ESCUCHARPor Carlos Palacio Laje (*)
Hace casi 15 años me arriesgué a sostener en estas misma páginas que “… el referido fuero ha nacido para fracasar, o se erigirá en una farsa insólita…” (edición del 17/9/2003, “El Nuevo fuero penal económico y anticorrupción”).
El paso del tiempo me ha demostrado lo errado de mi posición. La creación de ese “fuero especializado” fue un gran éxito. Una notable ingeniería política que permitió distraer todo cuestionamiento referente a la supresión de la Cámara de Acusación y a la disolución del Consejo de la Magistratura, todo en el marco de una muy tensa relación entre Poder Ejecutivo y el Tribunal Superior de Justicia.
En marzo del año 2000, se sancionó la ley conocida como ”Carta del Ciudadano”, por la que se creó, en el ámbito de la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia, el Fuero Penal Económico y Anticorrupción.
Por entonces, funcionaba en el fuero Penal un órgano judicial con un especial poder jurisdiccional, denominado Cámara de Acusación. Estaba compuesto por tres jueces, de dudosa o cuestionable actuación, quienes con influencia casi decisiva resolvían los recursos que se deducían en contra de las resoluciones de los juzgados de Control; es decir de gran injerencia en toda de la instrucción penal preparatoria.
Corría el año 2002 y algunas causas relativas a miembros vinculados con el gobierno y del orden económico de esa época debían pasar por ese órgano en lo penal. Previo a un desacuerdo irreconciliable que hubo entre los miembros de la Cámara de Acusación de entonces y sectores vinculados con el Poder Ejecutivo es que se sancionó la ley 9084, que desintegró la Cámara de Acusación en cuestión, cuyas funciones serían llevadas adelante desde ese momento por todas las cámaras del Crimen, en la idea “de que su mantenimiento generaba intranquilidad en la opinión pública, no brindaba al justiciable garantías de imparcialidad y debilitaba la tranquilidad espiritual necesaria de los demás magistrados” (exposición de motivos).
En esa época, reinaba una tensa relación entre el TSJ y el Poder Ejecutivo. De hecho, el gobernador José Manuel de la Sota dio un duro golpe al Poder Judicial cuando logró sancionar una ley que disolvió el Consejo de la Magistratura (fines de 2002), que fue sustituido por una Comisión Asesora que, funcional al Ejecutivo, pasó a señalar quién podría ser juez o fiscal.
Por esos meses, el debate relativo a la supresión de la Cámara Acusación y la eliminación del Consejo de la Magistratura adquirió dimensiones importantes. La fricción entre el TSJ y el Poder Ejecutivo era severa.
Así las cosas, y cuando “ese”, y no otro, era tema de enorme importancia política-judicial, sorpresivamente se dictó la ley 9122 (agosto/2003), por la cual se le dio operatividad al Fuero Penal Económico y Anticorrupción. Toda cuestión relacionada con la Cámara de Acusación y con el Consejo de la Magistratura quedó licuada. La atención giraba ahora en torno a la puesta en marcha de este “fuero especial”, que le quitaba al fuero común una fiscalía, un juzgado de Control y una cámara del Crimen.
Claramente se supo aprovechar lo normado por la Carta del Ciudadano (ley 8835) y se puso en marcha el mentado fuero, al que jamás se lo dotó de medios acordes ni personal especializado en delitos de corrupción ni en los llamados “delitos de cuello blanco”.
De hecho, una vez que los objetivos que habrían llevado a derogar la Cámara de Acusación se obtuvieron, y sin mayores argumentos, en el año 2005 se reinstaló la Cámara de Acusación, pero esta vez integrada por “nuevos miembros”. Un cambio exitoso.
Pero ahora subsistía un severo problema: ¿qué hacemos con el fuero Penal económico y anticorrupción? Parece que, quizás sin querer, enmarcado como un embudo de posibles causas comprometedoras y con escasos recursos, podía ser funcional. Por tanto no se hizo nada.
Originariamente, el fuero especial estaba compuesto por una fiscalía, un juzgado de Control y una cámara del Crimen.
Luego ya no fue necesaria la cámara: no tenía sentido, ya que pasaba el tiempo y, pese a ubicarse Argentina durante varios años en los primeros puestos de las sociedades más corruptas del planeta, conforme varios informes internacionales, ese tribunal nada tenía para juzgar.
Hoy, 14 años después, en la Legislatura se debate su derogación, impulsada por un sector no oficialista.
Unos y otros parece que se nos ríen en la cara. Unos por haber dejado pasar casi 14 años para acusar recibo de este tremendo engaño; y otros por sostenerlo.
Un órgano “especializado” en la lucha contra la corrupción, dotado de la misma tecnología que una comisaria de pueblo, cuando debía introducirse en un ámbito delictual emblemático y cancerígeno, que involucra sigilosas maniobras vinculadas con el poder público y privado, con generosos medios materiales y despliegue estratégico. Sumado a la harto difícil que, de por sí, resulta la recolección de prueba en estos hechos.
Su agilidad en el tratamiento de las causas fue, en general, similar al de un elefante.
Estimo que después de 14 años se ha creado una invitación para que sin revanchismos, golpes bajos ni facturas se fortalezcan los órganos judiciales penales, promoviendo una cultura de mayor dinamismo y transparencia, que puedan restablecer la “confianza” del ciudadano en el orden judicial.
Un proverbio africano dice que “cuando dos elefantes luchan, es la hierba la que sufre”. Y es lo que un eficiente orden político debe comprender en esta oportunidad.
(*) Abogado penalista
