ESCUCHAREntre los diferentes programas de asistencia del Estado, el programa Potenciar Trabajo -que alcanza a 1,3 millón de beneficiarios- cobró protagonismo por las irregularidades que detectó el Fisco y recalentó el termómetro social hacia fin de año.
La prestación estatal quedó sumergido en un escándalo y generó un conflicto entre el Gobierno y organizaciones oficialistas luego de conocerse los resultados de un informe de la AFIP solicitado por el ex ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, antecesor de Victoria Tolosa Paz, que indicó que 253.184 beneficiarios del Potenciar Trabajo tendrían inconsistencias.
Los datos de relevamiento trascendieron 11 días después de la renuncia de Zabaleta. Indican que 44.235 personas que cobran el plan tienen ingresos superiores a dos veces el importe del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) durante los últimos seis meses.
También precisan que otras 52.987 son propietarias de más de un inmueble o automotor y que 63.211 hicieron gastos con tarjeta de crédito o débito mayor que dos veces el importe del SMVM.
Además, el reporte concluyó que familiares o terceras personas de 2.870 fallecidos percibieron el plan y que 35.398 cobraron dólares.
En noviembre el tema llegó a tribunales.
La Justicia investiga irregularidades y el Gobierno está auditando el plan. Al cierre de esta edición había dado de baja a 20.420 beneficiarios que, según el Banco Central, compraron dólares.
Vaivenes
Entre los vaivenes del tema figura el anuncio de Sergio Massa al asumir en Economía. A principios de agosto, adelantó que la cartera llevaría adelante una “política de reordenamiento”, poniendo foco en la vuelta al mercado de trabajo, el fortalecimiento de cooperativas y la protección en situaciones de vulnerabilidad. Fijó una fecha -15 de agosto- para el inicio de una auditoría que realizarían las universidades, una medida que quedó trunca.
Cabe destacar que a junio pasado, a dos años de la creación del Plan Potenciar Trabajo, sólo 1,2% de beneficiarios había encontrado empleo formal.
Fiscal
Al conocerse el tenor del informe del Fisco, el fiscal federal Guillermo Marijuan denunció a Tolosa Paz y al secretario de Economía Social y líder del Movimiento Evita, Emilio Pérsico, por la presunta comisión de abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y violación de deberes.
Marijuan expuso que el ministerio sólo suspendió 2.234 planes pese a que había 253.184 anomalías.
El 6 de este mes, la ministra dio de baja a 20.420 beneficiarios por incompatibilidades. Lo hizo cuando el juez federal Ariel Lijo admitió un pedido del fiscal Eduardo Taiano y la autorizó para abonar el Potenciar Trabajo de noviembre.
La oposición también se sumó al capítulo judicial.
El diputado nacional del PRO Waldo Wolff promovió una denuncia penal. Estimó que “lo más ilegal de toda la cuestión” es usar nombres de muertos y valoró que puede haber encubrimiento de funcionarios públicos.
En tanto, diputados nacionales de la Coalición Cívica (CC) pidieron investigar Pérsico. Presentaron un pedido de informes a Desarrollo Social a fin de que especifique el rol del líder del Movimiento Evita, una de las organizaciones que recibió más planes.
Buscan conocer cómo se controlan los ingresos, quién los autoriza y a cuáles organizaciones pertenecen los más de 250 mil beneficiarios que registran incompatibilidades.
Los representantes de la CC sostienen que Pérsico “está de los dos lados del mostrador”.
Por su parte, las organizaciones sociales hablaron de ajuste y “bajas arbitrarias”.
