Se probó que la mujer se aisló y que el demandado propició que dejara de tomar la medicación psiquiátrica que la mantenía estable para quedarse con sus bienes
La Sala A de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil confirmó la nulidad de un matrimonio por dolo del marido, quien se casó con la intención despojar a su esposa de sus bienes.
A su turno, el a quo invalidó el acto que unió a O. P. y M.R., al estimar que la demandante incurrió en un error acerca en las cualidades personales del hombre, provocado por su comportamiento doloso.
El juzgador llegó a la conclusión de que O. P. ocultó sus reales intenciones para casarse, lo que afectó el consentimiento de la mujer.
Tras el fallecimiento del accionado, su hijo apeló el pronunciamiento alegando que el juez de grado hizo una valoración sesgada de la prueba, pero la Cámara no admitió su planteo, al entender que en el caso el engaño al que fue sometida la actora surgía prístino.
En ese sentido, reseñó se acreditó que la demandante conoció al emplazado en un encuentro de “solos y solas”, en mayo de 2009, que se casaron a los dos meses y que en muy poco tiempo comenzaron los problemas.
El tribunal detalló que en septiembre de aquel año M.R. presentó una denuncia por violencia y que en esa oportunidad señaló que desde que empezó a convivir con O.P. se distanció de sus amistades, de sus parientes y de su psiquiatra; que no tomó la medicación que le prescribió el médico para sus padecimientos psíquicos porque su marido se lo impedía y que los hijos y familiares de su pareja “invadieron su vida”.
La alzada indicó que los dichos de la mujer se corroboraron durante el juicio, en el cual se acreditó que estuvo prácticamente “secuestrada”, una situación de aislamiento que fue confirmada por los testigos.
“Surge claramente que en muy poco tiempo M.R. se alejó de sus íntimos, además de encontrarse desmejorada y siempre en compañía de O.P. y de experimentar decaimiento psíquico”, destacó.
Además, la Cámara subrayó que de la prueba analizada surgía en forma incontestable que en un muy corto intervalo de tiempo vendió sus bienes, siempre con la intervención de su marido o de sus dos hijos, quienes, incluso, llegaron a quedar procesados en sede penal, en donde al confirmarse la medida se expresó que manipularon a una persona vulnerable para inducirla a celebrar un enlace y realizar negocios perjudiciales.
“La prueba demuestra que el consentimiento otorgado por M.R. se encontraba viciado por el dolo desplegado por el marido, quien simuló afecto e intención de desarrollar un proyecto en común allí donde sólo había un plan, consumado casi inmediatamente después de contraer las nupcias, para despojar a la actora de sus bienes. Así las cosas, no cabe duda de que el demandado debe ser considerado cónyuge de mala fe”, concluyó.