“Estos contratos son abusivos y violan el deber de información”

Ante el aumento de las cuotas de autos 0km adquiridos mediante planes de ahorro, los consumidores pueden aducir la teoría de la imprevisión. Defensoría del Consumidor debe pedir a la Inspección de Personas Jurídicas los contratos aprobados y aplicar multas. Finalmente, la Justicia debe ordenar el reajuste, explicó el jurista Francisco Junyent Bas a Comercio y Justicia. Los créditos UVA, en la mira

Por Silvina Bazterrechea – [email protected]

La cantidad de consumidores afectados por el aumento desmedido en las cuotas de los autos 0km comprados con planes de ahorro se multiplica en el país. La semana pasada se realizó en Córdoba una nueva marcha de usuarios afectados por esta situación. Más de tres mil denuncias fueron radicadas en la Defensoría del Consumidor de la Provincia pero, por ahora, son pocas las respuestas que han obtenido los damnificados.
Comercio y Justicia dialogó sobre este tema con el jurista y especialista en materia de Defensa del Consumidor Francisco Junyent Bas, quien explicó claramente cuáles son los pasos que deben seguir los ahorristas, tanto en el aspecto administrativo como en el judicial.
-¿Qué opinión le merece lo que está ocurriendo con los planes de ahorro de autos y cuál cree que es el mejor camino que tienen los consumidores para resolver este tema?
Lo que ha ocurrido con los planes de ahorro se enmarca en lo que se denomina la teoría de la imprevisión, nadie que entró en estos círculos de ahorro podía saber que las cuotas iban a tener 130% de aumento ni podía imaginarse una suba de 30 ó 40 por ciento como la inflación, pero no esto que está sucediendo.
Lo que aquí queda claro es que hubo ocultamiento de la información, hay una violación del deber de información. Las terminales (automotrices) tienen que definir bajo qué pautas se manejaron para que las cuotas aumenten 130%, muy por encima de la inflación e inclusive en un porcentaje muy superior al precio del dólar.
Hay una verdadera deformación, si uno quiere comprar un automóvil en efectivo le hacen un descuento de 30% y se lo lleva sin ningún riesgo. Ahora bien, si uno ingresa a estos círculos de ahorro, lo paga a un precio muy superior y con un riesgo altísimo. Está claro que estos contratos son abusivos y violan el deber de información.

-Hay quienes sostienen que cuando uno firma estos contratos sabe de antemano que la cuota es móvil y, por lo tanto, hay poco margen para el reclamo.
-Estamos de acuerdo en que la cuota es móvil. Ahora bien, el problema acá es cómo se integra la cuota y cómo se ajusta y esto no es informado correctamente. La Ley de Defensa del Consumidor establece en el artículo 36 que yo debo señalar cuáles son las pautas del ajuste, cómo se va a aumentar la cuota. Aquí las fábricas han fijado el precio de los nuevos modelos unilateralmente, ganando fortunas.

-Entonces, ¿ qué tiene que hacer un consumidor?
– El primer paso es la Defensoría del Consumidor, que es la encargada de pedir los contratos a la Inspección de Personas Jurídicas (IPJ) y solicitar que se informe bajo qué pautas se han aprobado estos contratos. Porque si violan la ley 24240 podrían declararse inválidos ya en sede judicial. La autoridad administrativa no tiene facultades de ordenamiento en el sentido de pedir la readecuación de la cuota, pero sí de aplicar multas.

-¿Por qué la IPJ nunca readecuó estos contratos que son abusivos para el consumidor?
-Probablemente porque nadie le hizo un planteo y porque es un organismo que rige las relaciones entre la fábricas y las sociedades de ahorro para fines determinados y no se mete con los consumidores. A los consumidores los tiene que la tutelar la Dirección de Defensa del Consumidor. Por eso, el afectado tiene que ir a Defensa del Consumidor y Defensoría del Consumidor los tiene que pedir.

– ¿Y cuál es el camino judicial que les queda a los consumidores si la Defensoría no resuelve su reclamo?
– Hacer una acción individual o una acción colectiva por terminal, teniendo en cuenta la modalidad operativa de cada sociedad con fines de ahorro determinados. Si bien las fábricas están cartelizadas, lamentablemente las pequeñas diferencias hacen que sea más conveniente una presentación colectiva en esos términos. De lo contrario, necesitaríamos de un juez muy flexible para que acepte una presentación más amplia, algo que veo muy improbable.

– ¿Cuál sería el alcance de la resolución de un magistrado? ¿Podría ordenar el reajuste del valor de las cuotas?
– Claro, el juez tiene que ordenar el reajuste a las pautas normales. El sueldo de las personas subió 30%, la inflación fue de 49%. El juez debería preguntarse por qué los automóviles subieron 130%. Hay un claro abuso de la posición dominante que está vedado por el artículo 11 del Código Civil y Comercial.

– ¿Esta situación de los ahorristas de automóviles podría replicarse en los préstamos que se tomaron siguiendo el índice UVA?
– Sí, es lo mismo. Ahí tengo la acción individual y, eventualmente, por bancos podría haber una acción colectiva. En este caso, aunque se hubieran respetado los parámetros fijados por contrato, se da la misma teoría de la imprevisión. La disparada del dólar en 2018 nadie podía imaginarla. En el caso de los UVA, no puedo decir que se violó el derecho a la información pero, atento al desajuste ocurrido, entonces se debe reformular el equilibrio contractual.