ESCUCHAREs el resultado del consolidado de la Administración Pública no Financiera. Si bien la Administración Central concluyó con un fuerte superávit, el rojo de la Caja -sumado a la inversión en trabajos públicos- derivó en un quebranto que por ahora se cubre con la toma de deuda
Por Alfredo Flury – [email protected]
La Provincia cerró el ejercicio 2017 con un superávit financiero de 6.555 millones de pesos de la Administración Central, 81,5 por ciento por encima del año inmediato anterior.
No obstante, si se computa el consolidado de la Administración Pública no Financiera, esto es los organismos descentralizados, particularmente la Caja de Jubilaciones y la Agencia Córdoba Inversión y Financiamiento (ACIF), el resultado concluye en un déficit de 5.954,7 millones de pesos.
La cifra contrasta con el superávit de 2.906,3 millones de pesos obtenido en 2016
Los datos informados por el Gobierno provincial y enviados a la Legislatura para su análisis, muestran así un claro deterioro de las cuentas públicas en el consolidado producto de la aceleración en el plan de obras públicas que mayoritariamente fue financiado por la ACIF con la toma de deuda vía emisión de títulos o bien de créditos de fuentes diversas.
De hecho, la deuda pública mostró una aceleración hasta alcanzar 48.551,7 millones de pesos.
El pasivo está compuesto por apenas 2.337 millones de pesos en moneda nacional y el resto en dólares traducido a pesos a un tipo de cambio de 18,645 pesos por dólar.
Si se actualiza esa deuda nominada en divisas estadounidenses a un tipo de cambio de 20,46 pesos, último dato disponible, el rojo total llegaría a 53.050,4 millones de pesos.
De hecho, la Provincia admite que buena parte del financiamiento de las obras llegó por la toma de deuda.
Según los datos oficiales, la inversión ejecutada en 2017 se financió en 59 por ciento con recursos propios, apenas tres por ciento por fondeo proveniente de la Nación y el 38 por ciento restante con “operaciones de endeudamiento”. La Provincia insiste en que el stock de deuda está dentro de ratios manejables.
De hecho, el pasivo al 31 de diciembre representó 37 por ciento de los ingresos totales. El porcentaje había tocado un piso de 27 por ciento en 2015 y ya en 2016 trepó a 29 por ciento.
De todas maneras, aún está muy por debajo del 205 por ciento de 2003, año en el que comenzó un descenso progresivo hasta tocar el piso mencionado de 2015.
Los servicios de deuda serán igualmente bajos este año. No obstante, al tratarse los bonos emitidos de deuda que amortiza al cierre, habrá fuertes vencimientos en años futuros.
En cuanto a la deuda flotante, esto es las obligaciones del Tesoro, se mantuvieron en torno a 5,5 por ciento de los gastos totales de la Administración Central. En total fue de 10.929,1 millones de pesos que, restado el monto en personal que se canceló días después, cerró en 6.820 millones de pesos.
Gastos de capital
El resultado financiero consolidado mostró un fuerte déficit producto de un aumento de 142,06 por ciento en el gasto de capital.
Esa erogación se cubrió básicamente por el ahorro generado por la Administración Central luego de cotejar ingresos y gastos.
Así, los ingresos corrientes de la Administración Central alcanzaron al cierre del ejercicio 135.009,7 millones de pesos, 37 por ciento mayores a los registrados el año anterior.
En tanto, los gastos corrientes treparon a 104.672,4 millones de pesos, 29,03 por ciento superiores a 2016.
Dentro de ese rubro, las erogaciones en Personal llegaron a 58.366,6 millones de pesos, 24,58 por ciento mayores al año anterior.
La incidencia de ese ítem dentro de las erogaciones totales perdió así incidencia respecto a otros ejercicios. De hecho, el aumento porcentual del gasto en Personal se ubica en línea con la inflación del período pero muy por debajo de la evolución de los ingresos corrientes e incluso del gasto corriente del ejercicio.
Con esos datos, el resultado económico de la Administración Central fue de un ahorro corriente de 30.337,2 millones de pesos, 74,06 por ciento por encima de un año atrás.
Por su parte, los ingresos de capital fueron de 3.621,4 millones de pesos y las erogaciones, de 14.086,07 millones de pesos, en este último caso 85,1 por ciento mayores quelas de 2016.
Sin embargo, si se computan los gastos de capital en cabeza de la ACIF, ese concepto se eleva a 28.392,9 millones de pesos, 142,06 por ciento superior a los 11.729 millones de pesos registrados en 2017. La suba exponencial de esa erogación coincide con el año electoral. Con todo, la dinámica del gasto en obras se mantendrá con un ritmo sostenido también este año, a juzgar por los números incluidos en el Presupuesto 2018.
De esta forma, los ingresos totales de la Administración Central llegaron a 138.631,1 millones de pesos, 37,5 por ciento superiores al año anterior mientras que los gastos totales fueron de 118.758,5 millones de pesos, 33,8 por ciento mayores.
Con esas cifras y descontados los gastos figurativos y el pago de intereses de deuda, se llega a un resultado financiero de 6.535,1 millones de pesos, casi tres mil millones por encima del año anterior.
Con todo, si se incluye el déficit de 10.618,7 millones de pesos de los organismos descentralizados (principalmente la ACIF) y los 1.871,09 millones de pesos en rojo de la Caja de Jubilaciones, el resultado financiero consolidado cierra en 5.954,7 millones de pesos negativo.
La cifra queda sin embargo minimizada si se considera que, para el ejercicio en curso, la Provincia estima un rojo consolidado de 29.987 millones de pesos, producto de un superávit de apenas 692 millones de pesos de la Administración Central y sendos rojos de 24.545 millones de pesos de la ACIF y de 6.135 millones de pesos de la Caja de Jubilaciones.
Ese último quebranto parece desmedido a juzgar por los números con que cerró el ejercicio 2017 el organismo previsional, siempre luego de cotejar los envíos de la Nación para cubrir parte del déficit de la Caja provincial.
Por lo demás, en la Provincia aseguran que los datos relevantes deben buscarse en el ahorro corriente y en todo caso en el resultado financiero de la Administración Central.
“En una provincia que ejecuta un ambicioso plan de obras es lógico que se genere un déficit en función de la toma de deuda para afrontar esas inversiones”, indicó a Comercio y Justicia una fuente del Ejecutivo. El mismo informante dijo que, en todo caso, debería analizarse el volumen de la deuda en función de indicadores como los ingresos y su evolución además del perfil de vencimientos por delante. La fuente relativizó la alta exposición de la deuda nominada en dólares.
La salida al mercado de capitales por parte de la Provincia en el ejercicio 2018 se concretaría antes del cierre del primer semestre.
De acuerdo con fuentes oficiales, se trabaja en los instrumentos legales que habiliten la salida al mercado, entre ellos los decretos para la contratación de los agentes que actuarán como organizadores, estructuradores y colocadores del pasivo.
Paralelamente, también se avanza en la gestión de crédito de diferentes organismos y bancos privados.
