ESCUCHARPor Alicia Migliore (*)
Mucho se habla de la democracia y las instituciones, aunque rara vez se profundiza y habitualmente se alude a ambos términos en forma trivial y banalizando su importancia.
Se afirma que hemos conquistado la democracia y nuestra deuda social pendiente es la igualdad.
Existe allí un primer disenso: no es posible entender la democracia sólo con el voto; ese derecho político esencial, requiere además una ciudadanía participativa, capaz de construir un “colectivo” desde la decisión de participar.
La sociedad actual, en el mundo, adolece de esa capacidad de conformar un cuerpo, un tejido que sostenga y promueva a sus integrantes. Estudios europeos afirman que los partidos políticos pasaron de ser “activadores de la participación” a un rol de “empresas” tratando a los ciudadanos como “consumidores”.
Es bastante remanido adjudicar esa responsabilidad a los partidos políticos, como si tuvieran pensamiento propio.
Si bien el rol esencial de estos organismos, base del sistema republicano, es la formación política, resulta innegable que están integrados por seres humanos permeados por el individualismo extremo predominante en la actualidad.
Probablemente esa conducta aséptica de la cosa pública obedezca a creer que los derechos conquistados son pétreos e inmutables, que no hay posibilidad de perderlos. ¡Nada tan irreal! La historia se encarga de demostrarlo.
La “ciudad” surgió allá lejos y hace tiempo como el territorio donde se obtenía la libertad. Fue durante la Edad Media cuando los campesinos, reducidos a servidumbre o esclavitud en la economía feudal, se corrían la voz y abrazando la esperanza migraban hacia la concreción de la promesa “la ciudad hace libres a los hombres”. Cruzando las murallas de protección, descubrían otra realidad posible: desarrollar su oficio, asociarse, aprender, progresar.
Fueron las ciudades el germen de nuestra sociedad; y conforme los cambios políticos, sociales y económicos fueron mutando. Filósofos europeos afirman que no siempre el aire de la ciudad nos hace libres; consideran que la ciudad es una eterna fragua que consume y se nutre de sus habitantes. Es una visión desesperanzada y apocalíptica que probablemente analicemos en otro momento, dado que es un punto de vista de la sociedad actual en su conjunto.
Podemos caer en la visión idílica de considerar que la democracia nos provee todo lo necesario para nuestro desarrollo humano o adherir a ese concepto que presenta un sacrificio de todas las personas para sostener el sistema. Tal vez la tensión se presente entre el deber ser normativo, que estableció el sistema como óptimo entre las diversas formas de gobierno, y el análisis político- económico sobre las consecuencias del capitalismo salvaje en este sistema. Ambas premisas aparecen como plausibles, sin perjuicio de ello existe otra premisa que merece ser considerada: la retirada de la política como herramienta de construcción indispensable, que alimente los contenidos humanos de la regulación formal en el sistema democrático.
En ese punto pretendemos profundizar el abordaje sobre lo que nos sucede como habitantes de la ciudad, como “ciudadanos” título que consideramos de inigualable valor.
Ciudadanos, expresando su doble acepción de titulares de derechos y obligaciones y de vecinos de la ciudad, constituye una categoría magnífica de la que pocas veces somos conscientes.
Nos interesa la ciudad; la nuestra y la que habitan los ciudadanos de cualquier latitud.
En la ciudad, y conforme lo establece la Constitución Nacional, el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes. ¿Quiénes son ellos? Los concejales, ediles, los voceros de los “vecinos” serán quienes deban canalizar reclamos y propuestas de cada individuo o grupo que resida en el municipio.
Surge entonces la primera pregunta a la que sucederán muchas otras: ¿conocemos a esos representantes que deberán expresar nuestras voces en el ámbito deliberativo de la ciudad? ¿Sabemos que ese poder originario deviene de la condición de ciudad en tanto primer ámbito de discusión y construcción de poder? ¿Tenemos conciencia de la prevalencia del poder municipal sobre el provincial y el nacional? ¿Creemos que solamente el intendente o alcalde o lord mayor (como gusta llamarlo la prensa) no cuenta con poder absoluto en la ciudad?
Las respuestas que nos demos serán las que indiquen la devaluación del poder legislativo que enfrentamos por una cultura autoritaria que sólo repara, demanda y cuestiona en el poder ejecutivo (municipal, provincial o nacional).
La degradación de la democracia tiene que ver prioritariamente con la constante omisión en la consideración pública de los cuerpos legislativos, voz esencial de la ciudadanía. Baste para pensarlo que en cada interrupción democrática se clausura el Congreso de la Nación, las Legislaturas Provinciales y los Concejos Deliberantes, para ser reemplazados por comisiones asesoras de iluminados.
No es casual. Hemos alimentado una sociedad de individuos absolutos a quienes cuesta bastante alcanzar consensos; cada uno dueño de verdad absoluta y dispuesto a imponerla sin someterla a discusión de ninguna índole. Aquellos cabildantes de 1810, urgidos por un pueblo que quería saber qué asuntos se trataban, fueron diluídos en una práctica cultural donde sólo prevalece, se impone, y a veces arrasa desoyendo opiniones, un ejecutivo autoritario.
La historia siempre concurre a ofrecernos aportes, que podrán transformarse en preguntas o respuestas según se mire.
En la ciudad de Córdoba, se dictó la primera Carta Orgánica Municipal en el año 1856, donde establecía como gobierno un Concejo Administrativo con presidente, vicepresidente y cinco comisiones legislativas. En 1870 se establece la Municipalidad con un Concejo Comunal Deliberativo y un Concejo Comunal Ejecutor. Serán estos antecedentes transformados en datos históricos cuando en 1883 la Constitución de la Provincia de Córdoba defina como autoridades del Municipio al Departamento Ejecutivo con su Intendente y al Concejo Deliberante con su rol legislativo.
Miguel Juárez Celman nombra al primer Intendente de la ciudad y designa al primer Presidente del órgano legislativo: serán ellos Juan Manuel La Serna y Dermidio de Olmos, respectivamente.
Este primer intendente compra el solar ubicado en la esquina de calles Dean Funes y Rivera Indarte, con destino a la construcción del Palacio Municipal de Córdoba.
Sabemos que ese inmueble hasta hace pocos días fue sede de la Legislatura de la Provincia de Córdoba; aportaremos un dato que integre estas realidades: el Intendente Luis Revol vendió a la provincia el solar comprado por su antecesor, casi de inmediato. En otra ocasión podremos ocuparnos de Revol, un hombre pragmático que ostenta una condición peculiar: fue el primer intendente destituido de la ciudad Córdoba.
La ciudad enfrentó, como la Nación, muchos atropellos a sus instituciones; naturalizando a tal punto el deterioro que se llega a aceptar que los vecinos que deben regir sus destinos se encuentren en permanente situación de calle: El Concejo Deliberante funcionó frente al Palacio Municipal, en Cañada, entre 27 de Abril y Caseros hasta la última interrupción democrática. Recuperada la institucionalidad, el Concejo deliberante pasa a funcionar en Avellaneda 450, frente al actual Tribunal de Faltas hasta 1992. Los siguientes tres años desarrollará funciones en Derqui 189 (e quina Ituzaingó); trasladado en 1995 a Independencia 244, 2ª Piso, permanecerá diez años en ese Shopping hasta su radicación actual en Pasaje Comercio 447 donde cumplirá quince años de permanencia en atroces condiciones edilicias.
Tan alta es la preocupación por las condiciones de trabajo del personal del Concejo que desde la radicación “provisoria” en 2005 en el edificio actual, se procura su traslado: en 2006 se inician obras en el Portal del Abasto, que se paralizan en 2008. Se multiplican gestiones y se anuncia acondicionamiento y radicación en Predio de Forja (Yadarola y Colomprea).
Los vecinos no saben dónde está ni qué se discute en el Concejo Deliberante. No obstante, todos aclaran que lo quieren “bien lejos del centro” por los cortes y manifestaciones.
Tal vez sea tiempo de poner en valor la representación que se otorga a los concejales, el compromiso democrático que requiere de participación constante y los modos más creativos de manifestar y solicitar que generen adhesión en vez de rechazo.
(*) Concejal de la ciudad de Córdoba. Abogada-Ensayista. Autora de los libros Ser mujer en política y Mujeres reales.
