ESCUCHARLa futura ley apunta a poner un “cepo” a las erogaciones corrientes, al endeudamiento para cubrir éstas y a los nombramientos de personal. La iniciativa, que fue consensuada entre provincias y Nación en agosto pasado, contará con el aval de los municipios más grandes, entre ellos Córdoba. Versiones sobre apertura de retiros voluntarios, por ahora negadas
Por Alfredo Flury – [email protected]
El Gobierno provincial, pero también la Municipalidad de Córdoba, plenean adherir a la futura Ley de Responsabilidad Fiscal que, entre otros puntos, impone una serie de restricciones al gasto corriente y a las erogaciones destinadas a la planta de personal.
La novedad, en rigor, es que la administración de Ramón Mestre se plegará a la norma que originalmente aparece planteada para las provincias pero que, no obstante, invita a adherir también a los municipios.
Es que, a diferencia de la ley vigente que fue sancionada durante la gestión de Néstor Kirchner y contó con la adhesión de las provincias, esta vez tendrá el aval del municipio, previa adhesión mediante un proyecto que irá al Concejo Deliberante.
El dato no es menor porque, a diferencia de la Provincia, la Municipalidad deberá “afinar el lápiz” para poder cumplir los requisitos de la normativa.
Con todo, tal como lo anticipó oportunamente Comercio y Justicia, el proyecto -que debería ingresar al Congreso en los próximos días- es más declamativo que restrictivo, al menos en algunos aspectos.
Las sanciones para quienes lo incumplan incluyen falta de aval de la Nación para la toma de deuda, entre otros puntos.
La intención del municipio es plegarse a la norma, no sólo por tratarse de un proyecto impulsado por el Gobierno nacional -que es del mismo signo político que el de la comuna- sino también para tener una “guía” en la cual apoyarse para evitar desvíos en determinados puntos, por ejemplo en eventuales presiones gremiales para avanzar en el nombramiento de personal o suba del gasto salarial por encima de determinados parámetros.
Por el lado de la Provincia, la adhesión se descuenta toda vez que fueron autoridades del Gobierno provincial, entre ellos el ministro de Finanzas, Osvaldo Giordano, quienes participaron de la redacción final de los principales puntos del proyecto que se consensuó entre Nación y provincias en agosto pasado en una reunión en la ciudad de Mendoza.
En esa ocasión, el documento final fue suscripto por los ministros de Hacienda de Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Corrientes, Chaco, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Chubut y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Qué dice el proyecto
Respecto a los alcances de la iniciativa, apunta a obligar a quienes la suscriban a atenerse a una serie de parámetros en las cuentas públicas, que serán monitoreadas por el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal.
El proyecto tiene aspectos vinculados con la difusión de las ejecuciones presupuestarias en un período perentorio, nformación basada en normas comunes de contabilidad.
En ese aspecto, la Municipalidad de Córdoba deberá actualizar su norma de contabilidad para poder publicar datos con base en el gasto devengado, que por ahora sólo los comunica como un desglose porque no tiene una normativa acorde respecto al resto de los distritos. La obligación alcanza a la Nación y a todos aquellos que adhieran, aunque ya numerosas provincias -y de hecho el Gobierno central- cumplen con ese requisito.
En ese marco, el texto dirá que los distritos deberán publicar con una periodicidad trimestral la ejecución presupuestaria (base devengado y base caja), del gasto (base devengado) clasificado según finalidad y función, del stock de la deuda pública, incluida la flotante, así como los programas multilaterales de financiamiento y de pago de servicios.
La Provincia ya cumple esa exigencia mientras que la Municipalidad aún tiene camino por recorrer.
Al mismo tiempo, el proyecto señala que los gobiernos provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gobierno nacional calcularán “parámetros e indicadores homogéneos de gestión pública que midan la eficiencia y eficacia en materia de recaudación y la eficiencia en materia de gasto público”. Esos indicadores deberán ser aprobados por el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal.
En cuanto al gasto público, contempla que la tasa nominal de incremento de las erogaciones corrientes de carácter primario neto de la Nación y de las provincias “no podrá superar la tasa de aumento del índice de precios al consumidor de cobertura nacional previsto en el marco macrofiscal”.
Para regular lo que es gasto público corriente primario, el proyecto establece que será entendido como “los egresos corrientes primarios, excluidos: a) los gastos financiados con préstamos de organismos internacionales, b) las transferencias por coparticipación a Municipios y Comunas, c) los gastos corrientes financiados con aportes no automáticos transferidos por el gobierno nacional a las jurisdicciones que tengan asignación a una erogación específica, d) los gastos corrientes destinados al cumplimiento de políticas públicas nacionales, que sean definidas como políticas de Estado por futuras leyes nacionales”.
Empleo público
Con relación al personal, el proyecto oficial contempla que el Gobierno nacional y las provincias se comprometen a no incrementar la relación de cargos ocupados en el sector público (en planta permanente, temporaria y contratada) existente al 31 de diciembre de 2017, respecto a la población proyectada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) para cada jurisdicción.
Sólo aquellas provincias que hayan alcanzado un resultado financiero superavitario o equilibrado podrán incrementar la planta de personal. En la misma línea, para evitar el descontrol del gasto sobre el cierre de los mandatos que cada jurisdicción, la iniciativa prevé que durante los dos últimos trimestres del año de fin de mandato no podrán realizarse incrementos del gasto corriente de carácter permanente, exceptuando los que trasciendan la gestión de gobierno.
En cuanto a la política impositiva, se buscará “acordar la adopción de políticas tributarias tendientes a armonizar y no aumentar la presión impositiva legal, especialmente en aquellos gravámenes aplicados sobre el trabajo, la producción, el sector productivo y su financiamiento, con la finalidad común de lograr el crecimiento de la economía nacional y las economías regionales, en la medida que dichas decisiones no impliquen comprometer la sostenibilidad de las finanzas públicas”.
Respecto al endeudamiento, el texto apunta a fijar parámetros para evitar un descontrol en la toma de recursos. Así, el endeudamiento de las jurisdicciones deberá ser tal que “en ningún ejercicio fiscal los servicios de la deuda instrumentada superen el 15% de los recursos corrientes netos de transferencias por coparticipación a municipios”.
Las jurisdicciones que superen ese porcentaje no podrán acceder a un nuevo endeudamiento. A la vez, para acceder a operaciones de endeudamiento con organismos que no pertenezcan al sector público ni financiero se deberán elevar los antecedentes y la documentación correspondiente al Gobierno nacional.
Finalmente, el proyecto incluye sanciones por incumplientos a los diferentes puntos de la norma, entre ellos la imposibilidad de participar con derecho a voto en el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal y también la limitación en el otorgamiento de avales y garantías del Gobierno nacional para la toma de deuda y para determinadas transferencias presupuestarias.
¿Retiros voluntarios?
Mientras tanto y a la espera del ingreso al Congreso de los múltiples proyectos que el Gobierno promete enviar en los próximos días, ayer comenzaron a circular diferentes rumores en torno a la situación del sector público. Una de las versiones en el ámbito provincial fue la posibilidad de un proyecto que habilite los retiros voluntarios.
Al respecto, fuentes del Ejecutivo consultadas por este medio aseguraron que no hay ninguna iniciativa en estudio. Con todo, otros informantes admitieron que “no extrañaría” el impulso del Gobierno nacional de un proyecto en esa línea, aunque evitaron precisar si, llegado al caso, la Provincia adheriría.
