Los candidatos a magistrados deberán ampliar el contenido de sus declaraciones juradas ante AFIP. La información estará protegida por el secreto fiscal. La medida alcanza a las 14 ternas que hoy están a consideración del Poder Ejecutivo
El Gobierno nacional aumentó los requerimientos para la selección de miembros de la Corte Suprema de Justicia y de jueces federales a fin de elevar los estándares de las evaluaciones de los nuevos magistrados.
De acuerdo con el Boletín Oficial se decidió modificar los decretos 222/03 y 558/03 y los nuevos requisitos alcanzarán a las 14 ternas que hoy están en el ámbito del Poder Ejecutivo y todavía no llegaron al Senado de la Nación.
Entre los principales cambios, se propone ampliar el contenido del informe que recaba la AFIP respecto del cumplimiento de las obligaciones impositivas de los candidatos. La presentación incluirá un detalle de la situación patrimonial de los postulantes, detectando irregularidades o inconsistencias.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, resaltó: “Proponemos un análisis más profundo, para saber si hay inconsistencias. Si el día de mañana hay sospechas, vamos a tener una radiografía de los jueces, con sus bienes, sus propiedades y sus consumos y el Presidente tendrá un panorama exhaustivo y claro a la hora de elegir qué candidato de la terna nomina”.
El candidato deberá prestar conformidad para que la AFIP elabore el informe, que será reservado y sólo podrá ser utilizado para la consideración de los antecedentes por parte del Poder Ejecutivo.
Asimismo, el Ministerio de Justicia podrá realizar consultas a organismos especializados sobre las declaraciones juradas y la información brindada por la AFIP.
Los candidatos ternados, a su vez, presentarán otra declaración que indique la nómina de asociaciones civiles y sociedades comerciales que hayan integrado en los últimos ocho años, los estudios de abogados a los que hubieren pertenecido, y la nómina de sus clientes o contratistas durante al menos ese mismo lapso.
En la misma línea, deberán indicar cualquier tipo de compromiso o actividad propia o de sus familiares que pudiera afectar su imparcialidad de criterio.
En síntesis, se trata de una suerte de declaración jurada inicial, pero con mayor detalle que la actual, que los magistrados presentan ante la Corte Suprema de Justicia.
El decreto -que lleva la firma del presidente Mauricio Macri y del ministro de Justicia, Germán Garavano- fue publicado ayer en el Boletín Oficial y se conoció luego de la destitución del camarista federal Eduardo Freiler, cuestionado por su patrimonio y en medio de las pujas entre el Gobierno y un sector de los jueces federales.
Exámenes orales y capacitación
Paralelamente, cabe recordar que el Gobierno nacional impulsa modificar la ley del Consejo de la Magistratura para lograr una mayor publicidad y transparencia de los concursos, implementando la transmisión online de las distintas instancias, con exámenes exclusivamente orales.
Las reformas impulsadas procuran mejorar la formación y capacitación de los magistrados, por lo que prevé requerir a los aspirantes, a los jueces elegidos y a los magistrados en funciones al menos 40 horas de capacitación obligatoria anual.
El proyecto persigue también una mayor celeridad en el procedimiento de selección, mediante la reducción de los tiempos de tramitación de los concursos y del número de integrantes de los jurados. Se propone que sean tres (un profesor de Derecho, un juez y un abogado de matrícula federal) y que se elijan mediante sorteos públicos.
En cuanto a los magistrados subrogantes, se proyecta eliminar de las atribuciones de la comisión de Selección de Magistrados y Escuela Judicial la intervención en el proceso de nombramiento, en sintonía con la recientemente sancionada Ley de Subrogancias.