ESCUCHAR
Por Por Armando S. Andruet (h) – Twitter: @armandosandruet
La grandeza del territorio argentino es la fortaleza que permite que en un mismo país se vinculen paisajes que muestran una exuberante naturaleza con otros que reflejan su mezquindad y terquedad en grado extremo. De igual manera, la diversidad de familias étnicas con tradiciones indígenas amalgamadas en el tiempo con tradiciones criollas y también de culturas extranjeras hicieron de nuestro país, tal como se dice, “un crisol de razas”. Algunas provincias son prósperas por sus desarrollos industriales, culturales, agropecuarios y otras, para nada favorecidas por la naturaleza y, por ello, con un desarrollo económico y cultural de menor entidad.
Argentina es todas sus provincias y sus diversidades inevitables. Con ellas hemos aprendido a convivir porque reflejan, cada una a su manera, el “ser nacional”, que no es meramente el estar en un territorio. Diríamos que la Quebrada de Humahuaca no puede ser arrebatada de Jujuy, las Cataratas del Iguazú no se pueden transferir fuera de Misiones y el Glaciar Perito Moreno no se puede conocer en otro lugar que no sea Santa Cruz. Y así podríamos seguir.
Sin embargo, el país diverso en su naturaleza se homogeneiza en diversas cuestiones y desnuda también la inviabilidad que parece existir en ciertos tópicos relativos a procesos constructivos de unidad de criterios en materias de políticas institucionales que, como tal, atraviesan gobiernos, administraciones e ideologías. Ello por estar instaladas dichas cuestiones en la base de cualquier programa de desarrollo de políticas institucionales. A esto me quiero referir ligeramente.
La nota dominante como elemento transversal a las políticas públicas de los gobiernos de los poderes judiciales es la ética judicial.
Sin embargo, todavía se advierte alguna rémora en la comprensión de esto por algunos poderes judiciales, lo cual se evidencia, entre otros modos, porque existen varias provincias que carecen de un ordenamiento específico que se ocupe del problema ético de los jueces, con independencia de la materia disciplinaria o administrativa.
Son los gobiernos de los poderes judiciales -en cabeza de cada uno de los tribunales superiores- los que tienen a su cargo en las provincias lo relativo a la organización y funcionamiento del mismo Poder Judicial local. Al igual que la Corte Suprema de la Nación hace lo propio con la Justicia federal. Y por ello, la responsabilidad intransferible de velar y asegurar los cánones éticos que aspira promover en la función judicial y también la manera de internalizarlos en la judicatura local y la organización de toda su logística: códigos y tribunales, si fuere el caso.
Pues los gobiernos de los poderes judiciales deben organizar el sistema de administración de justicia provincial sin duda alguna, mas no pueden interferir en la práctica decisoria que los tribunales tienen, por ser ello una atribución indelegable y blindada de cada magistrado sobre el mismo contenido de sus sentencias. Pero, a la vez, para que ello tome toda la entidad que corresponde atribuir, sí pueden -y en rigor deben- fortalecer el ejercicio de que las prácticas judiciales sean cumplidas con un mayor índice de confianza ciudadana y transparencia pública.
A los gobiernos judiciales de las provincias no les puede resultar indiferente la baja confianza que ese Poder Judicial tiene en la sociedad, pues ello es parte de su misma responsabilidad. Por tal motivo es que deben ejercitar los mecanismos posibles para que tal cuestión pueda verse, cada vez, mejor emplazada.
La desconfianza que el ciudadano tiene de un juez en particular es también la desconfianza que traslada a quien gobierna el Poder Judicial y, por ello, quien gobierna debe ejercitar acciones conducentes al fortalecimiento ético de la judicatura. Con ello, debe promover el mejor crecimiento de confianza pública en la magistratura y fortalecer con ello la legitimidad de los jueces.
El mecanismo posible para tal proceso supone un desarrollo que se inicia con tener clara la tesis de que no hay Poder Judicial que no se pueda mejorar. Luego habrá que encontrar los caminos adecuados para dicho mejoramiento, especialmente atendiendo al comportamiento ético que los jueces tienen. Eso habrá de redundar en la misma confianza que los jueces generan en la sociedad.
Cuando no se toman dichas previsiones y nada se hace a tal respecto suceden espectáculos tan lamentables como el que hemos conocido días pasados, cuando un juez que incidentalmente quiso conocer sobre un problema callejero que se producía con la detención de una persona, quedó al borde del linchamiento (https://www.youtube.com/watch?v=EXU_L2qM4P0). La falta de legitimidad moral de los jueces, en una sociedad anómica y descontrolada por la inseguridad, produce resultados altisonantes.
Desde esa perspectiva, no podemos dejar de señalar que el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, en una manera superlativa, se ha preocupado por generar los ámbitos que tornen propicio el mejoramiento de la imagen de la Justicia y, como cabeza de gobierno del Poder Judicial, acordó un Código de Ética para Magistrados y Funcionarios. Luego cumplió con una delegación de su competencia natural y deontológica en un tribunal que funciona con dicha competencia excluyentemente. Nada de ello quiere decir que los problemas éticos se hayan extirpado, sólo dice -lo que no es poco- que se están atendiendo con la preocupación que corresponde.
Otras provincias, también desde hace casi dos décadas, cuentan con sus códigos de ética (Formosa, Corrientes, Santiago del Estero y Santa Fe) y han instrumentado de manera diversa y con intensidades diferentes su implementación. Posteriormente otra provincia, Río Negro, adoptó para su judicatura la apropiación de instrumentos internacionales de la ética de la magistratura. Otras, como Buenos Aires, tienen en agenda de construcción y/o aprobación un código propio.
Finalmente, otro grupo de provincias en tiempos cuasi presentes -por ejemplo La Pampa, Salta, San Juan y Tierra del Fuego- han dictado acuerdos respectivos, por los cuales han hecho propio el Código Iberoamericano de Ética Judicial como instrumento deontológico y ético en sus respectivas jurisdicciones.
La última en hacerlo ha sido Tierra del Fuego, mediante la resolución 03/19 del 6 de febrero pasado. Aprovechando este último comportamiento institucional quiero brindar alguna apreciación de lo que ello importa.
Por lo pronto, es una nueva provincia que toma razón de que sin una responsabilidad ética que sea postulada en su práctica por los jueces y funcionarios será muy complicado aspirar a un Poder Judicial que resulte creíble y confiable para los ciudadanos. Los comportamientos impropios de los jueces, sean ellos cumplidos en el ámbito público o en el privado con trascendencia pública, necesitan tener un camino de drenaje social que los pongan en posibilidad de ser rectificados y socialmente juzgados.
Los gobiernos judiciales provinciales comprenden que el esfuerzo que hay que hacer es mayúsculo y la prueba de Tierra del Fuego y de las demás antes es que están dispuestas a recorrer un camino que no tendría ninguna razón para ser complicado. Sin embargo, lo es en gran modo.
Naturalmente que no basta con los esfuerzos de los gobiernos judiciales, repito, intrínsecamente valiosas y socialmente reclamadas. Se necesita también de otros espacios que cooperen al mismo resultado y, entre ellos, no se puede ignorar que la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de la República Argentina (JuFeJus) viene bregando desde hace más de dos décadas por esta preocupación. El Poder Judicial de Córdoba es recipiendario de ese proyecto inicial.
A ello se suman renovados esfuerzos que pronto serán públicos, que cierran un capítulo iniciado unos años atrás por la misma Federación Argentina de la Magistratura (FAM), con lo cual se advierte la misma preocupación por la ética judicial. Nada debe entorpecer el resultado. Sin jueces confiables nunca habrá justicia. En el mejor de los casos, una pura normatividad.
Finalmente, una desaprobación reiterada para el gobierno de la Justicia federal, en la que la cuestión de la ética judicial sigue fuera de toda agenda, no porque no existan los problemas sino porque es más sencillo ignorarlos antes que enfrentarlos.
