ESCUCHARLa intención es reducirla a 14 años pero siguiendo lineamientos que fija la Convención de los Derechos del Niño. El debate en el Congreso quedará para el año próximo para evitar que se mezcle con la disputa electoral
El viejo y repetido debate respecto de la edad de imputabilidad de los menores volvió a ocupar el centro de la escena ayer cuando se confirmó que el Gobierno nacional convocará a una comisión especial para que elabore durante este año un anteproyecto de reforma del régimen penal juvenil.
La intención oficial es que, con la iniciativa ya en la mano, el Congreso la debata con los expertos y todo el arco político recién el año próximo, para evitar que la discusión “se contamine” con la disputa electoral.
Cabe recordar que la ley vigente, Nº 22278, rige desde la última dictadura militar (1980) y fija la edad de imputabilidad en 16 años. En la última década, diferentes gobiernos quisieron avanzar en una reforma penal juvenil, que nunca prosperó.
En esta oportunidad -y en busca de consensos- se conformará una mesa que estará coordinada por un representante del Ejecutivo y participarán jueces, fiscales y expertos en justicia penal juvenil, educación y salud. Se prevé que el primer decreto que firmará Mauricio Macri al concluir sus vacaciones será el que oficialice la convocatoria a esta comisión especial, que se encargará de analizar y confeccionar el anteproyecto para reformar la ley.
En diálogo con la prensa, el ministro de Justicia, Germán Garavano, aclaró ayer que en la discusión “se pondrá sobre la mesa el tema de la edad de imputabilidad pero, principalmente, el tratamiento a los jóvenes en conflicto con la ley penal”.
En ese marco, confirmó que la idea de Macri es bajar de 16 a 14 años la edad de imputabilidad, con distintas escalas según el delito cometido. Sin embargo, reconoció que “el salto mayor” en el delito “se da en la franja de los 15, más que de los 14”, con lo que abrió el debate respecto de si la edad de imputabilidad debería ser a partir de los 14 o de los 15.
La intención del Gobierno es que la pena de prisión sea sólo para los casos más graves, como homicidio, violación y delitos con armas. Se baraja además que para los casos de jóvenes de entre 14 y 16 años la carga de la prueba sea de la fiscalía, para demostrar que el autor comprendía la criminalidad del acto, a diferencia de lo que ocurre en el resto de las causas. No habrá perpetua.
“El nuevo régimen penal juvenil buscará la reinserción de los jóvenes más que el castigo y el cumplimiento de una condena, con lo cual será tarea de la comisión analizar el tratamiento que se les dará a esos jóvenes, sin apartarse de la Convención sobre los Derechos del Niño”,dijo Garavano.
Asimismo, asumió que la responsabilidad del Estado es “dar respuestas tempranas” ya que “el ingreso al delito de un joven se da en forma lenta”. Por eso, el ministro planteó un “rol activo del Estado” para que el joven “no entre en este círculo vicioso”, y llamó la atención respecto a que los jóvenes que cometen delitos, además de victimarios, son víctimas.
Posibilidad de prosperar
El Gobierno no tiene dudas de que el proyecto tiene muchas chances de avanzar en el Congreso, habida cuenta de la anuencia que el tema encuentra en el massismo y en el propio peronismo e, incluso, en el kirchnerismo, en el cual avanzó en 2009 un proyecto que alcanzó media sanción en el Senado aunque luego “se empantanó” en Diputados.
Conocida la novedad, la primera en plantear sus objeciones fue la diputada nacional Margarita Stolbizer (GEN). En una serie de tuits, anticipó su rechazo a abrir un debate en el Congreso y pidió que la Casa Rosada invierta en mejorar la calidad de la educación en lugar de pensar en bajar la edad de imputabilidad.
Unicef y Sennaf proponen reformar la ley penal juvenil sin modificar el límite de 16 años
Tanto Unicef como la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Sennaf) coincidieron en su último informe, elaborado en marzo de 2016, en la necesidad de reformar la ley penal juvenil pero sin que esto implique bajar la edad de imputabilidad, actualmente fijada en 16 años. También plantearon la urgencia de pensar en un régimen especial para adolescentes de hasta 17.
De acuerdo con este informe, el año pasado había 3.908 jóvenes infractores y presuntos infractores de la ley penal de hasta 17 años inclusive, alojados en establecimientos o incluidos en programas de todo el país.
Lejos de lo que puede presumirse, esta cantidad representa sólo 0,14 por ciento del total de la población de 14 a 17 años. Del total de esos jóvenes, la mayoría (89,5 por ciento) tiene entre 16 y 17 años, es decir que son punibles, mientras que 10,5 por ciento tiene menos de esa edad y no puede ser juzgado.
El informe describe que en los establecimientos de privación de libertad (cerrados), 55,1 por ciento está detenido bajo la acusación de haber cometido delitos contra la propiedad: 69,7 por ciento por robos calificados y 26,1 por ciento por robos simples.
En tanto, 26,6 por ciento de los adolescentes alojados ha sido imputado por el delito de homicidio o tentativa de homicidio; 2,3 por ciento por delitos contra la integridad sexual y 0,5 por ciento por secuestros o privación ilegítima de la libertad.
Corresponde a la categoría tenencia, portación y abuso de armas 2,2 por ciento de los delitos, mientras que las infracciones a la ley de estupefacientes, al igual que las vinculadas con el tipo lesiones, se ubican en torno a 1 por ciento.
En tanto, en los establecimientos de restricción de libertad (semicerrados) la mitad de los delitos (50,6 por ciento) de los que se acusa a los jóvenes es contra la propiedad, de los cuales 64,4 por ciento corresponde a robos calificados y 31,0 por ciento a robos simples.
En tanto, 33,1 por ciento está imputado del delito de homicidio o tentativa, 1,7 por ciento por delitos contra la integridad sexual, 2,9 por ciento por portación o abuso de armas y 1,7 por ciento por infracción a la ley de estupefacientes.
Entre los jóvenes incluidos en programas de supervisión en territorio el panorama es similar: 67,6 por ciento imputado por robos, 5,1 por ciento por homicidio o tentativa, 4,2 por ciento por tenencia, portación y abuso de armas y 2,6 por ciento, por lesiones.
