ESCUCHAREn lo que va del año los judiciales han obtenido una mejora salarial de 10% pero aseguran que este porcentaje corresponde a la pauta 2018. En el ámbito nacional reclaman una ley de autarquía financiera y la emergencia del sector. En Córdoba denuncian el doble “estándar salarial”
Durante la jornada de hoy se llevará a cabo el quinto paro general contra el presidente Mauricio Macri, convocado por la CGT.
La huelga -que sería la sexta si cuenta el paro del 30A, que no contó con el apoyo del consejo directivo cegetista- será en todo el ámbito nacional y afectará a casi todos los servicios de todo el país.
En el caso del Poder Judicial de Córdoba, tanto los trabajadores de la justicia provincial como del fuero federal resolvieron adherir a la medida de fuerza.
En ambos casos, el principal reclamo fundamentalmente está vinculado con el pedido de una recomposición salarial para el sector.
En lo que va del año, los empleados judiciales han conseguido una suba de 10% de sus haberes y está pendiente un planteo de la Corte Suprema que pidió a la Jefatura de Gabinete modificar las partidas para obtener otro 15 % de aumento retroactivo al 1 de mayo. La negociación se estancó cuando el Gobierno planteó la posibilidad de otorgar dicha mejora en forma desdoblaba, en dos tramo. Esto es 7,5% para el mes de mayo y otro 7,5 % para julio próximo.
Los judiciales rechazaron dicha oferta y recordaron al Gobierno que el 10% que les fue otorgado este año corresponde a la pauta salarial 2018. Así las cosas, los judiciales resolvieron realizar un paro hoy sin asistencia a los lugares de trabajo.
En el caso de la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial de Córdoba, al reclamo salarial suma otros “condimentos” de larga data que se reavivan en épocas de crisis: “El doble estándar salarial”, afirmaron responsables del gremio.
“El Tribunal Superior de Justicia sigue sin cumplir los acuerdos que ellos mismos han firmado. En este momento se siente más que nunca la brecha salarial entre los magistrados y los empleados judiciales, que no sólo no estamos equiparado con los empleados judiciales nacionales, sino que además estamos atados a esta disputa entre la Corte y Gobierno nacional”, consideró el secretario general del gremio Federico Cortelletti en diálogo con Comercio y Justicia.
“En medio de la crisis económica que afecta a todo el país en el Poder Judicial de Córdoba se mantienen enormes privilegios salariales para magistrados, como por ejemplo los 32.000 pesos que mes a mes se auto devuelven para compensar sus aportes previsionales”, subrayó el gremialista.
En el mismo sentido, Cortelletti denunció que el Poder Judicial sufre un “ajuste” que hace que no se sume personal en áreas sensibles como, por ejemplo, en el Polo de la Mujer. “El mismo administrador del Poder Judicial ha dicho públicamente que se está haciendo un ajuste; sin embargo, sabemos que los únicos que no se ajustan son los jueces que sientan arriba de sus privilegios con su ley de equiparación y sin importarles lo que pasa con los empleados”, sostuvo.
El pase a planta permanente de los contratados es otro de los planteos que convoca a los judiciales a este paro. Aunque reconocen que en 2016 se reestructuró la planta y muchos empleados pasaron a planta permanente, aseguran que aún quedan al menos 800 trabajadores en esa condición.
Emergencia y autarquía
En el caso de la justicia federal, el gremio que lidera Julio Piumato – además de la reivindicación salarial- reclama la “emergencia judicial” por las malas condiciones de los edificios judiciales, el mal funcionamiento del sistema informático y la falta de personal para afrontar la creciente litigiosidad. También critican la iniciativa de traspasar la Justicia nacional al ámbito porteño. La sanción de una ley de autarquía financiera del Poder Judicial de la Nación, es otro de los planteos.
A principios de año se dio un aumento a los judiciales, pero en recomposición del poder adquisitivo perdido en 2018. La primera acordada del año versó sobre la cuestión salarial, estableciendo un incremento de 10 por ciento a partir del 1 de marzo, “con el propósito de mantener el poder adquisitivo de los sueldos de todas las categorías del escalafón del Poder Judicial de la Nación respecto a la inflación y en el marco de la política salarial del año 2018″.
