ESCUCHARAnte el posible atraso en el pago de certificaciones de obra, acordó con el Bancor ofrecer fondeo tanto a contratistas como a proveedores. Cobrará Badlar más 4,5%, aunque el costo lo cubrirá el Tesoro. El ministro Giordano admitió que es una alternativa a la situación. Ante la posibilidad de retrasos, la Cámara de la Construcción apoyó ese mecanismo
Por Alfredo Flury – [email protected]
El Gobierno provincial habilitó un régimen de emergencia para afrontar el pago a contratistas de obra pública y proveedores del Estado, mediante una línea de crédito por hasta $5 mil millones del Banco de Córdoba (Bancor), destinada a cubrir eventuales desfases en los plazos de pago de los trabajos devengados.
Se trata de un “plan B”, según admitió a Comercio y Justicia el ministro de Finanzas, Osvaldo Giordano.
La alternativa se activó frente a la posibilidad concreta de que el flujo de fondos necesario para afrontar los diferentes frentes de obra y particularmente el ritmo impuesto en los proyectos principales, se resienta como consecuencia de la falta de envíos nacionales comprometidos y del financiamiento externo previsto para la continuidad de esas iniciativas.
Ayer, Giordano dijo que los más de $54 mil millones de inversión real directa que se proyecta para este año, se originan en 55% en recursos propios, 40% en fondeo externo y 5%, giros de la Nación con ese fin. En ese marco, vedado por ahora el mercado externo para la colocación de títulos y cerrado “el grifo” de la Nación para acompañar al menos en su totalidad los compromisos asumidos, la Provincia sólo depende del fondeo propio.
Así, ante la necesidad de preservar el ritmo de los frentes de obra, la Provincia optó por activar la línea de créditos del Bancor. Se trata de un mecanismo que ya supo implementarse en otras ocasiones, siempre de estrechez financiera de las cuentas públicas.
“Es una alternativa que ya hemos probado y que funciona en este tipo de situaciones para mantener el ritmo de las obras”, reconoció a este medio el titular de la Cámara de la Construcción, Marcos Barembaum.
La idea es que, ante la posibilidad cierta de que comiencen a retrasarse los pagos que, en el caso de certificaciones de obra y conforme la norma vigente, no deben exceder 60 días, las empresas tengan la posibilidad de tomar un crédito del Bancor por el monto certificado y hasta tanto la Provincia abone ese trabajo. La mecánica incluye certificados de obra emitidos por organismos integrantes de la Administración general, agencias y Caminos de las Sierras, pero también órdenes de pago emitidas por diferentes reparticiones.
Las empresas o proveedores deberán ser sujetos de crédito y contar con la correspondiente calificación de Bancor, que otorgará préstamos por hasta 95% del certificado de obra, o 93% en el caso de órdenes de pago.
Los beneficiarios deberán restituir esos fondos en un plazo que, para el caso de obras, será de hasta 36 meses, con seis de gracia para el pago del capital. En tanto, para órdenes de pago serán 12 meses de plazo.
El banco cobrará por el financiamiento un tasa Badlar más 4,5 puntos porcentuales.
Aunque la addenda firmada entre Bancor y la Provincia no lo explicita, trascendió que el Tesoro se hará cargo del pago de esos intereses, de tal forma que a las empresas no les implique costo alguno -salvo que no percibirán el 100 por ciento de la certificación, dato no menor-.
La línea de créditos para empresas constructoras y proveedores tiene como antecedente el decreto 42/14, en el que se ratificó el convenio de fecha 3 de enero de 2014, celebrado entre el Ministerio de Finanzas y el Bancor, con ese fin.
Posteriormente, se suscribieron addendas a ese acuerdo el 22 de agosto de 2014; y el 22 de septiembre y 18 de diciembre de 2015.
Con posterioridad y principalmente a partir de la apertura de los mercados externos para la obtención de fondos mediante la emisión de títulos, la Provincia no volvió a activar ese mecanismo, al menos hasta ahora.
Por lo demás, el presidente de la Cámara de la Construcción admitió que desde los últimos meses se percibe algún atraso en el pago de certificaciones de obras viales nacionales. En el caso de la ciudad de Córdoba, las cancelaciones están al día salvo en aquellos proyectos que tienen cofinanciamiento entre la Municipalidad y el Gobierno nacional.
Manuel Tagle, titular de la Bolsa de Comercio de Córdoba
“La patria está en peligro si no consolidamos este proceso político y económico”El presidente de la Bolsa de Comercio de Córdoba, Manuel Tagle, manifestó su apoyo explícito al proceso político y económico que impulsa el Gobierno nacional y alertó sobre que “la patria está en peligro” si no se consolida esa impronta. En un contundente editorial, en el marco del discurso que pronunció en el almuerzo de trabajo concretado ayer en la entidad, Tagle reclamó incluso el apoyo de los gobernadores a ese proceso.
El dirigente empresarial cuestionó duramente la oposición política al considerar que “no tiene autoridad moral”, al tiempo que opinó que “si no apoyamos, lo que queda como alternativa es el vacío”.
Tagle instó a avanzar en el equilibrio fiscal, reducir el gasto público y la inflación, y consideró que “todos tenemos que ajustar”. En esa línea, cuestionó indirectamente también a la Provincia de Córdoba. “No basta con decir que hay superávit fiscal”, dijo, y apuntó a bajar el costo del Estado y eventualmente reducir la presión fiscal. También abogó por avanzar en una reforma laboral que no impacte en sueldos pero que busque cambios ya que, con el esquema actual, se favorece la informalidad. En esa línea, habló de cambiar es sistema de indemnizaciones y crear un seguro de desempleo, cuyo costo lo paguen las empresas pero que sirva a la hora de tener que cesantear a un trabajador.
El almuerzo, que tuvo como invitado especial al ministro de Finanzas, Osvaldo Giordano, contó en la previa con la exposición de Lucas Navarro y Florencia Manzo, del Instituto de Investigaciones Económicas de la Bolsa.10 mil millones en juego
El ajuste que el Gobierno nacional concretará desde el año próximo involucra, en conjunto, transferencias corrientes y de capital a Córdoba por más de $10 mil millones. De todas formas, más de la mitad de esos recursos no se tocaría porque van a financiar el régimen previsional y subsidios al transporte, además del Fondo de Incentivo Docente (Fonid). Pero el resto, que incluye obra pública, es pasible de ser recortado. El ministro Giordano evitó precisiones respecto al tema y a las consecuencias del acuerdo con el FMI. “Estamos a la expectativa, el deseo es que sea exitoso pero falta mucha información para hacer una evaluación concreta”, admitió.
