ESCUCHARLa provisión de combustibles líquidos para sostener la actividad industrial del interior del país corre riesgo, si escala un enfrentamiento que comenzó entre las empresas y el sindicato Somu pero que se complicó con derivaciones judiciales
Parte del comercio exterior del centro del país quedó paralizado durante los últimos días por un grave conflicto que enfrentó primeros a las compañías navieras con presencia en los principales puertos y al Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (Somu), pero que en las últimas horas escaló hacia un enfrentamiento con el Gobierno nacional cuyas derivaciones tornan impredecible el futuro de los despachos de algunos productos en los puertos para el interior.
Del viernes al martes el sindicato llevó a cabo un paro por tiempo indeterminado en reclamo de una recomposición salarial, lo que afectó la logística de combustibles en la zona centro del país. En concreto, la medida de fuerza impidió la operación en el puerto de Bahía Blanca y en el río de la Plata, dos de los principales nodos de distribución de derivados del petróleo, entre otros productos.
La Secretaría de Trabajo dictó el viernes la conciliación obligatoria, pero el Somu no acató la orden gubernamental, argumentando que no fue notificado en tiempo y forma porque la cédula oficial llegó fuera de horario el viernes por la tarde. Finalmente, el martes levantó la medida.
Sin embargo, ayer el conflicto escaló porque el Gobierno denunció penalmente a los dirigentes del Sindicato por supuestas amenazas y entorpecimiento de vías navegables, lo cual sobreviene a pocos días de un allanamiento judicial a varias organizaciones sindicales supuestamente ligadas al exdirigente marítimo Omar “Caballo” Suárez, en la actualidad preso.
La denuncia fue presentada por el interventor de la Administración General de Puertos, Gonzalo Mórtola, contra Pablo Ghietti, delegado de la seccional Rosario del Somu, aunque el propio Ejecutivo advirtió que la imputación podrá extenderse a otros líderes del gremio.
Según la denuncia de Mórtola, los sindicalistas señalados “de manera coercitiva y fuera del marco de la conciliación obligatoria dictada impidieron la operación portuaria”. El acusador añadió que Ghietti, en particular, “el día domingo intentó frenar la operatoria de buques mediante mensajes de audio de carácter intimidatorios y coercitivos”. El funcionario presentó los audios y la imputación ante el juez federal Sebastián Cassanello.
En el Somu inscribieron la denuncia en un incremento de la presión del Ejecutivo para redefinir las pautas laborales en la actividad, en sintonía con las empresas. Y la relacionan con una batería de allanamientos que llevó a cabo el juez federal Rodolfo Canicoba Corral el 24 de mayo contra ese gremio, el Centro de Capitanes de Ultramar, el gremio de Patrones de pesca y la Federación Marítimo y Portuaria (Fempinra).
La disputa está centrada en la negociación salarial con la cámara naviera FENA que supeditó el aumento salarial de los trabajadores a la aceptación de cambios en el convenio colectivo que el SOMU rechaza.
Conocedores del sector informaron que las navieras buscaron rediscutir el convenio para ganar tiempo, ante la indefinición sobre medidas de Gobierno que afectan el negocio del transporte de combustibles, central en la operatoria privada.
Las compañías marítimas están a la espera de lo que resuelva Cammesa, la empresa mixta que administra el mercado eléctrico mayorista, que debe definir con cuántos barcos alijadores trabajará este invierno para mover gasoil y fuel oil hasta las centrales termoeléctricas en reemplazo de gas.
Cammesa tiene contratados 10 buques, pero en el gobierno entienden que no será necesario utilizar toda esa flota porque la oferta de gas es sólida y como resultado de la crisis económica —que planchó el consumo industrial, de comercios y hogares—, la demanda de derivados líquidos para el sector eléctrico será menor que la del año pasado. El problema, para los armadores marítimos, es que Cammesa no especifica con cuántos alijadores operará este año, precisó la prensa especializada sectorial. Para el sindicato, cada barco representa 50 puestos de trabajo.
El Somu controla 60% de los buques de combustibles que transitan por las vías navegables argentinas. Son unos 30 barcos. El 40% está enrolado en otro gremio, el SUPE, que maneja unas 20 embarcaciones y no participó de la medida de fuerza. Esta es la razón por la cual un paro parcial del Somu afecta parcialmente el comercio exterior, aunque si se extiende en el tiempo sin dudas lo impacta.
