ESCUCHARSerán los haberes de noviembre. Es por la facturación aún no cancelada que reclamaba la
empresa. En forma paralela, la comuna no cobrará multas por servicios no prestados aunque
sí descontará las cuadras no servidas. Cotreco se compromete a desistir de cualquier demanda.
No obstante, fuentes de la empresa no las descartan
Por Alfredo Flury – [email protected]
La Municipalidad de Córdoba, por medio de la empresa Córdoba Recicla (Crese) asumirá el costo del pago de los salarios de noviembre a los trabajadores de Cotreco por un monto de hasta 25 millones de pesos. Esa cifra, incluidas las cargas sociales, será facturada por la compañía, al igual que indemnizaciones por 11,04 millones de pesos, “teniendose por cancelada el monto de la facturación que resulte”.
En la práctica, implica que los reclamos de la compañía por supuestos atrasos en los pagos por redeterminación de precios y servicios prestados, será “adelantado” por la comuna con los pagos mencionados
En ese marco, Cotreco manifiesta “bajo declaración jurada que desiste expresamente de todas las acciones y/o derechos administrativos o judiciales vinculados al contrato (…), con sus prórrogas y addendas, incluso en aquellos casos que los reclamos, demanda o juicios se encuentren cedidos a terceros”.
Los datos a los que tuvo acceso Comercio y Justicia aparecen incluidos en el decreto 3426 firmado por el intendente Ramón Mestre y por el presidente de la Compañía de Tratamientos Ecológicos SA, Jorge Pérez Córdoba Campos. También por el director Obrero de Crese, Pascual Catrambone, y por el director Técnico de la compañía, Aldo Vargas.
El instrumento legal es una “Adenda a las prórrogas de Adendas al Contrato de Cesión Parcial y Temporaria” suscripto oportunamente entre la Crese y Cotreco.
El acuerdo busca poner fin a un litigio que estalló días atrás cuando, por falta de pago de parte del adelanto que les correspondía cobrar a los trabajadores por convenio, el sindicato Surrbac lanzó medidas de fuerza que resintieron aún más el ya deficiente servicio que prestaba la concesionaria de la recolección de residuos en la zona sur de la ciudad.
En ese marco, el referente de la compañía, Horacio Busso, culpó a la Municipalidad por la situación, al señalar que el atraso en los pagos a los empleados y, de hecho, los problemas en la prestación del servicio, obedecían a los retrasos que la comuna tenía con los pagos por los servicios facturados, además de las redeterminaciones por mayores costos.
En ese marco, Busso anticipó que , no bien concluyera el contrato de tercerización del servicio, sucesivamente prorrogado, ahora hasta el 30 de noviembre, la empresa iniciaría acciones legales para cobrar las supuestas acreencias. Si bien evitó cuantificarlas, trascendió que reclama por un expediente de 250 millones de pesos, por la prestación de una tercera frecuencia de recolección en el área central y también que apure el trámite de mayores costos por la prestación que hoy insume casi 100 millones de pesos mensuales. Sin embargo, el secretario de Servicios Públicos, Pablo Farías, negó entonces que hubiesen atrasos en los pagos.
Con todo, el tema pareció solucionarse horas después con una reunión que mantuvieron las partes. El tema pasó luego a la órbita del Ministerio de Trabajo de la Provincia donde municipio, empresa y gremio, suscribieron un acuerdo para cerrar de la mejor forma la prestación que concluye el 30 de noviembre, previo a que asuman las nuevas concesionarias.
No obstante, los detalles del acuerdo nunca trascendieron sino hasta ahora. En los hechos, el convenio es una suerte de “salvataje” a la empresa que, por cierto, acusa serios problemas financieros, reflejados incluso en la página web del Banco Central, donde se multiplica el listado de cheques rechazados desde hace tiempo.
Luego de un detallado contexto con una cronología de cómo se llega a la situación crítica, la cláusula segunda del acuerdo refleja el objetivo de fondo del decreto: “garantizar la prestación del servicio con continuidad y regularidad”.
En esa línea, la cesionaria (Cotreco) garantiza el pago de los haberes de octubre a los trabajadores, hecho que ocurrió ya en las últimas horas.
En tanto, los sueldos de noviembre “serán depositados en sus cuentas sueldos por Crese”. También el monto correspondiente a las contribuciones patronales.
Esos montos que, según la cláusula cuarta, serán por hasta 25 millones de pesos, serán facturados por la empresa y se tendrán como pagos por servicios prestados por Cotreco, justamente parte de las prestaciones cuya cancelación venía exigiendo.
“Similar trámite cumplirá por el concepto de indemnizaciones”, señala el texto. La referencia es a un monto de 11,04 millones de pesos que Cotreco asumió oportunamente a empleados de Crese, en este caso actualizados a la fecha.
De hecho, los trabajadores, tanto de Cotreco como de LUSA, siempre siguieron siendo dependientes de Crese aunque tercerizados a las dos privadas. Las indemnizaciones de referencia tienen que ver con los pagos que, cada vez que concluye un contrato, deben abonarse a los empleados como indemnización y que la comuna ya canceló casi en su totalidad. Cuando asuman las nuevas concesionarias, los trabajadores que pasarán bajo su órbita, comenzarán su vínculo laboral con antigüedad cero, según lo prescribe el convenio colectivo que rige la actividad.
En tanto, la cláusula quinta señala, entre otros puntos, que Cotreco manifiesta que “renuncia a todo reclamo por descuentos aplicados por servicios no prestados durante septiembre y octubre y, respecto a las penalidades correspondientes a dichos períodos, las partes acuerdan que no resultan de aplicación toda vez que los descuentos de las cuadras no servidas fueron practicados en los términos del plexo normativo aplicable y que los residuos contemplados en el contrato, fueron finalmente recogidos por la cesionaria”.
Asimismo, la cláusula séptima refiere al desestimiento por parte de Cotreco de cualquier reclamo o acción administrativa o judicial.
Con todo, la octava señala que el acuerdo sólo se activará si es aprobado por la Asamblea de Accionistas de la concesionaria. Caso contrario, la adenda “no podrá ejecutarse” y la cesionaria “nada podrá exigir a la cedente (Crese) ni a la Municipalidad de Córdoba en concepto de gastos, daños, perjuicios y/o cualquier otro concepto”. Las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales de la Ciudad de Córdoba, en caso de avanzarse en esa línea.
Este medio no logró obtener ninguna precisión extra por parte de funcionarios municipales. En tanto, fuentes de la compañía sólo se limitaron a señalar que no descartan eventuales acciones judiciales futuras, estrategia que quedaría invalidada en caso de aprobarse la adenda, tal como lo señala la cláusula séptima del convenio.
Esas eventuales acciones llegarían recién a partir del primero de diciembre próximo, una vez que venza la prórroga del contrato con Cotreco.
Desde esa fecha, la compañía pasará a ser socia minoritaria de Urba Córdoba en la zona norte. Esa alianza tiene como cabeza al grupo español Urbaser. En tanto, en la zona sur quedará LUSA, mientras que del centro se hará cargo Logística Ambiental Mediterránea que conforman los grupos Vega y Caputo.
