
– El proyecto de ley de expropiación propone que el Estado se haga cargo de todo activo del Grupo Vicentin, que se conformará en un fondo fiduciario cuya gestión será encomendada a YPF Agro.
– Vicentin participa con casi 10% de las ventas agroindustriales y forma parte del reducido grupo de exportadores que comercializan los granos argentinos.
– Con su intervención, el Estado se garantiza la liquidación de divisas de una significativa parte del mercado de granos. Bajo la tutela estatal evitaría el acopio de cosechas que tienden a presionar el tipo de cambio.
