La Provincia acentuó en julio el freno a la obra pública y logró equilibrar ingresos y erogaciones. Sin embargo,la partida salarial erosionó aún más el ahorro corriente. La Municipalidad cerró el semestre con gastos que crecían 8 puntos por encima de los ingresos. La erogación en personal subía 52% interanual
Por Alfredo Flury – [email protected]
Las cuentas públicas de las administraciones de Juan Schiaretti y Ramón Mestre mostraron en julio y al cierre del primer semestre, respectivamente, el rigor del impacto de la crisis sobre los ingresos y, en paralelo, erogaciones salariales que crecían por encima de la recaudación.
Sin embargo, Provincia y Municipalidad de Córdoba apelaron a diferentes alternativas para mantener aún resultados equilibrados en sus cuentas para poder atender a obligaciones ineludibles, como por ejemplo el pago de salarios.
En el caso de la administración provincial y de acuerdo con datos al 31 de julio pasado, los ingresos totales alcanzaron 165.904,08 millones de pesos, 39,75 por ciento mayores que los de un año atrás, mientras que los gastos totales llegaron a 165.306,63 millones de pesos, 39,66 por ciento más elevados que en 2018.
El equilibrio en la evolución de ambos indicadores llevó a que el resultado financiero de la Administración Pública No Financiera (APNF) llegara a 597,24 millones de pesos, levemente por encima de los 352,3 millones de pesos registrados en el acumulado de 2018. Sin embargo, la cifra fue mejor que el rojo de 981,4 millones al 30 de junio último.
Un primer análisis de esos números muestra que la Provincia logró equilibrar el aumento porcentual de los ingresos respecto a los gastos. En rigor, lo que logró es reducir la evolución del gasto para adecuarse a la suba de los ingresos disponibles.
Ese cambio se logró básicamente a partir de una nueva baja en la ejecución de obras públicas. Efectivamente, al 31 de julio pasado, el gasto de capital del consolidado de la APNF que incluye la Administración Central, la Agencia Córdoba Inversión y Financiamiento (ACIF) y la Caja de Jubilaciones, llegaba a 18.679,85 millones de pesos, apenas 2,92 por ciento por encima de igual período del año pasado. El aumento se ubica muy por debajo de una inflación que entonces alcanzaba 52,32 por ciento en la comparación interanual.
El ajuste aplicado en esas partidas permitió al fin equilibrar los números. Es que los ingresos y el gasto corriente aún mostraban diferencias aunque menores a meses anteriores, siempre a favor de las erogaciones.
Según los datos oficiales, los ingresos corrientes de la Administración Central alcanzaron 138.636,7 millones de pesos, 42,58 por ciento mayores que en 2018, y las erogaciones corrientes treparon a 105.160,37 millones de pesos, 44,74 por ciento por encima de igual período del año anterior. Dentro de ese rubro, el gasto en personal de la Administración Central absorbió 57.418,17 millones de pesos, 43,41 por ciento superiores a los del año pasado. Si bien ese gasto era casi 10 puntos porcentuales menor que la inflación, aún se mantenía por encima de la evolución de los ingresos, situación que seguramente se revertirá ya en octubre porque desde septiembre se dejará de aplicar la denominada cláusula gatillo de ajuste por inflación.
Como fuere, en julio y a partir de la evolución de esos números, el ahorro corriente de la Administración Central llegó a 33.476,38 millones de pesos, 36,19 por ciento mayor que la de año pasado. Con todo, si se toma el ahorro corriente del consolidado de la APNF, llegó apenas a 17.761,09 millones de pesos, sólo 18,17 por ciento mejor que un año atrás.
El freno de la obra pública y, desde septiembre, una desaceleración del gasto salarial gracias a la suspensión del ajuste por inflación seguramente llevarán a mantener un ahorro corriente clave para cerrar el año con cuentas que, sin embargo, seguramente caerán en déficit financiero para la Administración Central que, en el caso de la APNF, será aún más contundente.
Mestre, presionado por los salarios
En cuanto a la Municipalidad, de acuerdo con la ejecución presupuestaria al 30 de junio pasado, los ingresos totales alcanzaron 14.250,16 millones de pesos, 40 por ciento por encima de los de igual período del año pasado, mientras que los gastos totales devengados en ese período llegaron a 14.014,99 millones de pesos, 48,71 por ciento superiores a 2018.
De esta forma, al cierre del primer semestre, los gastos crecían más de 8 puntos porcentuales por encima de los ingresos que, según los datos oficiales, incluyen también los recursos de capital y el uso de crédito.
Seguramente, si no se computara ese último ítem, el municipio registraría un leve déficit en sus cuentas.
Los recursos municipales se nutrieron principalmente por ingresos propios y, en menor medida, por giros coparticipables.
En el primer caso, acumularon 9.181,36 millones de pesos, 42 por ciento mayores que los de 2018. Dentro de ese rubro, la tasa de Comercio e Industria sumó 4.625,97 millones de pesos, 36 por ciento mayores a 2018, muy por debajo de la inflación.
En cuanto a los recursos “líquidos” de otras jurisdicciones, sumaron 1.669,14 millones de pesos, 28 por ciento más que un año atrás. En tanto, la coparticipación retenida destinada -entre otros- a cubrir aportes y contribuciones a la Caja de Jubilaciones y a la obra social Apross, llegó a 3.047,65 millones de pesos, 49 por ciento más elevados que a junio del año anterior.
Respecto al gasto, de los 14.014,99 millones de pesos del devengado al primer semestre, 8.612,75 millones de pesos fueron por salarios y mostraron un alza de 52,47 por ciento con relación a 2018. Así, las partidas salariales representaron 61,45 por ciento de las erogaciones totales.
La suba del gasto destinado a personal es clave y pondrá en serios aprietos a la administración de Ramón Mestre en el último tramo del año. De hecho, la aplicación de la cláusula gatillo bimestral que tiene vigencia por ordenanza en la comuna, será uno de los temas a negociar ni bien asuma el intendente electo, Martín Llaryora, el 10 de diciembre próximo.
Otro gasto importante y creciente es el relativo a los servicios, básicamente la recolección de residuos. El devengado al 30 de junio pasado llegó a 3.169,49 millones de pesos, 41,28 por ciento más que un año atrás. La evolución fue levemente superior a la que mostraron los ingresos de la comuna.
Por lo demás, se destaca el fortísimo crecimiento del rubro “construcciones”. La partida destinada a trabajos públicos mostró un devengado de 881,26 millones de pesos, 296,06 por ciento más que un año atrás. El dato luce curioso, toda vez que, en un contexto de economía en crisis y con ajustes generalizados de todos los distritos en el rubro obras, la administración Mestre mostró un salto contundente, sin mayores antecedentes previos.
Sin embargo, llaman la atención las bajas de otras erogaciones de peso como las transferencias, los intereses de deuda y las amortizaciones de pasivos.
En el primer caso, las partidas que en su mayoría se destinan a cubrir subsidios al transporte, llegaron a 277,79 millones de pesos, 34 millones de pesos menos que un año atrás. En tanto y pese a tomar más deuda vía letras del Tesoro, los elevados intereses pagados y la fortísima devaluación que impactó sobre el bono en dólares, el municipio pagó menos por intereses y capital de deuda. En el primer caso erogó 73,69 millones de pesos, muy por debajo de los 224,5 millones de pesos pagados hasta junio del año pasado. En tanto, las amortizaciones devengadas llegaron a 555,7 millones de pesos, menores a los 590,56 millones de 2018
Caja de jubilaciones
El déficit del organismo previsional de la Provincia de Córdoba alcanzó al 31 de julio pasado a 9.654,26 millones de pesos. El rojo creciente de la Caja es uno de los ejes de preocupación de la administración de Juan Schiaretti que por estas horas espera el anuncio de un acuerdo con Anses para el pago de una diferencia superior a dos mil millones de pesos que la Nación debería erogar por diferencias en el cálculo del déficit correspondiente a 2018.
Con números al límite, la llegada de esos recursos será fundamental para equilibrar las cuentas en el consolidado de la administración pública.
Sin embargo, aun con los envíos de la Nación -que de hecho se vienen produciendo de manera mensual y a los que se les deberá sumar ese extra que reclama la Provincia- el organismo genera un déficit que igual debe cubrir el Tesoro provincial.
Se trata de los beneficios previsionales que otorga la Caja a sus pasivos y que difieren de los que abona la Anses y que representan 40 por ciento del total del rojo.
Con todo, al igual que en el caso de los empleados activos, también los jubilados dejaron de percibir la cláusula gatillo en septiembre. Esa decisión llevará a que el gasto previsional desacelere respecto a los meses anteriores y por consiguiente lleve a que el déficit de la Caja cierre problamente no más allá de los 13 mil millones ó 14 mil millones de pesos al cierre del año.