ESCUCHARSerá para quienes acrediten 10 años o menos para acceder al beneficio ordinario. Hay poco menos de 150 en condiciones de adherir. Mientras, sigue abierta la chance en EPEC. No habrá un régimen genérico pero es posible que se sume alguna repartición extra
El Gobierno de Córdoba dispuso abrir un régimen de pasividad anticipada voluntaria en la Caja de Jubilaciones y en la Dirección de Policía Fiscal.
La herramienta se suma a la ya vigente en la EPEC que en rigor ya estaba activa a fines del año pasado pero que luego de volvió a habilitar en los últimos días y hasta diciembre inclusive.
En tanto, fuentes oficiales descartaron a Comercio y Justicia que la iniciativa se vaya a extender al resto de la administración pública. Incluso había versiones sobre una decisión similar para Lotería de Córdoba y hasta rumores sobre pasividades en el Poder Judicial.
De todas formas, el Ejecutivo no descartó que aparezcan iniciativas específicas en alguna repartición, “aunque siempre en caso que no deban renovarse esos puestos”
Como fuere, con la salida adelantada de personal y la no cobertura de cargos, la Provincia logra un ahorro que, aunque menor, suma en un contexto de crisis con una recaudación en baja. En cuanto a las medidas tomadas ayer, entre la Caja y Policía Fiscal sumarían casi 150 agentes los que estarían en condiciones de adherir a la norma.
La alternativa, anticipada días atrás por este medio, fue oficializada ayer mediante un decreto firmado por el gobernador Juan Schiaretti.
Sin embargo, el instrumento fijaba como plazo límite para adherir el 15 de noviembre. Ahora, mediante una resolución del Ministerio de Finanzas, se extendió ese plazo hasta el 3 de diciembre próximo.
Según la norma, podrán acceder al régimen los empleados de la Caja y de Policía Fiscal, “a quienes al 31 de diciembre de 2019, les faltaren hasta diez años para reunir las condiciones y requisitos vigentes para la obtención de la jubilación ordinaria”.
Asimismo, ambos organismos “se abstendrán de generar ascensos y contrataciones a los fines de cubrir el reemplazo del personal que se incorpore al régimen de Pasividad Anticipada Voluntaria y deberán tomar los recaudos necesarios a los fines de no afectar la continuidad del servicio”.
Quienes adhieran, cobrarán un porcentaje de sus haberes hasta tanto alcancen la jubilación ordinaria. Por otra parte, no quedarán impedidos de desempeñar tareas en la órbita privada, no así en dependencias públicas tanto nacionales, provinciales como municipales.
En cuanto a una ampliación del esquema y generalización a la administración pública, no está en los planes pese a que el Consenso Fiscal firmado oportunamente entre Córdoba y la Nación habilitaba esa alternativa.
No obstante, la idea era que fuera el Gobierno nacional el que financiara en parte esos retiros. De hecho, el intendente Ramón Mestre estuvo por lanzar un esquema muy específico para determinados empleados pero al no contar con sostén para pagar esas bajas, optó por desactivar la idea.
Hacia atrás en el tiempo, es recordada la masiva pasividad anticipada implementada por el gobernador José Manuel de la Sota en su primera gestión. Esa herramienta permitió la salida de miles de trabajadores, situación que luego terminó impactando en los ingresos de la Caja de Jubilaciones y acrecentando el déficit. Esa situación ya quedó neutralizada toda vez que aquellos beneficiarios ya alcanzaron hace tiempo la jubilación ordinaria.
Presupuesto, en primera lectura
En otro orden, la Legislatura aprobó ayer en primera lectura el paquete de proyectos económicos enviados por el gobernador Juan Schiaretti que incluyen el Presupuesto, Código Tributario y Ley Impositiva para 2020.
Las iniciativas fueron apoyadas por el bloque oficialista a los que se sumaron los legisladores Franco Saillen y Martín Fresneda. En tanto, Carmen Nebreda y Vilma Chiapello se abstuvieron. El resto votó en contra.
Entre quienes se manifestaron en contra, el legislador Javier Bee Sellares del interbloque de Cambiemos, cargó contra la pauta, alertó por la elevada presión fiscal y también señaló el impacto de la deuda.
“Es un Presupuesto que una vez más muestra déficit en la Provincia de 30 mil millones de pesos y donde una vez más estamos planteando la necesidad de que la Provincia siga endeudándose”, indicó y aseguró que la deuda consolidada de la Provincia supera los 160 mil millones de pesos con importantes vencimientos en 2020 y particularmente en 2021.
Ahora resta concretar la audiencia pública y luego la aprobación definitiva de los proyectos.
En cuanto al proyecto de Presupuesto, estima para la Administración Central, ingresos totales por 334.686,6 millones de pesos y gastos totales por 334.174,03 millones de pesos, en ambos casos con incrementos de 40 por ciento en relación al ejecutado 2019.
El resultado financiero será así de 513 millones de pesos. Sin embargo, si se computa el consolidado de la Administración Pública No Financiera (APNF) que incluye la Agencia Córdoba Inversión y Financiamiento (ACIF) y la Caja de Jubilaciones, el cierre se ubicaría en 32.245 millones de pesos negativo.
La pauta estima ingresos corrientes por 327.428,3 millones de pesos, 37,7 por ciento mayores al este año.
Dentro de ese rubro, los ingresos impositivos provinciales llegarán a 69.559,4 millones de pesos, 54,8 por ciento superiores a 2019. En tanto, los envíos nacionales alcanzarán 57.332,6 millones de pesos, con un crecimiento estimado muy por debajo de los recursos propios.
