ESCUCHARLa jefa de los fiscales manifestó que estaba “persuadida” de que su permanencia en el cargo redundaría en decisiones que podrían afectar de manera sustancial la autonomía del área que encabeza. Varios representantes del arco oficialista emitieron declaraciones y enfatizaron que -aunque dejó su puesto- “debe muchas explicaciones”
Pocos días después de que el juez en lo Contencioso-administrativo Número 9, Pablo Cayssials, declaró inconstitucional la necesidad de llevar a cabo un juicio político para remover a la procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, ésta presentó su renuncia, la cual tendrá efecto a partir del 31 de diciembre.
Desde hacía tiempo, la permanencia de la jefa de los fiscales en su cargo generaba tensiones con el Gobierno y algunos sectores la cuestionaron por supuestas irregularidades en la designación y traslado de fiscales.
En ese marco, cabe recordar que el pasado día 12 el juez Julián Ercolini la procesó por el delito de administración fraudulenta, por la compra irregular de un edificio para la Procuración.
Razones
La funciona le comunicó su decisión al presidente Mauricio Macri por medio de una carta que publicó en la web fiscales.gob.ar
“A esta altura de los acontecimientos, estoy persuadida de que mi permanencia en el cargo redunda en decisiones que afectarán de manera sustancial la autonomía del Ministerio Público Fiscal”, aseguró.
Además, afirmó que trabajó “incansablemente para consolidar el mandato de los constituyentes, al jerarquizar esta institución como una autoridad de la Nación independiente y autónoma, condiciones fundamentales de las que derivan su fortaleza, objetividad y eficiencia”.
“Las mismas razones que inspiraron mi accionar durante 20 años en la institución y más de 30 en el servicio de administración de Justicia motivan mi alejamiento de una gestión en la cual he profundizado la transformación del Ministerio Público Fiscal, para colocarlo a la altura de los tiempos y de las demandas sociales en materia de política criminal, con perspectiva de derechos humanos y acceso universal a la Justicia”, escribió Gils Carbó.
Garavano
Pese a que desde que asumió el Gobierno el ministro de Justicia, Germán Garavano, planteó que la procuradora debía dar un paso al costado, la funcionaria dijo varias veces que no pensaba renunciar ni tomar licencia; ello así, aunque sus subordinados estuvieran investigádola en una causa penal, una situación inédita, con repercusiones institucionales.
No obstante, la conclusión de Cayssials en el sentido de que no hacía falta un juicio político para desplazarla aceleró los acontecimientos.
El pasado viernes 20, el magistrado aceptó el planteo del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires -conducido por Guillermo Lipera- y de la Asociación Será Justicia -encabezada por Máximo Fonrouge-, y declaró la inconstitucionalidad del sistema de remoción previsto en el artículo 76 de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal (27148), que establece el procedimiento de juicio político como mecanismo para remover al titular del Ministerio Público Fiscal de la Nación.
Privilegio
A su turno, los actores alegaron que la normativa consagraba un privilegio, considerando que ello era incompatible con las exigencias de igualdad y responsabilidad contempladas en la Carta Magna.
Cayssials coincidió con los demandantes y rechazó que fuera necesario hacer un juicio político, argumentando que la reforma constitucional de 1994 no incorporó al procurador en las previsiones contenidas en su artículo 53, que enumera los funcionarios que pueden ser sometidos a aquel procedimiento.
El juez advirtió que los convencionales constituyentes buscaron limitar la participación política y, en esa línea, recordó el antecedente del ex titular de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, Ricardo Molinas, quien fue destituido por el entonces presidente Carlos Menem en 1991.
Paralelamente, indicó que el Congreso “no puede incorporar casos para los que se requiere juicio político cuando la Constitución Nacional así no lo establece, pues con ello se conculcaría el principio de separación de poderes”.
Sin embargo, Cayssials no especificó en su fallo cuál es el procedimiento para remover al jefe de los fiscales.
Garavano descartó la posibilidad de separar por decreto a Gils Carbó, pero destacó que la sentencia ratificaba la postura del Gobierno respecto a que la “forma de remoción del procurador no está prevista constitucionalmente” y confirmó que enviaría al Parlamento un proyecto para reformar la legislación que rige la actuación del Ministerio Público Fiscal.
Gils Carbó había anunciado que presentaría un recurso ante la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso-administrativo Federal para anticiparse a esa posibilidad, pero finalmente optó por dejar su cargo.
Ayer, minutos antes de que Macri anunciara su agenda de reformas -que incluye al Poder Judicial- en el Centro Cultural Kirchner, llegó la noticia sobre la dimisión.
Al respecto, el jefe del interbloque oficialista en Diputados, Mario Negri, remarcó que “lo primero” que hizo Gils Carbó cuando asumió fue formar una agrupación política -por Justicia Legítima- y que, a partir de ahí, “toda la discrecionalidad que uno pueda imaginar pasó por sus manos”.
Por su parte, el diputado Pablo Tonelli (PRO) expresó la renuncia de Gils Carbó “es una buena noticia para el fortalecimiento de la Procuración General y para que la institución cumpla con el mandato constitucional de actuar en coordinación con las demás autoridades de la República”.
El jefe del bloque de Diputados del FpV, Héctor Recalde, dijo que recibió como “un baldazo de agua fría” la noticia de la renuncia de Alejandra Gils Carbó.
El legislador sostuvo que la decisión de la funcionaria se debió al “hostigamiento” que recibió por parte del Gobierno nacional. En tanto, consideró que “cumplió con mucha eficiencia su rol” y que “tuvo una actitud independiente”.
Acerca de la pertenencia de Gils Carbó a Justicia Legítima, Recalde opinó que la agrupación “no es un partido político” y resaltó que muchos jueces integran ese colectivo. “Tener ideología está bien, lo malo es que la vuelquen en actos jurisdiccionales”, manifestó.Peña celebró y habló del perfil del reemplazante
El jefe de Gabinete, Marcos Peña, celebró la renuncia de la procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó. “Hago mías las palabras de Garavano: esta medida es una contribución para trabajar en función de fortalecer la independencia del Poder Judicial y contribuir a su eficacia”, afirmó.
El ministro sostuvo que el Gobierno no cree que su reemplazante tenga que ser alguien con “militancia política” sino con “reconocida trayectoria”.
De esa manera, las declaraciones de Peña excluyen de listado de candidatos, entre otros, a la diputada Elisa Carrió, y posicionan al fiscal General ante la Cámara Federal de Casación Penal, Raúl Pleé, como posible relevo.Procelac
Pleé era el titular de la unidad especializada en lavado de dinero que fue cerrada por decisión de Gils Carbó, quien durante su gestión fundó la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) y nombró al cordobés Carlos Gonella para dirigirla.
Al reclamar que la procuradora respondiera por mal desempeño, el Colegio de Abogados porteño apuntó a la designación de Gonella, citándola entre los ejemplos de violación a la normativa vigente que enumeró.
Gonella dejó la Procelac luego de la detención de Lázaro Báez, a principios del año pasado. Está procesado desde 2014, por prevaricato, por su intervención en el tramo inicial de la causa conocida como “la ruta del dinero k”, que comenzó en 2013. Se lo acusa de que a pesar de que contaba con numerosos elementos probatorios el nombre de Báez no figuró en la primera carátula que tuvo el expediente.
El fiscal Guillermo Marijuan estaba de vacaciones cuando comenzó la pesquisa. Una vez que volvió a su despacho incluyó a Báez en las actuaciones y cuestionó el criterio de Gonella y de su segundo, Omar Orsi, también procesado por el caso.
