Así lo afirmó el candidato de la lista Azul y Verde, Alejandro Tejerina, que de todas maneras reconoce la necesidad de modificar el sistema de puntaje y de corregir exámenes. Plantea que los concursos para prosecretarios, secretarios y ayudantes fiscales no deben ser exclusivos para los empleados judiciales
Los abogados elegirán mañana a los consejeros que los representarán en el Consejo de la Magistratura de Córdoba. Alejandro Tejerina, actual consejero titular y candidato por la agrupación Abogados Independientes de Córdoba, compite con la lista “Azul y Blanca” que encabeza Fernando Martínez Paz. Tejerina es secundado por Julio César Ochoa y Magdalena Lopez Carusillo, una lista conformada por abogados independientes de la matrícula que no comparten las posturas de la actual conducción del Colegio de Abogados de Córdoba. Antes de las elecciones, Tejerina dialogó con Comercio y Justicia.
¿Es dificultoso hoy para los abogados aprobar un examen e ingresar al Poder Judicial? ¿Qué cosas deben mejorarse?
-Creo que se puede mejorar, los abogados desconocen cómo rendir, cómo juntar antecedentes, cómo hacer un examen escrito y, en ese sentido, están en desventaja con los que vienen del Poder Judicial; sin embargo, estamos muy bien en cuanto al ingreso al Poder Judicial .Tenemos un alto porcentaje de abogados que ingresan a la magistratura, no estamos en desigualdad ni en desequilibrio. Aquí hay que hablar con los números en la mano: de los camaristas laborales que ingresaron en el último concurso, de ocho postulantes que aprobaron los exámenes, cinco son abogados y tres pertenecen al Poder Judicial. En el concurso para jueces de competencia múltiple, en el que rindieron 150 postulantes y 90% provenía del Poder Judicial, de los nueve que aprobaron, cuatro eran abogados.
¿Qué opina respecto de la propuesta para que los abogados consejeros cobren por esta tarea?
-Yo quisiera discutirlo, en principio no estaría de acuerdo porque para hacer eso me tienen que suspender a la matrícula y, si bien la labor del consejo, es importante la distribuimos entre tres consejeros. Me parece que están copiando lo que ocurre con el Consejo de la Magistratura de la Nación pero lo están haciendo mal porque allá tienen tareas distintas: el Consejo de la Magistratura de la Nación administra el Poder Judicial y, además, destituye los jueces. Ahora, si quieren hablar de una reforma constitucional y que nuestro Consejo de la Magistratura incorpore el Jury de Enjuiciamiento y vamos a contribuir en la administración de los fondos del Poder Judicial, entonces estamos hablando de algo absolutamente distinto. Pero así como está planteado hoy creo que es una exageración, estas elecciones son ad honorem; si fueran por dinero, creo que se presentarían cinco listas; eso desvirtúa el sentido de lo que es honorífico.
¿Habría que introducir cambios en los exámenes?
-En primer lugar creo que para obtener mejores magistrados se debe permitir que los abogados rindan para los cargos de prosecretarios, secretarios y ayudantes fiscales; esto equipara la igualdad de oportunidades. No tengo dudas de que esto va a generar polémica con el gremio de los judiciales y traerá ruido, pero si nosotros aspiramos a tener una mejor Justicia, tenemos que generar las posibilidades para que eso se dé. También creo que hay que cambiar los puntajes y achicar el examen oral, que no se fijen 40 puntos sino 35; pero esos cinco puntos hay que debatir adónde van a ir. Hay que ver si se aplica al escrito o a los antecedentes. En lo personal, creo que debería ir a los antecedentes y a los abogados se les debería otorgar un puntaje por el ejercicio de la profesión. Pero, además, hay otra cuestión que es la labor de la corrección de los exámenes; cuando uno hace un examen lo corrige un camarista y un abogado; el camarista valora cómo se desarrolló esa sentencia y yo abogado valoro cómo se meritua la prueba y se resuelve el caso. Un empleado judicial hace la estructura de una sentencia con los ojos cerrados y esto no es lo único que tiene que analizar. Allí está la puerta para tener buenos jueces y la llave de cómo permitir que los abogados ingresen al Poder Judicial.