viernes 22, noviembre 2024
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Comercio y Justicia 85 años

Devoto: rechazaron hábeas corpus que denunció falta de prevención

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La Cámara Nacional en lo Criminal destacó que, como precaución, se les proveyeron barbijos a los internos.
También precisó que se desinfectaron las instalaciones y que se restringieron actividades a fin de evitar la propagación del Covid-19

La Cámara Nacional en lo Criminal rechazó un hábeas corpus colectivo presentado por presos del penal de Villa Devoto, quienes aseguraron que los procedimientos para detectar casos de coronavirus en la unidad se llevaron a cabo sin las medidas de control y prevención necesarias.
Al desestimar el planteo que formalizaron dos abogados, el tribunal consideró un informe del Servicio Penitenciario Federal (SPF) según el cual se implementaron acciones específicas y se activaron los protocolos vigentes a fin de evitar posibles contagios.
En esa línea, destacó que, como precaución, se le suministraron barbijos a la totalidad de los internos. También precisó que se desinfectaron pabellones, baños, cocina y pasillos y que se restringieron actividades deportivas, recreativas, educativas y laborales a fin de evitar la propagación del virus.
Asimismo, los camaristas Rodolfo Pociello Argerich y Alberto Seijas ponderaron que, según el documento que aportó el SPF, se gestionó la provisión de elementos de higiene y aseo personal para los reclusos.
Para el tercer integrante del tribunal, Matías Pintos, el caso ni siquiera debió ser tratado como un hábeas corpus.
Pociello Argerich, Seijas y Pintos dictaron su decisorio horas después de que la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional les recomendó a los jueces del fuero que, teniendo en cuenta la emergencia sanitaria por la pandemia, extremen recaudos para contribuir con la disminución de la población carcelaria.

Zaffaroni
Por su parte, el ex integrante de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Zaffaroni, hizo declaraciones sobre las controvertidas excarcelaciones que se ordenaron desde que comenzó la cuarentena.
“Una pena privativa de la libertad no es una pena de muerte. La solución de esto no se la pidamos ni al Poder Ejecutivo ni al Legislativo. La solución la tienen que dar los jueces”, afirmó el actual magistrado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Zaffaroni apuntó contra aquéllos al afirmar: “Tienen que darse cuenta de que el día que juran la Constitución no es una fiestita familiar, es un compromiso ante el Estado y todo el pueblo”.
Además, estimó que deben proceder de una manera “racional” para evitar que haya una “masacre tumultuaria”.
“Todo este sacrificio que estamos haciendo con la cuarentena, lo estamos haciendo para evitar un colapso de nuestro sistema de salud. En caso de que se produzca un brote y una expansión de la infección, si se infectan 20 mil o 30 mil presos de golpe, entonces vamos a necesitar cinco mil camas afuera de los penales”, acotó.
Para Zaffaroni, la superpoblación carcelaria es un riesgo que no se está tomando en cuenta. “Por un lado, estamos tratando de prevenir un colapso del sistema de salud, y por otro estamos dejando funcionar esta bomba virósica. Eso es una contradicción total”, sostuvo.

PRO
El motín que los presos del penal de Villa Devoto hicieron el viernes para exigir la liberación de detenidos en situación de riesgo generó críticas a las políticas carcelarias laxas.
El PRO, en una carta que lleva la firma de Patricia Bullrich, Federico Angelini, Laura Rodríguez Machado, Eduardo Macchiavelli, Omar De Marchi y Jorge Macri, enfatizó que los presos tienen que cumplir sus condenas y que los que tengan preventiva deben seguir detenidos hasta tanto desaparezcan los peligros procesales que justificaron su encierro.
Los dirigentes que suscribieron la misiva se oponen a la liberación de internos porque entienden que genera riesgos para la sociedad y para las víctimas de beneficiarios de domiciliarias.

Berni
Por su parte, el ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, criticó duramente las excarcelaciones. “Es una situación muy excepcional, mi visión no tiene mucha injerencia porque las cárceles dependen por un lado administrativamente del Ministerio de Justicia, y la libertad de cada uno de los presos depende de los jueces. Por suerte para los presos, no depende de mi opinión, porque ya se sabe cuál es: no sale ninguno”, dijo el funcionario en diálogo con los panelistas de un programa de televisión.
Paralelamente, cuestionó la capacidad del Estado para controlar a los liberados. “Los jueces han determinado que pueden salir. Algunos han salido con delitos menores. Otros han salido con delitos graves. Y lo que sí está claro y es lo que me ha pasado durante esta cuarentena es que, por ejemplo, en Pergamino quisieron robar un supermercado entre seis o siete personas. Uno de ellas tenía una pulsera electrónica, por lo tanto el verso de que con la pulsera electrónica los pueden controlar es ‘sarasa”, aseveró.
El ministro advirtió de que en la provincia de Buenos Aires no hay suficientes dispositivos de control y cuestionó a los organismos que reclaman una masiva liberación. “Hay una sobreactuación de algunos organismos de derechos humanos que tensan permanentemente y logran llevar una expectativa falsa. Hay una tensión, hay falsas expectativas y hoy las cárceles son un lugar complicado no solamente por la superpoblación que tienen sino por las expectativas que se van generando”, manifestó.
El lunes, otro integrante del oficialismo que se pronunció en contra de las excarcelaciones fue Sergio Massa, quien advirtió de que los jueces que liberen a los presos podrán ser sometidos a juicio político. “Estamos viendo que en algunos lugares algunos jueces están actuando de una manera absolutamente irresponsable” , expresó.
“A mí me parece que las penas o las sanciones son para ser cumplidas porque son el acto de reparación que el delincuente debe cumplir para subsanar el error que cometió, y cuando aparece una situación que viola esto, se rompe el principio de acuerdo de convivencia social que tenemos los argentinos”, señaló el presidente de la Cámara de Diputados.
Cabe recordar que el presidente Alberto Fernández avaló los fallos que se vienen dictando y recordó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recomendó atender a la situación sanitaria en los penales. “Recomienda desde detención domiciliaria hasta libertades restringidas, como pueden ser las pulseras para tener un control”, dijo el jefe de Estado en diálogo con un medio radial.

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