ESCUCHARAparece en el padrón de Riesgo Fiscal desde mayo pasado, de manera ininterrumpida. Llama la atención que las irregularidades con el Fisco lo son en la sociedad con una empresa china con la que ejecuta las represas en Santa Cruz. El Ejecutivo aseguró que no es incompatible ser contratista y deudor.
Por Alfredo Flury – [email protected]
La empresa Electroingenieria aparece en la nómina de contribuyentes de Ingresos Brutos (IIBB) catalogados de Riesgo Fiscal desde mayo pasado y de manera consecutiva, según el listado que mensualmente informa la Dirección de Rentas.
La inclusión en ese padrón es para aquellos sujetos obligados con algún tipo de irregularidad con el Fisco, algo que sería incompatible con la posibilidad de ejercer como contratista del Estado provincial.
Aun así, la compañía es adjudicataria de parte de las obras de los gasoductos troncales, que en rigor ya concluyó.
No obstante, fuentes del Ejecutivo provincial consultadas por Comercio y Justicia aseguraron que no hay incompatibilidad en la situación. Señalaron que cualquier adjudicatario de obra pública o proveedor del Estado puede tener deuda con Rentas. Sin embargo, ese pasivo debe regularizarse previamente a cada pago que le realice el Gobierno provincial. Esa mecánica se repite en cada oportunidad en la que debe percibir alguna certificación de obra, en el caso de una contratista de trabajos públicos.
Como fuere, llama la atención que la compañía con sede en Córdoba y con varios frentes abiertos luego de la detención de Gerardo Ferreyra primero y, ayer, de Osvaldo Acosta, sus dos principales referentes, figure en situación irregular para Rentas desde hace casi un año mientras ejecuta obras en Córdoba.
Con todo, resulta llamativo que en la nómina de deudores de Rentas figura Electroingeniería en sociedad con China Gezhouba Group Company Limited UTE. Se trata de una sociedad distinta a la que Electroingeniería resultó adjudicada en Córdoba, en este caso asociada a la también empresa asiática China Petroleum Pipeline Bureau.
La compañía en sociedad con la china Gezhouba, se referencia con el CUIT 30-71543041-6. La UTE aparece con domicilio en Ciudad Autónoma de Buenos Aires con fecha de inscripción el 24 de noviembre de 2016, dedicada a la actividad de “construcción, reforma y reparación de obras hidráulicas (incluye fluviales y canales, acueductos, diques, etcétera).
Se trata de la sociedad que resultó adjudicataria de las obras de las represas Cóndor Cliff y La Barrancosa, en Santa Cruz, contrato firmado durante la gestión de Cristina Fernández que luego se renegoció, ya en la administración Macri.
Ayer, Electroingeniería salió a negar “versiones periodísticas” sobre una salida parcial de esa sociedad (ver aparte).
Por lo demás, el padrón de Riesgo Fiscal sólo incluye el nombre del contribuyente en falta y su número de CUIT. No hay referencia alguna a la irregularidad por la que figura en ese listado.
Quienes figuren en él deben tributar alícuota agravada hasta tanto regularicen su situación y sean eliminados del padrón de “escrachados”.
Entre las situaciones “irregulares” que ameritan la publicación de los contribuyentes en el padrón de Riesgo Fiscal figuran quienes:
• en los últimos 36 meses no hubiesen presentado o pagado seis o más declaraciones juradas y/o anticipos;
• tengan determinada de oficio y firme la obligación tributaria y no la hayan abonado o regularizado dentro del plazo otorgado;
• prestaron conformidad por una fiscalización y no abonaron o regularizaron la deuda dentro del plazo otorgado;
• tienen deuda por la cual se haya iniciado ejecución fiscal o procedimiento de ejecución fiscal administrativa con control judicial;
• no den cumplimiento a una fiscalización electrónica o requerimiento.
En tanto, para los agentes de retención, percepción y/o recaudación se incluye a quienes:
• no hubiesen presentado tres o más declaraciones juradas;
• mantengan adeudado el saldo de una declaración jurada vencido el plazo para el ingreso de aquél.
En todos los casos, cuando dos o más notificaciones, intimaciones o requerimientos al domicilio fiscal constituido hayan sido devueltos.
Obras en Córdoba
Electroingeniería, ya sea de manera individual o en sociedad con otras empresas, ha ejecutado obras para el Gobierno provincial desde hace casi dos décadas.
Su irrupción como importante contratista del Estado se produjo por primera vez durante la primera gestión de José Manuel de la Sota en la licitación para la construcción de 100 escuelas. Desde entonces ha participado en obras emblemáticas, las últimas relativas al Nudo Vial El Tropezón, parte del sistema de saneamiento del lago San Rogue y el Sistema Sur de los gasoductos troncales, en este caso en sociedad con la china Petroleum Pipeline Bureau.
También tiene el contrato de operación y mantenimiento de la central Bicentenario de la Empresa Provincial de Energía (EPEC), vínculo que fue denunciado tiempo atrás por el Sindicato de Luz y Fuerza.
Como contratista de la Nación, ejecutó la ampliación de la vida útil de la Central Nuclear de Embalse.
La compañía admite pedido para modificar contrato de UTE
El responsable de Relaciones con el Mercado de Electroingeniería, Ariel Carlos Bulla Espósito, admitió que la empresa “ha requerido al cliente Integración Energética Argentina SA la autorización previa para llevar adelante variaciones en el contrato de Unión Transitoria”. De todas formas, aseguró que aún no recibió respuesta del contratante.
La comunicación firmada por Bulla Espósito aparece reflejada en una nota dirigida a la Comisión Nacional de Valores SA, Bolsas y Mercados SA y Mercado Abierto Electrónico SA.El documento fue emitido a raíz de “versiones periodísticas” que afirmaban que la “sociedad habría realizado transferencias en su participación en China Gezhouba Group Company Limited-Electroingeniería SA- Hidrocuyo SA (UTE).
“A la fecha” no hubo notificación alguna del cliente, aclara el parte.
En paralelo, la empresa informó que se encuentra negociando cambios en el proyecto ejecutivo con la firma contratante.
La referencia de Electroingeniería es a las versiones respecto a su eventual salida de la sociedad con la empresa china y con Hidrocuyo para ejecutar las obras de las represas Cóndor Cliff y La Barrancosa, en la provincia de Santa Cruz.
“Cuadernos”: detuvieron a otro de los referentes de la empresa
Osvaldo Acosta, uno de los responsables de la firma Electroingeniería, quedó detenido luego de declarar ante el juez federal Claudio Bonadio, en el marco de un desprendimiento de la causa conocida como “cuadernos de las coimas”.
El empresario presentó un escrito negando los hechos que se le imputan.
Por el expediente iniciado a partir de las anotaciones del chofer Oscar Centeno ya está privado de su libertad Gerardo Ferreyra, vicepresidente de la constructora.
Ferreyra admitió haber entregado dinero -pesos- a dirigentes del Frente para la Victoria, aunque como aportes de campaña electoral.
Bonadio ordenó además el arresto de Gustavo Dalla Tea, presidente de la compañía Supercemento SAIC, quien también había sido citado en Comodoro Py.
Personal de la Policía Federal Argentina procedió a demorar a los encartados en el juzgado e hizo los trámites de rigor antes de sus traslados.
El magistrado citó a indagatoria a ex funcionarios kirchneristas y a integrantes de casi todas las empresas que realizaron obras públicas civiles entre 2002 y 2015.
Carlos Wagner, quien fue detenido al comienzo de la pesquisa “cuadernos”, se declaró culpable de haber organizado la cartelización de la obra pública. Fue presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC) y confesó haber armado un sistema para pagar sobornos, por trabajos que no eran sometidos a procesos de licitación y se distribuían entre las empresas.
Involucró en ese esquema de negocios irregulares al ex ministro de Planificación, Julio de Vido, quien negó la acusación.
Por su parte, el financista Ernesto Clarens, otro arrepentido colaborador, confesó que cobró dinero en pesos, que lo pasó a dólares y se lo entregó a Daniel Muñoz, quien fue secretario privado de Néstor Kirchner.
Clarens entregó planillas que -según dijo- le dieron en la Dirección Nacional de Vialidad, en las que constaban los ganadores de cada licitación y los porcentajes que las compañías debían pagar.
