ESCUCHARPor Luis Carranza Torres* y Carlos Krauth **
La avenida circunvalación es una de las obras más necesarias para la ciudad de Córdoba. Proyectada desde hace mas de 50 años se espera que, al fin, el año que viene esté concluida. En los últimos tiempos se ha acelerado el trabajo para poder finalizarla. Precisamente hace unos días se “descubrió” un túnel en el nudo vial de la 14, el cual tiene más de veinte años de enterrado, y que se mencionó como un reconocimiento a la visión de futuro de los funcionarios municipales de aquella época en que se hizo esa obra.
Sin embargo, quienes recordamos cómo realmente se ejecutó la construcción, el tiempo que se demoró en finalizar y el daño -en muchos casos irreparables- que les ocasionó a los vecinos del sector, estamos lejos de creer que los responsables de ella puedan ser calificados (al menos respecto de la mencionada obra) como ejemplo de iluminados del progreso.
Cualquiera de los afectados de aquella época puede testimoniar el perjuicio enorme que sufrieron por el desmanejo en su ejecución, sin ningún tipo de compensación. De entre los muchos perjudicados podemos recordar la estación de servicio tradicional de la familia Incicco, que se encontraba justo frente a la actual plazoleta de la mujer urbana, o al histórico negocio de comidas “Los Lomitos”, ubicado unos metros más allá, los cuales debieron cerrar como consecuencia de la obra.
Al respecto recordamos una entrevista que en radio Universidad le hicieran al dueño de la estación de servicio, en la que comentó que en su negocio había sufrido varios robos, uno inclusive en el que mataron a su hermano; sin embargo, el daño económico más grande que sufrió en la explotación fue consecuencia de la obra, la que había sido planeada para ser finalizada en nueve meses, plazo que se extendió a 18. Recordaba que cortaron la Av. Núñez repentinamente un viernes a la mañana, sin avisarles nada. Que se había pedido a las autoridades municipales y provinciales algún tipo de moratoria impositiva, no una exención impositiva, sino que se solicitó una moratoria, obteniendo los vecinos, como repuesta, sólo que podrían pagar todo junto al finalizar la obra, eso sí, con más los intereses y los recargos correspondientes a la mora.
Nadie puede negar la importancia de la obra ni negarse al progreso. Eso sería de necio y lejos estamos de pretender quedarnos en el tiempo y rechazar mejoras que benefician a la sociedad. Sólo queremos recordar que -en el caso específico del nudo vial 14 y del “descubrimiento” del puente enterrado- no fue color de rosas sino, por el contrario, además de dañar irreparablemente a muchos vecinos de la zona, su construcción es uno de los tantos ejemplos de la incapacidad y falta de consideración con que se encaran muchas de las obras publicas en la ciudad y en la provincia.
No debemos dejar de marcar, al respecto, que el valor de la razonabilidad como pauta para la actividad pública es, en el Estado de Derecho, nada más ni nada menos que estar dentro de la ley. Lo irrazonable no es “un error” o “una torpeza” sino situar la actividad pública del caso dentro del ámbito de la ilegalidad. Supone, de parte del funcionario del caso, un obrar arbitrario, abusivo, negligente cuanto menos. Aun cuando no se tratara de un ilícito penal.
Recordarlo es importante, no como reproche sino para no volver a caer o cometer los mismos errores. Es obvio que una obra de esa magnitud beneficia a un mayor número de personas que las que se ven perjudicadas, pero eso no es justificativo para encararla de cualquier modo o irrogar perjuicios evitables a las personas alcanzadas por la ejecución de los trabajos. Su misma importancia trae aparejado el deber de informar a los afectados en forma oportuna y completa, así como el de llevar a cabo las obras paliativas en caso de extenderse los plazos para su finalización o paralizarse, para no dejar un daño en continuado sine die.
De hecho, no se hace ni una cosa ni la otra, y -en el caso que nos ocupa- 50 años para terminar la circunvalación y 20 para descubrir un túnel no muestran la visión de nadie sino que sólo ponen en evidencia y en perspectiva, frente a la cantidad de damnificados directos, lo dañoso y confiscatorio de los derechos que también puede ser una actividad legítima del Estado como es la ejecución de la obra pública.
