ESCUCHARPor Leonardo Querido*
El Indice de Democracia de The Economist mide la calidad electoral de los países. Noruega lidera el ranking mundial. En nuestra región Costa Rica y Uruguay están al frente. Ocupar estos lugares no es obra de la casualidad. Se trabaja mucho durante mucho tiempo para hacer las cosas bien.
Así cómo algunos países aceptan el desafío del fortalecimiento de la institucionalidad democrática otros toman el camino inverso y han hecho de sus sistemas electorales verdaderas trampas mortales para la ciudadanía. Sobran los ejemplos de gobiernos que han tomado la decisión deliberada de suprimir la noción de voluntad popular. Este Índice de The Economist se aplicó por primera vez en 2006. Venezuela ya se había subido al tren de los populismos autoritarios en 1998. En su primera medición en 2006 ocuparía el puesto 93 entre 167 países. Su clasificación sería la de “régimen híbrido” muy lejos del de la “democracia plena”. Doce años después se hundió al puesto 134 para adquirir la clasificación de “régimen autoritario”.
Los regímenes autoritarios no suprimen a las elecciones, por el contrario, las hacen hasta con solemnidad, pero adquieren otra forma, resultan otra cosa que denomino “fake elections”. Se trata solo de apariencias, de tretas y abusos institucionales que intentan solapar el carácter totalitario de estos gobiernos.
Nicolás Maduro se encuentra ahora sobre las cuerdas y producto de ello se está seriamente pensando en las características que tendría el posible escenario de transición.
Hoy el debate político se divide entre los que piden “elecciones libres” y los que asumen los intereses de Maduro y cuadran sus argumentos en las “mesas de diálogo”.
El escenario de las elecciones comienza a tomar forma y por eso debemos preguntarnos qué tipo de elecciones deberían darse. A esta situación de ausencia de Estado de Derecho se llegó luego de muchos años de avasallamiento constante que fueron destruyendo la institucionalidad democrática.
Por lo tanto, no alcanza con una misión de expertos de la ONU para que en estas condiciones de capas y capas solidificadas de abusos institucionales verifiquen un proceso implementado por delegados de Maduro en el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Las elecciones que necesita Venezuela no pueden estar influenciadas por la lógica del “veto” y la componenda del Consejo de Seguridad de la ONU. No hay margen para el “toma y daca”.
Todo este arduo proceso que puede llevar unos nueve meses, según el especialista Eugenio Martínez, deberá contar con el acompañamiento de los organismos internacionales que han mostrado un compromiso con la democracia. En este sentido la OEA, a través de su Departamento para la Cooperación y Observación Electoral o la propia Unión Europea, organización que también cuenta con mucha experiencia en promoción democrática son las que pueden y deben dar garantías de integridad electoral.
Hacer elecciones a medias, sin apego a los estándares internacionales, no sirve. De hecho, lo que precipitó la crisis actual fue la decisión de Maduro de organizar elecciones falsas, una “fake election” en 2018. Hoy la oposición política trazó su ruta de transición en función de este inmenso error político.
En síntesis, las elecciones de la transición deberán contar con estos requisitos: 1) nuevas autoridades en el CNE, 2) actualización del registro electoral, 3) garantizar el voto de los venezolanos en el exterior, 4) habilitar a los partidos políticos que fueron ilegalizados por el CNE en 2017 y 2018, 5) restablecer los derechos políticos de los ciudadanos ilegalmente inhabilitados, 6) realizar las auditorías que se aplicaron al sistema de votación automatizado hasta las elecciones 2015, 7) restablecer el número de centros de votación y mesas electorales que se dispusieron en 2015, 8) garantizar la seguridad de los electores, 9) acompañamiento de Misiones Electorales Internacionales, 10) garantías para la Observación Electoral Nacional y la fiscalización partidaria.
Estos son los diez puntos necesarios para realizar las elecciones libres que reclaman los venezolanos y clausurar definitivamente la era de las “fake elections”.
(*) Politólogo especializado en observación electoral y director Ejecutivo de Transparencia Electoral.
