ESCUCHAREl análisis de resultados efectuado por Transparency International advierte de que los
ataques contra las ONG y los medios de comunicación están asociados a mayor corrupción
El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) divulgado por Transparencia Internacional (TI) reveló que a pesar de los esfuerzos en el mundo por combatirla, la mayoría de los países está avanzando con demasiada lentitud en el tema. Este hecho fue calificado por la entidad como “perturbador”.
“Aunque detener la corrupción lleva tiempo, en los últimos seis años numerosos países han conseguido progresos mínimos o nulos”, afirmó el organismo, que este año celebra su 25º aniversario.
Un análisis más detenido de los resultados del índice da un dato que TI consideró aún más alarmante: los países donde son más frágiles las garantías para la prensa y las organizaciones no gubernamentales (ONG) en general presentan también los peores índices de corrupción.
El índice, que clasifica 180 países y territorios según las percepciones de expertos y empresarios sobre el grado de corrupción en el sector público, emplea una escala de cero a 100, en la cual cero equivale a muy corrupto y 100 a muy transparente.
Este año, el índice concluyó que más de dos tercios de los países obtienen una puntuación inferior a 50; y que la puntuación promedio es de 43.
En los últimos seis años, varios países mejoraron de manera significativa su puntuación en el IPC, incluidos Costa de Marfil, Senegal y el Reino Unido, mientras que otros descendieron de posición, como Siria, Yemen y Australia.
Este año, Nueva Zelandia y Dinamarca ocuparon las primeras posiciones, con puntuaciones de 89 y 88 respectivamente. Siria, Sudán del Sur y Somalia se ubicaron en los puestos más bajos, con puntuaciones de 14, 12 y 9 respectivamente.
La región con mejor desempeño es Europa Occidental, con una puntuación media de 66. Las regiones peor posicionadas son África Subsahariana (puntuación promedio de 32) y Europa del Este y Asia Central (puntuación promedio, 34).
En América Latina lideran, como en los últimos años, Uruguay y Chile, con 70 y 67 puntos sobre el máximo de 100, respectivamente, seguidos por Costa Rica (59) y Cuba (47).
En el fondo de la tabla regional se encuentran Venezuela (18), Haití (22), Nicaragua (26), Guatemala (28), Paraguay, México, Honduras y República Dominicana (29).
A medio camino en la clasificación latinoamericana nuestro país, con 39 puntos, supera a Brasil, Colombia, Panamá y Perú (37), Bolivia y El Salvador (33) y Ecuador (32).
La presidenta de TI, la cordobesa Delia Ferreira, destacó que en los países más transparentes también hay casos de corrupción pero lo importante es que se produzca alguna reacción que “marque la diferencia”, como en el caso de Uruguay, donde el exvicepresidente Raúl Sendic fue obligado por su partido a renunciar cuando se descubrió que empleó la tarjeta corporativa de Ancap para gastos personales.
Un periodista asesinado por semana
El análisis de los resultados del índice realizado por TI profundizó además en la relación entre la corrupción, la protección de las libertades periodísticas y la participación de la sociedad civil. En ese sentido, la organizacion encontró que casi todos los periodistas asesinados desde 2012 murieron en países con altos niveles de percepción de corrupción.
“Ningún activista o periodista debería temer por su vida cuando se expresa contra la corrupción”, manifestó en ese sentido Patricia Moreira, directora Ejecutiva de TI. “Ante la embestida que sufren hoy en todo el mundo la sociedad civil y los medios de comunicación, debemos hacer más para proteger a aquellos que denuncian este fenómeno”, agregó.
“En los países más corruptos el espacio para la prensa y la libertad de expresión está absolutamente reducido, como el espacio para el acceso a la información”, explicó Ferreira, quien advirtió de que bajar la protección a los medios es “dañar al Estado de derecho como un todo”.
Los periodistas y los activistas son “los enemigos de los corruptos” y, en consecuencia, “los primeros que están en la línea de fuego, a veces literalmente”, lamentó, refiriéndose en concreto al caso de México.
El análisis, que incorpora datos del Comité para la Protección de los Periodistas, muestra que en los últimos seis años, más de nueve de cada diez periodistas fueron asesinados en países con puntuaciones de 45 o inferiores en el índice de Percepción de la Corrupción.
Esto implica que, en promedio, cada semana al menos un periodista es asesinado en un país con alta corrupción. Asimismo, uno de cada cinco periodistas que murieron estaba trabajando en investigaciones sobre corrupción. Lamentablemente, en la mayoría de estos casos nunca se hizo justicia.
Menos corrupción = más libertad de prensa
Los esfuerzos de TI y su experiencia directa de trabajo con más de 100 capítulos en todo el mundo confirman los estrechos nexos entre corrupción y libertad de prensa. Por ejemplo, en Brasil, que alcanzó una puntuación de 37 en el índice de este año, 20 periodistas murieron en los últimos seis años. Los reporteros en Brasil -perseguidos por investigar la corrupción en gobiernos locales y la criminalidad vinculada con las drogas- arriesgan su vida a diario tan sólo por hacer su trabajo.
La corrupción y la reducción del espacio para la sociedad civil
TI analizó también la relación entre corrupción y la libertad que tienen las organizaciones cívicas para actuar e influir en las políticas públicas.
El análisis, que incorpora datos de World Justice Project, muestra que la mayoría de los países que obtienen una puntuación baja en cuanto a libertades civiles también suele recibir altas calificaciones de corrupción.
“Las campañas de desprestigio, el acoso, las demandas y los escollos burocráticos son algunas de las herramientas usadas por ciertos gobiernos para acallar a quienes impulsan iniciativas contra la corrupción”, expresó Moreira. Y agregó: “Instamos a los gobiernos que se esconden detrás de leyes restrictivas a que las desactiven inmediatamente y permitan una mayor participación cívica”.
El caso de Hungría, que descendió diez puntos en el índice en los últimos seis años -pasó de 55 en 2012 a 45 en 2017-, es uno de los ejemplos más alarmantes de la reducción del espacio para la sociedad civil en Europa del Este.
De ser promulgado, un proyecto legislativo presentado recientemente en Hungría restringirá las ONG y les quitaría su estatus de entidades sin fines de lucro. Para TI, esto podrá tener gravísimas consecuencias para las numerosas organizaciones de la sociedad que ya padecen las restricciones de una ley anterior que estigmatiza las ONG en función de su estructura de financiación.
Las fuentes de datos del IPC recogen los siguientes aspectos de la corrupción:
– Soborno
– Desvío de fondos públicos
– Preponderancia de funcionarios públicos que aprovechan su función para beneficio personal, sin enfrentar ninguna consecuencia
– Posibilidad de los gobiernos de contener la corrupción y hacer cumplir mecanismos de integridad eficaces en el sector público
– Trabas administrativas y requisitos burocráticos excesivos que pueden incrementar las oportunidades de corrupción
– Nombramientos en la Administración pública efectuados en función del nepotismo, en vez del mérito
– Juzgamiento penal efectivo de funcionarios corruptos
– Leyes adecuadas sobre divulgación financiera y prevención de conflictos de intereses para funcionarios públicos
– Protección legal de denunciantes, periodistas e investigadores cuando informan sobre casos de soborno y corrupción
– “Captura” del Estado por intereses particulares
– Acceso de la sociedad civil a información sobre asuntos públicos.
Las fuentes de datos del IPC NO recogen los siguientes aspectos de la corrupción:
– Percepciones o experiencias ciudadanas de corrupción
– Fraude fiscal
– Flujos financieros ilícitos
– Facilitadores de corrupción (abogados, contadores, asesores financieros, etcétera)
– Lavado de dinero
– Corrupción en el sector privado
– Economías y mercados informales
