ESCUCHARSin contar Edenor y Edesur -que sumarían al menos otros $20 mil millones-, el ahorro para el Gobierno nacional llegaría a $80 mil millones anuales. Respecto al pacto fiscal, el ministro Giordano admitió que deberían revisarse algunas bajas, entre ellas Sellos e Ingresos Brutos. Preocupa un eventual recorte de envíos para gasto social
Las administraciones de las provincias gobernadas por el peronismo más Santa Fe concidieron ayer en reclamar al presidente Mauricio Macri que transfiera a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y a la Provincia de Buenos Aires (PBA), en el caso que corresponda, una serie de servicios que hoy financia o subsidia el Gobierno nacional, que generan un gasto extra de $80 mil millones -cifra representa 0,63% del Producto Bruto Interno (PBI)-.
El traspaso, que también debería incluir las distribuidoras eléctricas Edenor y Edesur -cuyo costo supera $20 mil millones-, ayudaría a reducir el déficit fiscal primario en momentos en que Macri busca ajustar el gasto de cara al año próximo.
Precisamente, el planteo de las provincias apunta en esa línea, como contrapartida a los recortes en las transferencias corrientes a los Estados federales que se plantea para el año próximo, según el texto del acuerdo firmado entre la Nación y el Fondo Monetario Internacional (FMI).
De hecho, las provincias están dispuestas a acompañar un ajuste del gasto que las involucre, en tanto y en cuanto la Nación comience por transferir servicios, que hoy pagan todos los argentinos, al Área Metropolitana del Buenos Aires (AMBA), cuyo costo deberían afrontar desde ahora CABA y PBA.
Esta alternativa -que en rigor ya fue planteada por el gobernador Juan Schiaretti y que incluso fue explicitada mediante un proyecto de ley por legisladores nacionales de diferentes provincias- es resistida por los dos distritos gobernados por Cambiemos (CABA y PBA). De hecho, la gobernadora María Eugenia Vidal y el jefe de Gobierno porteño, Horario Rodríguez Larreta, ya adelantaron que se oponen férreamente a la medida. Vidal busca consenso entre intendentes de todos los signos políticos para frenar el posible traspaso, con el argumento de que éste tendrá un alto costo para todos los bonaerenses y porteños.
La postura de las provincias quedó unificada ayer en una reunión mantenida en la sede porteña de la Casa de Entre Ríos, por ministros de Economía de las distintas provincias gobernadas por el peronismo más Santa Fe (que es administrada por el socialismo).
“Creemos que es de estricta justicia que porteños y bonaerenses asuman el costo de servicios que sólo reciben ellos pero que pagamos todos”, dijo a Comercio y Justicia el ministro de Finanzas de Córdoba, Osvaldo Giordano.
En la reunión se enumeraron cada uno de los costos de esos servicios.
Así, el traspaso de la empresa Agua y Saneamiento SA (AYSA) redundará en un ahorro de $15.268 millones anuales.
AYSA provee de servicios de agua y saneamiento a CABA y el conurbano, servicio que en el resto de las provincias es realizado por empresas provinciales, recordaron los ministros.
En tanto, la transferencia de la Justicia Ordinaria de CABA a la jurisdicción correspondiente implicaría dejar de erogar $5.506 millones al año. Ésta es una función jurídicamente provincial que debió haberse realizado cuando se creó la CABA como jurisdicción 24 de las provincias argentinas (1994).
Paralelamente, el traspaso de las funciones regulatorias y los subsidios de la tarifa de energía eléctrica correspondiente a CABA y AMBA también forman parte del reclamo.
“Estas funciones que hoy desempeña el Estado nacional en favor de CABA y conurbano en las provincias las desempeñan las mismas provincias. En el Consenso Fiscal se estipula que dicho traspaso se hará en 2019. Como medida de reducción del déficit fiscal nacional, el traspaso podría adelantarse”, señalan.
Así, la transferencia del Ente Nacional Regulador Eléctrico (ENRE) a la órbita de CABA y PBA no implicaría ahorro para el Estado nacional, pero es una acción preventiva para que no vuelva a suceder que un funcionario nacional decida congelar la tarifa en favor del AMBA.
En tanto, la transferencia de subsidios e inversiones en infraestructura de transporte de AMBA a CABA y PBA implica funciones que hoy desempeña el Estado nacional en favor de esos distritos
En el Consenso Fiscal se estipula que esa transferencia se hará en 2022. Como medida de reducción del déficit fiscal nacional, el traspaso podría adelantarse, señalan las provincias, lo que puede generar un ahorro que, en el caso de los subsidios al transporte, llegarían a $39.259 millones, más otros $5.471 millones por transferir gastos de inversión en obras de infraestructura y $4.479 millones por traspasar los gastos de Modernización de la Red de Transporte Ferroviario de AMBA.
En total, por esos conceptos se estiman $49.210 millones en gastos que la Nación no haría.
Finalmente, el traspaso de seguridad ciudadana al AMBA implicaría un ahorro de $10.024 millones.
“La Gendarmería Nacional realiza tareas de seguridad ciudadana en el área del conurbano bonaerense, avanzando en la mejora de la actividad de seguridad vial y en la prevención del tráfico ilícito de drogas y de la trata de personas. Estas funciones que hoy desempeña el Estado nacional en favor de CABA y conurbano en las provincias las desempeñan las mismas provincias”, recordaron los ministros provinciales.
A esos puntos hay que sumarle el costo de Edenor y Edesur en materia de subsidios. “La estimación original que habíamos hecho es de unos 40 mil millones de pesos pero es una cifra que hay que revisarla porque hubo quita de algunos subsidios”, admitió el ministro Giordano.
Consenso Fiscal
Por lo demás, la reunión de ayer también fue propicia para analizar la rebaja de impuestos que incluye el denominado Consenso Fiscal, firmado entre la Nación y las provincias a fines del año pasado.
Los ministros coincidieron en que, ante un recorte en los envíos discrecionales de la Nación a las provincias y una eventual caída en la recaudación producto de la crisis, debería revisarse el cronograma de baja de impuestos provinciales incluidos en el pacto.
“Planteamos una revisión de algunos puntos, no la prórroga por un año de la vigencia de la baja”, explicó Giordano.
Por ejemplo, para el caso del impuesto de Sellos, sí se apuntaría a frenar la reducción por un año.
Sin embargo, en el caso de Ingresos Brutos (IIBB), la idea es revisar la merma de determinas alícuotas. En esa línea se inscriben las que apuntan al sector financiero y en algunos casos al comercio.
En total, para la Provincia de Córdoba, involucra unos 9 mil millones de pesos al año. Esto es, si el Consenso se cumpliere tal como está escrito, en 2019 la Provincia resignaría esos fondos que ahora pretende neutralizar con una revisión de algunos puntos.
Mientras tanto, los ministros miran con preocupación el alcance de los recortes que desde el año próximo llegarán a las provincias.
“Con la poca información que tenemos sobre lo que será el Presupuesto, apuntamos a defender la equidad de las provincias y a evitar que se reduzcan partidas como la del Fondo de Incentivo Docente (Fonid), o los fondos en materia de salud”, explicó el ministro de Economía de Entre Ríos, Hugo Ballay.
La postura consensuada ayer por los ministros provinciales apunta a llegar a la discusión del Presupuesto 2019 con un acuerdo previo para eventualmente apoyar en el Congreso el ajuste cuyo apoyo reclama el presidente Macri. En la reunión de ayer, hubo coincidencia de los funcionarios en la preocupación ante el panorama económico para el resto del año y las dificultades para poder gestionar conforme las pautas previas.
