ESCUCHARLo resolvió la Cámara Federal de Casación Penal, al estimar que no se afectará el derecho de defensa de los encartados
En el marco de la causa denominada “Ligas Agrarias”, en la cual deben juzgarse crímenes de lesa humanidad cometidos en el interior del Chaco contra dirigentes y militantes del movimiento campesino, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal resolvió hacer hacer lugar al recurso interpuesto por el Ministerio Público Fiscal (MPF) y, en consecuencia, anuló la decisión del Tribunal Oral de Resistencia que dejó fuera del debate la declaración de un testigo -ya fallecido-, quien dio precisiones sobre uno de los homicidios que conforman el objeto procesal del caso.
En la etapa de admisión de las prueba propuestas por las partes, la Unidad de Asistencia para causas por violaciones a los Derechos Humanos, integrada por el fiscal general Carlos Amad, el agente Patricio Sabadini y los funcionarios ad hoc Diego Vigay y Horacio Rodríguez, propuso la incorporación por lectura del testimonio de quien en vida fuera Leopoldo Jordán. Alegaron que brindó un relato importante sobre el crimen del docente y dirigente Raúl Gómez Estigarribia. La defensa se opuso a la inclusión argumentando que no estuvo presente en la declaración y que se violaba el derecho de defensa.
Por su parte, la Fiscalía sostuvo que el abogado tuvo la oportunidad de analizar el testimonio cuando sus asistidos fueron indagados, procesados y enviados a juicio sus representados y que no planteó objeciones al respecto.
Además, manifestó que el supuesto se encuentra específicamente previsto en el artículo 391, inciso 3, del Código Procesal Penal de la Nación (CPPN) y acotó que los dichos del testigo en cuestión no constituían una prueba dirimente en el caso.
El a quo denegó la solicitud del MPF, lo que motivó la interposición del planteo recursivo.
La Casación resolvió el tema y ordenó la inclusión del testimonio al próximo debate oral.
Los jueces Juan Carlos Gemignani, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos opinaron que el testimonio de Jordán encuadra como excepción razonable a la regla general de la oralidad.
A su vez, valoraron que no es dirimente ni central a los efectos de probar los hechos, sino que constituyen una prueba más de las ofrecidas por la acusación, la que junto con los otros elementos de cargo deberá ser valorada por el Tribunal que llevará adelante el juicio.
“Si bien es cierto que la defensa no podrá ejercer su derecho a interrogar al testigo durante el debate, a esta altura del proceso no se observa que tal circunstancia importe un irrazonable o arbitrario menoscabo de su derecho de defensa, ya que podrá ejercer acabadamente su ministerio durante el debate, en donde cuenta con amplias posibilidades de cuestionar la verosimilitud de la prueba y su valoración”, subrayó. En abril de 2012, Jordán, entonces de 80 años, se presentó espontáneamente ante la Fiscalía Federal, al haberse enterado de que se había abierto una investigación por el homicidio de Gómez Estigarribia. En ese contexto, dijo que en febrero de 1977 trasladó a Gómez Estigarribia hasta la localidad de Corzuela (a unos 230 kilómetros de Resistencia), para que concurriera a una cita con un conocido.
Negó la versión de que la víctima estuviera armada. En ese sentido, detalló que llevaba ropa liviana y que, además, pasaron un control policial.
El hombre puntualizó que cuando volvió a buscarlo lo detuvo un operativo de fuerzas de seguridad -policía del Chaco y Ejército-; que lo llevaron a la comisaría de Corzuela; que un grupo lo interrogó y que luego lo trasladaron a la Brigada de Investigaciones de Resistencia y después estuvo detenido siete años, en distintos lugares; entre ellos, La Plata y Rawson.
Según la versión oficial, Gómez Estigarrribia falleció en un supuesto enfrentamiento con fuerzas de seguridad y así quedó registrado en los sumarios policiales incorporados a un expediente de la Justicia federal de la época. Sin embargo, los investigadores concluyeron que fue ejecutado. El Equipo de Antropología Forense (EAAF) que examinó los restos óseos exhumados aportó precisiones e indicios de reconstrucción sobre cómo fue la mecánica de los hechos, que se integraron y complementaron con el resto del material probatorio.
Por homicidio calificado por alevosía y por el número de partícipes están imputados el ex teniente coronel del Ejército Tadeo Betolli y el ex agente Miguel Antonio González.
Además, se le enrostra al ex comisario José Francisco Rodríguez Valiente el delito de encubrimiento, es decir, fraguar un supuesto enfrentamiento.
