La pandemia de coronavirus incide en la demanda global de productos primarios, tanto en volumen como en precios
En el marco de la retracción del comercio y la demanda internacional de bienes provocada por la pandemia del coronavirus, Argentina será uno de los países más afectados por la contracción de las exportaciones, tanto en relación al volumen como al precio, indicó un nuevo informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
El documento fue presentado por la secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, quien entregó las perspectivas sistematizadas a los países miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).
En el informe también se incluyen acciones, propuestas y recomendaciones de políticas que ha elaborado la comisión para hacer el seguimiento y enfrentar la crisis del coronavirus, en una reunión virtual privada de alto nivel.
En detalle, uno de los apartados del documento precisa sobre el impacto que tendrá en región la baja pronunciada en la demanda de bienes primarios por parte de las economías más desarrolladas.
“La pandemia impacta a las economías de América Latina y el Caribe a través de factores externos e internos cuyo efecto conjunto conducirá a la peor contracción que la región ha sufrido desde que se inician los registros, en 1900”, se advirtió en el texto. Además se aseguró que la economía mundial exhibirá en 2020 una caída del producto bruto mayor a la observada en varias décadas, por lo que se prevé una contracción del PIB mundial en torno a 2% con una mayor contracción en las economías desarrolladas que en las emergentes.
En este escenario de gran impacto económico de la pandemia de Covid-19, el volumen de las transacciones en todo el mundo tendrá una reducción drástica. Según la Organización Mundial del Comercio (OMC) caerá entre 13% y 32% durante este año.
Como correlato, la caída de la actividad económica mundial, en particular en los Estados Unidos, China y Europa, tiene un impacto negativo en el comercio de América Latina y el Caribe en sus dimensiones de volumen y precio, en especial de materias primas, según la CEPAL.
Específicamente, se espera que el valor de las exportaciones de la región se retraiga cerca de 15%, con una disminución de los precios de 8,8% y una disminución del volumen de 6%.
De hecho, ya en estos momentos, los precios de la soja, el maíz, y el trigo se redujeron hasta 4% y los valores de la carne de bovino y pollo disminuyeron 6% en el último bimestre.
“Así, las mayores repercusiones se observarían en los países de América del Sur, que se especializan en la exportación de bienes primarios y, por lo tanto, son más vulnerables a la disminución de sus precios” alertó la Cepal, y explicó que considerando que las exportaciones regionales a China disminuirá 24,4% este año, es más que probable que los países más afectados sean Argentina, Brasil, Chile y Perú, los cuales son los mayores exportadores regionales de productos primarios destinados al gigante asiático.
Proyecciones
En cuanto a las estimaciones de caída del Producto Bruto Interno, la CEPAL ratificó en su nuevo documento que en el caso de Argentina será de -6,5% al finalizar este año, agregando un nuevo ciclo de recesión para el país.
Este porcentaje se encuentra por encima de la media de baja estimada para la región, la cual fue prevista en -5,3%.
DEUDA EXTERNA
La CGT reclamó el respaldo del FMI en las negociaciones
La CGT expresó al Fondo Monetario Internacional (FMI) su “preocupación” por la necesidad de alcanzar un acuerdo de renegociación de la deuda externa para que Argentina emerja del “default virtual actual”, y le reclamó al órgano crediticio su “acompañamiento” en la negociación entre el Gobierno nacional y los bonistas privados.
Luego de una videollamada entre sindicalistas y autoridades del FMI, la central obrera sostuvo en un comunicado de prensa que la situación de endeudamiento de Argentina “no es ajena al FMI”, por lo que demandó que éste se comprometa en la búsqueda de una solución que garantice sustentabilidad macroeconómica para un “desarrollo inclusivo socio-laboral”.
Además, la conducción nacional de la CGT comprometió su participación en un proceso de diálogo tripartito institucionalizado con el Gobierno nacional y los empresarios para diseñar “un modelo de desarrollo productivo que garantice trabajo de calidad”.
Asimismo, la central obrera se opuso a cualquier posibilidad de ajuste sobre los trabajadores o los sectores más vulnerables y también rechazó cualquier reforma laboral.
Los sindicalistas mantuvieron un diálogo con el jefe de la misión del FMI para la Argentina, Luis Cabeddu, el representante del organismo en el país, Trevor Alleyne y el director nacional ante la entidad internacional de crédito, Sergio Chodos.
La central obrera, que lideran Héctor Daer y Carlos Acuña, reclamó a la delegación extranjera apoyo en esa negociación con los bonistas a fin de lograr de forma rápida un consenso que permita iniciar el proceso de desarrollo económico que requiere la economía.
“Las conversaciones continuarán abiertas para que la voz de los trabajadores sea escuchada y debidamente considerada”, concluyeron los dirigentes gremiales.
Por su parte, la delegación del FMI también difundió un comunicado, en el que expresó que el diálogo con la CGT fue “muy productivo y cordial”.
“Fue una oportunidad para escuchar de primera mano de parte de los dirigentes sindicales su visión sobre los desafíos económicos, sociales y laborales del país para el corto y mediano y largo plazo por la crisis generada por la pandemia de la Covid-19”, precisó el texto.
Y enfatizó que el FMI compartió la visión de los representantes gremiales respecto de que es necesario hallar una solución a la deuda y, en ese sentido, reiteró su “oportuno análisis” de que esa carga es insostenible para el país.
En relación con las negociaciones bilaterales con los acreedores privados de la Argentina, el FMI ratificó su “esperanza” de que se alcance un acuerdo que restablezca la sostenibilidad de la deuda para allanar el camino para un crecimiento económico “fuerte e inclusivo”.
Además, la delegación reiteró su compromiso de continuidad del diálogo con la CGT para profundizar el entendimiento de la realidad que viven los trabajadores argentinos y los desafíos futuros, y ratificó su apoyo a la gestión del Gobierno y su voluntad de pago y a la renegociación de la carga pública.
TARJETA ALIMENTAR
La asistencia se extendió a más de un millón y medio de familias
Más de un millón y medio de familias reciben el beneficio de la Tarjeta Alimentar, lo que implica para el Estado una inversión de casi $8.000 millones mensuales, informó el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación que conduce Daniel Arroyo, entre otras acciones y programas que llevan adelante para asistir a las personas con mayor grado de vulnerabilidad, en el marco de la crisis por la pandemia de coronavirus.
“En abril, desde el Ministerio se realizó un refuerzo extraordinario de $7.717.774.000 que alcanzó a 1.529.699 titulares de tarjetas y que, en lo que respecta a la asistencia alimentaria a comedores escolares y comunitarios se ampliaron las partidas presupuestarias en $2.000 millones, lo que sumó $3.483.287.694 en convenios para transferencias a gobiernos provinciales, municipales y organizaciones sociales y asistenciales”, detalló la cartera.
Como parte del programa “Argentina Contra el Hambre”, en el período que fue desde el 17 de diciembre al 15 de mayo se acreditaron un total de 1.530.153 tarjetas Alimentar, lo que significa que un total de 2.813.688 personas fueron alcanzadas de alguna manera por el beneficio, según datos aportados por el Ministerio.
Si bien las acciones del ministerio comenzaron apenas asumió el gobierno de Alberto Fernández, debido a la pandemia de coronavirus la cartera debió reforzar su asistencia ya que por el aislamiento dispuesto el 19 de marzo para mitigar la propagación del virus, la crisis en los sectores más vulnerables se agudizó.
Así, el ministro Arroyo decidió dar un refuerzo alimentario tanto para los beneficiarios de la tarjeta como para los comedores escolares y comunitarios.
A través de la tarjeta Alimentar, el Gobierno acredita $4.000 para las familias con un hijo de hasta seis años de edad o discapacitado; de $6.000 para las que tienen más de un hijo en la misma franja de edad o discapacitado y de $4.000 para quienes perciben la asignación por embarazo.
Esos pagos se duplicaron durante el mes de mayo a $8.000 y $12.000, según cada caso y la recarga en lugar de ser mensual pasó a ser semanal para facilitar el acceso de las familias en estado de vulnerabilidad a los alimentos.