ESCUCHARDispuso prolongar la antigüedad del parque móvil. La “moratoria” regirá hasta fin de año. Mientras, el gremio amenaza con medidas ante una propuesta salarial inferior a la reclamada. Hay firmas en concurso y en procedimiento de crisis. El panorama es complejo, admitió el secretario Bermúdez
El Gobierno de Córdoba resolvió establecer un “régimen de provisorio de excepción” con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2019, que “permita la incorporación y permanencia en servicio del parque móvil de los Servicios Regular Común, Regular Diferencial, Especial Normal, Obrero y Escolar”, de unidades con mayor antigüedad que la exigida por la normativa vigente.
La decisión apunta a morigerar el impacto de los mayores costos de un sistema que aparece jaqueado por la crisis y ahora con amenaza de medidas de fuerza por parte del gremio de Aoita que podría disponer desde hoy acciones luego de vencer anoche la conciliación obligatoria y ante la insuficiente propuesta salarial elevada por las compañías.
“El panorama para el sector es muy complejo”, admitió anoche a Comercio y Justicia el secretario de Transporte, Gabriel Bermúdez.
En ese marco, de acuerdo con la resolución firmada por el propio funcionario, fija en hasta 12 años de antigüedad máxima “para la incorporación de unidades al servicio, plazo que será computado desde su inscripción en el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor”.
En forma paralela, establece en hasta 15 años la antigüedad máxima para la permanencia en servicio de las unidades habilitadas.
Asimismo, el artículo señala que las unidades afectadas a los servicios antes mencionados, que superen 10 años de antigüedad, deberán realizar la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) por períodos de cuatro meses”.
Finalmente, el director General de Transporte de Pasajeros “se encuentra autorizado para disponer la incorporación y baja de unidades conforme el presente régimen y por razones debidamente fundamentadas, podrá extender los plazos establecidos en el Artículo 1°, estableciendo limitaciones en cuanto a kilometrajes de recorrido y corredores”.
“Es un paliativo en una instancia donde renovar el parque automotor es casi imposible con tasas de financiación prohibitivas por el contexto económico”, justificó Bermúdez.
La norma original fija como plazo máximo de antigüedad el período de 10 años.
En los considerandos del instrumento se recuerda que “el sector empresario de transporte no ha sido ajeno a las crisis económicas atravesadas en los últimos años a nivel nacional, que ha tornado dificultoso la renovación del parque móvil en las condiciones que exige la normativa vigente”. Asimismo, se hace referencia a que “el elevado costo financiero que implica la toma de crédito bancario para encarar operaciones comerciales tendientes a la adquisición de vehículos que posibiliten hacer frente a un plan de renovación de parque móvil sin poder evitar las secuelas negativas que tales compromisos traerán aparejadas en las economías de las empresas. Que a ello se suma la supresión por parte del Estado Nacional del régimen de subsidios al transporte automotor de pasajeros, lo que provocará indefectiblemente a un reacomodamiento del sistema y una reingeniería por parte de los prestadores en la distribución de sus costos, lo que exigirá un acompañamiento por parte de la Autoridad de Aplicación, con la adopción de medidas provisorias como la que se propicia en aras de la preservación del servicio en las condiciones que la ley establece”.
Esfuerzo frente a la crisis
En ese marco, ayer se concretó una nueva reunión entre el gremio de Aoita y el sector empresarial enrolado en Fetap.
Según pudo conocer este medio, hubo un ofrecimiento que llegaría a unos nueve mil pesos para los primeros meses del año, monto que pasaría al básico a partir de mayo.
No obstante, el titular del sindicato, Miguel Herrera, aseguró que la propuesta no llega a la pretensión original del gremio, esto es ocho por ciento para recuperar la pérdida del poder adquisitivo del salario de 2018 más otro 18 por ciento por seis meses de este año.
El tema será debatido por los trabajadores hoy luego de la reunión de ayer en el Ministerio de Trabajo de la Nación, en Buenos Aires.
Ya en Córdoba, los choferes resolverán las medidas a adoptar.
Sin embargo, Bermúdez fue optimista con relación a la salida negociada al tema. De hecho, dijo que hoy habrá nuevas reuniones en Córdoba para intentar que la negociación no fracase y derive en medidas de fuerza.
El contexto que afecta al transporte interurbano es ciertamente crítico. El corte de boletos no repunta, los costos suben y las tarifas ya aumentaron.
“Sólo el aumento del gasoil de los últimos días implica 11 millones de pesos de costo extra para el sistema”, graficó Bermúdez.
Y todos esos costos no tienen cobertura de subsidios nacionales luego de que el Gobierno de Mauricio Macri resolviera retirar los aportes desde este año. Parte de esos costos son cubiertos por la Provincia pero otros no como los nuevos aumentos de combustibles o las subas de salarios.
En esa instancia, trascendió que Fetap elevó un nuevo pedido de aumento de tarifas. Pero el tema no está por ahora en agenda del Ersep ni del Gobierno provincial, como poder concedente.
En todo caso, el planteo se tratará después de las elecciones del próximo día 12.
Las empresas del interurbano atraviesan una situación crítica. Dos están concursadas -ERSA y Buses Lep- mientras otras dos, las más importantes por cantidad de empleados y rutas, pidieron la apertura del procedimiento preventivo de crisis. Se trata de Fono Bus y Sarmiento. El Ministerio de Trabajo de la Provincia analiza los expedientes de ambas prestatarias.
