ESCUCHARIrá, junto al resto, con una contrapropuesta. Un punto central es desistir de todos los juicios pendientes con la Nación. Funcionarios cordobeses recordaron que está vigente una cautelar de la Corte por 15% de los recursos que iban a Anses y que hoy representan unos $700 millones mensuales. También habrá contraoferta por Ingresos Brutos y Sellos. Mañana, reunión de gobernadores para aunar criterios. Apuntarían a un “traje a medida” para cada distrito
El Gobierno provincial no firmará el Pacto Fiscal propuesto por la Nación tal como está redactado.
El dato fue deslizado a Comercio y Justicia por fuentes del Ejecutivo luego de analizar punto por punto el texto que la Nación entregó a las provincias la semana pasada, en la cumbre con el presidente Mauricio Macri.
En rigor, prácticamente ningún distrito estaría dispuesto a suscribir el acuerdo original.
En ese marco, según pudo conocer este medio, las provincias trabajan en una contrapropuesta que buscarán afinar mañana, cuando los gobernadores se vuelvan a reunir, previo al nuevo encuentro con Macri el jueves.
Así las cosas, parece difícil que ese día se suscriba el convenio, tal como lo pretende el Gobierno nacional.
Es que son tantos y tan variados los puntos que incluye el pacto que resulta dificultoso fijar una postura definitiva sobre algunos temas.
De hecho, cada distrito tiene sus propios reparos.
En ese contexto, algunos piensan en que lo mejor sería avanzar en un texto común en determinados temas y, en otros, uno específico para cada distrito. Una suerte de “traje a medida”.
De acuerdo con lo que pudo conocer este medio, la Nación está “abierta” a efectuar cambios en determinados puntos. Por el lado de Córdoba, luego de un primer análisis, por estas horas se trabaja en una contrapropuesta en algunos aspectos.
Uno de los puntos que genera mayor preocupación es la obligación de quienes suscriban el Pacto, de desistir de todos los juicios contra el Estado nacional vinculados al reclamo de fondos por diferentes conceptos.
De respetarse esa cláusula, la Provincia debería desistir de una cautelar habilitada por la Corte Suprema de Justicia en diciembre de 2015, por la que se le restituyó 15 por ciento de fondos que hasta entonces eran detraídos por la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses).
Se trata de un goteo que en la actualidad aporta más de 700 millones de pesos extra por mes. En ese caso, Córdoba pasaría a tener la misma consideración que el resto de los distritos que no iniciaron demandas y a los que la Nación les fijó un cronograma de devolución progresivo de esos fondos.
Incluso cada provincia tiene su propia realidad en ese aspecto. Algunas no tienen ninguna demanda contra la Nación y otras acumulan varias y con acreencias potenciales importantes, mucho mayores que lo que les dejaría ingresar si prosperara el reclamo de Buenos Aires ante la Corte por el Fondo del Conurbano. La gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal sólo desactivaría su juicio en caso de que todas las provincias firmen el acuerdo fiscal.
Pero, además del tema “juicios”, hay otros puntos que, por ahora, tal como están redactados, “no pasan”.
Por ejemplo, la Provincia también prepara una contraoferta con relación a la baja de Ingresos Brutos y de Sellos.
En particular sobre ese último tributo, la idea es que su eliminación definitiva, tal como plantea el texto original, se produzca en un plazo mucho más largo de lo que propone el texto.
En realidad, el planteo de los gobernadores tiene su lógica.
Si la Nación plantea un gradualismo respecto a la baja de sus tributos en el marco del proyecto de reforma impositiva que ayer ingresó al Congreso, también las provincias puedan avanzar con plazos similares. Nada parece sencillo de resolver en el cortísimo plazo y los tiempos correen.
Por lo pronto, una vez rubricado el pacto, las provincias deberán remitir la norma a sus respectivas legislaturas para su ratificación.
Por lo demás, resta ver la actitud que tomarán los municipios.
Tal como informó este medio ayer, el proyecto que remitió la Nación a las provincias incluye un capítulo destinado a los municipios referido a, por ejemplo, la rúbrica de una norma de responsabilidad fiscal.
El texto también hace referencia a cambios en los criterios para el cobro de tasas y los hechos imponibles gravados por esos tributos.
Buscan incluir las cajas
En tanto, en las últimas horas cobró cuerpo la posibilidad de incluir en el pacto fiscal el financiamiento a las cajas provinciales no transferidas.
Se trata de 13 organismos previsionales, entre ellos el de Córdoba.
Si bien la Ley de Reparación Histórica tiene un capítulo específico vinculado a la cobertura de los déficits de esas reparticiones e incluso el articulado fue reglamentado, los gobernadores de provincias involucradas apuntan a asegurarse el fondeo para cubrir los desfases de sus respectivas cajas.
En el caso de Córdoba, pese a que el año calendario está a punto de concluir, todavía no obtuvieron una respuesta de la Nación con relación al déficit previsional a aportar para 2017.
Esa cifra se conocería esta misma semana. Una vez difundida, habrá que analizar si está en línea con la que pretende Córdoba -unos siete mil millones de pesos- y, si eventualmente hubiese acuerdo, ver cómo se terminará pagando, toda vez que hasta ahora la Nación sólo giró 1.170 millones de pesos a cuenta de la cifra final.
Entre el análisis del pacto fiscal y el proyecto de reforma impositiva que ingresó ayer
al Congreso, la Provincia e incluso el municipio estudian contrarreloj los impactos de los cambios y su influencia en los proyectos de Presupuesto que presentarán entre hoy y mañana.
