ESCUCHARLa comuna espera que se consoliden los números del primer trimestre. Denuncia que el Gobierno provincial retiene recursos que desde enero le corresponden por el nuevo esquema del Consenso Fiscal. Ya dijo cuáles tasas eliminará -y en qué orden lo hará- si le “gotea” el dinero extra, que estima sólo por ese concepto en $720 millones anuales
La Municipalidad de Córdoba prepara una intimación formal a la Provincia para que distribuya los fondos que considera le corresponden conforme el Consenso Fiscal firmado entre la Nación y las provincias, que rige desde este año.
Si bien se trata de un reclamo que ya el intendente Ramón Mestre hizo público, ahora se prepara un emplazamiento formal, que se interpondrá en la Mesa Provincia-Municipios. Esa intimación es el paso administrativo previo para iniciar eventuales acciones legales contra la Provincia.
El planteo global asciende a unos 1.200 millones de pesos para el año en curso. No obstante, de ese monto, poco más de 700 millones corresponden a la coparticipación extra que, dice el municipio, debería recibir por ese concepto. El resto es por la falta de distribución de fondos específicos de los impuestos Inmobiliario e Ingresos Brutos, tema largamente reclamado por la comuna.
La acción administrativa se concretará recién el mes próximo, una vez que se consoliden los datos del primer trimestre. “Queremos ir con números concretos y demostrar los montos específicos que no se coparticipan”, reveló a Comercio y Justicia una fuente de la comuna.
Concretamente, el reclamo se sustenta en uno de los apartados del Consenso, en el párrafo que señala: “Compensar, a través de transferencias diarias y automáticas, a las provincias que adhieran y cumplan con el Consenso, con un monto equivalente a la disminución efectiva de recursos en 2018 resultante de la eliminación del artículo 104 de la Ley de Impuesto a las Ganancias y del aumento de la asignación específica del Impuesto al Cheque. La compensación será administrada por cada jurisdicción y se destinará a inversiones en infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, productiva, de vivienda o vial -en sus ámbitos urbanos o rurales-.”.
La Provincia insiste en que esos fondos deben ser administrados por los distritos federales.
Sin embargo, la comuna señala que, a diferencia de la provincia de Buenos Aires, donde aparece claramente especificado que no debe coparticiparse a los municipios, para el resto de las provincias ese punto no está explícito.
“Si no lo dice, entonces debe distribuirse”, argumenta la comuna.
Según pudo conocer este medio, sólo cuatro provincias lo están coparticipando. El resto, no.
De hecho, hay una presentación de Corrientes ante el Comisión Federal de Impuestos (CFI) para que se expida respecto a qué corresponde hacer.
En ese marco, el municipio insiste en que, de lograr esos recursos extra, bajará las tasas. De hecho, es un enunciado que inauguró Mestre el 1 de marzo pasado, en la apertura de sesiones del Concejo Deliberante. Ayer, la comuna fijó una prelación sobre qué eliminaría primero. Por tratarse de tasas específicas que, por concepto, deberían cubrirse con el extra que llegaría vía coparticipación de Ganancias en función de la letra del Consenso Fiscal, se desafectaría la tasa para obras de saneamiento y para redes de gas.
En ambos casos, van a fondos fiduciarios específicos que direccionan los recursos a esas obras.
La primera, anclada a la factura de Aguas Cordobesas, tiene previsto recaudar este año $118,4 millones.
La segunda prevé ingresos por $251 millones, según el Presupuesto aprobado para el año en curso.
Para la comuna, decisión del Ersep viola combo de normas vigentes
El municipio analiza emplazar también a Aguas Cordobesas a que se abstenga de modificar la mecánica de facturación a los usuarios y elimine la tasa específica que se destina a obras de saneamiento.
Al igual que con la energía eléctrica, la comuna entiende que el Ente Regulador de los Servicios Públicos (Ersep), que tomó la determinación y obliga a las distribuidoras a avanzar en esa línea, se extralimitó en sus funciones. “No sólo viola las autonomías municipales, también su propio ámbito de jurisdicción. Además, en el caso de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC), hay acuerdos firmados para la facturación que se están violentando”, explicó una fuente.
“Las tasas específicas van a cubrir servicios concretos y en el caso del alumbrado no sólo es consumo sino también mano de obra y proyectos de infraestructura”, indicó el informante quien, sin embargo, evitó profundizar en la estrategia jurídica que aplicará el municipio.
