Rentas aceleró juicios a morosos y ya remató 49 inmuebles y autos

De las demandas iniciadas entre junio y diciembre de 2016, se resolvió en menos de un año 47%, frente a los seis años promedio de ejercicios anteriores. En tanto, el aval del TSJ para avanzar con la subasta electrónica de bienes registrables disparó los remates por deudas con el Fisco. La recaudación judicial entre junio y diciembre pasado subió 126%

La recaudación proveniente de la gestión judicial de deudas de morosos de la Dirección de Rentas entre junio y diciembre pasados trepó a 137 millones de pesos, 126% por encima de la registrada en el mismo período de 2016.
La mejora, que se ubicó muy por encima del 30% promedio de los ingresos corrientes derivados del pago al día de los tributos provinciales o bien de la cancelación de deudas en gestión administrativa, se produjo a partir de la incisiva política del organismo recaudador para recuperar acreencias en gestión judicial.
Concretamente, el crecimiento de esos ingresos derivó, por un lado, de la sensible reducción de los plazos de los juicios que de seis años promedio pasaron a un año en 47% de las causas iniciadas en el segundo semestre de 2016.
En paralelo, el Ministerio de Finanzas tomó la decisión política de avanzar hasta la última instancia en el cobro de deudas, esto es el remate.
En ese caso y a partir del aval del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de habilitar la subasta electrónica también para bienes registrables, los procuradores de Rentas avanzaron con el remate de 36 inmuebles y 13 vehículos.
La mejora en la gestión judicial de deuda se produjo a partir del lanzamiento del Programa de Equidad Impositiva (PEI) que, a diferencia de otros años cuando la recaudación buscaba sustentarse principalmente en suba de alícuotas o bien inflación y/o crecimiento económico, ahora busca hacer pie también en la ampliación de la base de tributación y la recuperación de deudas.
Ese programa avanzó en distintos frentes que, en todos los casos, buscaba mejorar los ingresos mediante diferentes herramientas en la etapa de pago corriente, en gestión administrativa y también en la judicial.
En ese marco, se apunta a atacar la mora temprana y la evasión, intensificar los controles y agilizar la aplicación de sanciones, incluyendo la gestión judicial.

Sobre este último punto, el objetivo era que, una vez iniciada una demanda, no transcurriera más de un año hasta la ejecución de sentencia -en caso de llegar a esa instancia-. Hasta comienzos de 2016, el promedio de ese trámite demandaba seis años.
Por lo pronto y con ese objetivo se avanzó en la mejora de la calidad del Título Ejecutivo, clave para que una demanda prospere con celeridad. En la misma línea, se firmaron convenios con el Registro Nacional de Personas (Renaper) y la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor y de Créditos Prendarios (DNRPA).
En tanto, para apuntalar el inicio temprano de la demanda judicial se avanzó en gestiones de deudas más intensas y breves, otorgando plazos más cortos a los deudores conforme su capacidad de pago.
Respecto a los procuradores, al asignar juicios se le entrega al profesional un informe patrimonial actualizado del demandado, de forma tal de hacer más expeditiva su gestión de cobro. Por otra parte, se unificaron causas de un mismo contribuyente en un mismo procurador y se capacitó a éste en el uso de un sistema de información (Lex Doctor) con el fin de cargar en ese soporte el avance del proceso judicial.
Otro punto clave para “incentivar” la tarea de los procuradores fue asignar causas con base en resultados y no por sorteo, como hasta dos años atrás.
En paralelo, se firmó un convenio con el TSJ mediante el cual se estableció el uso, en los juicios fiscales, del expediente digital, lo que implica mayor transparencia y celeridad en la gestión judicial, a la vez que un ahorro de papel y de espacio físico en cuanto al almacenamiento de expedientes.

Otro punto clave fue la subasta electrónica de bienes muebles registrables y de inmuebles. Con esa batería de instrumentos, la Provincia logró que 7.500 causas iniciadas entre junio y diciembre de 2016 -47 por ciento del total- se resolvieran en menos de un año, plazo límite fijado como objetivo por Finanzas para el recupero de la acreencia.
Esa dinámica se tradujo en un crecimiento de 126 por ciento en la recaudación, que trepó a 137 millones de pesos, frente a una mejora de 30 por ciento promedio para el resto de los tributos por pago en tiempo y forma o en gestión administrativa.

Remates de casas y autos
En cuanto a la subasta electrónica, en junio pasado el TSJ la extendió a bienes registrables, autorizando al sitio web del Poder Judicial a rematar inmuebles y automóviles secuestrados y agilizar así el cobro de tributos adeudados al Estado. Hasta ese momento, ese tipo de bienes sólo se podía ofrecer por subasta presencial.
La herramienta, que era requerida por Rentas, disparó los remates para la recuperación de deuda.
Concretamente y según datos oficiales a los que tuvo acceso Comercio y Justicia, desde junio de 2017 se subastaron 36 inmuebles por un valor total de 22,9 millones de pesos.
Participaron en promedio 22,7 postores por subasta, con un máximo de 46 y un mínimo de tres postores en un mismo remate.
El inicio de las subastas electrónicas -en el caso de inmuebles- ocurrió el 6 de septiembre pasado y finalizó una semana después.
El inmueble subastado fue un lote baldío en la ciudad de La Falda, por el que se acordó un monto total a pagar cercano a $176,8 mil (sin incluir gastos de comisión).
Por su parte, respecto a automotores, se subastaron 13 desde junio último, por los que se lograron recursos por $1,5 millón en total. En promedio participaron 49,2 postores, con un máximo de 104 y un mínimo de 29 en una misma subasta.

El primer remate bajo la modalidad electrónica ordenada por el Poder Judicial de Córdoba para este tipo de bienes tuvo inicio el 7 de noviembre y finalizó el 13 de ese mes.
El vehículo subastado fue una camioneta Hyundai Santa Fe 2WD 2.4, modelo 2012, por la que se obtuvieron 256 mil pesos, también exluyendo los gastos de comisión.
Las subastas on line para bienes registrables se logra a través de un espacio virtual donde se exhiben, mediante fotografías o videos, los bienes puestos a remate por orden de un juez y se describen en forma precisa sus características.
El plazo de puja generalmente es de cinco días hábiles, durante las 24 horas. Las ofertas son públicas y los usuarios son informados cuando su oferta es superada. El bien se adjudica a quien realice la mejor propuesta y luego puede abonarse a través de diferentes formas de pago.