ESCUCHARLa socióloga Alcira Daroqui aseguró que la situación es grave y llamó a los gobiernos a ocuparse de la cuestión. Agregó que, pese a los discursos garantistas, se sigue un mismo criterio: encarcelar a pobres por delitos de “poca monta”, además del hecho de que la mitad de los detenidos no tiene sentencia firme
Alcira Daroqui ya no necesita presentación. Es reconocida por su pares por el trabajo que realiza en materia carcelaria. Es socióloga y también coordinadora de la Facultad de Ciencias Sociales en el programa UBA XXII de educación en cárceles. A diferencia de otros teóricos, habla desde la realidad de quien recorre y visita las cárceles en todo el país y tiene contacto directo cos los detenidos. Su visión sobre el sistema carcelario es muy crítica: habla de violación de los derechos humanos, estadísticas oficiales con serias falencias y una política criminal que sólo persigue a los pobres. De visita en nuestra ciudad, Comercio y Justicia aprovechó para hablar con ella luego de su charla sobre las cárceles en la democracia.
– Lo primero que le quiero preguntarle es cuántos presos hay en Argentina por estos días y cómo viene evolucionando esa cifra.
Como dato duro hay que referirse al crecimiento exponencial en los últimos años de la población carcelaria: mientras en el año 2000 teníamos 35 mil presos, hoy -de lo que se informa entre comisarías y servicios penitenciarios- la cifra alcanza 77 mil personas detenidas.
Los números son alarmantes pero también hay que decir que las cifras oficiales de presos siguen siendo malas. A modo de ejemplo, es interesante contar lo que ocurrió con los datos del Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (Sneep), de la Dirección Nacional de Política Criminal del Ministerio de Justicia de la Nación, que publicó por primera vez este año la cantidad de fallecidos en las cárceles. Fue una buena idea pero se equivocaron gravemente en los datos. Se había informado que Santa Cruz, con 300 presos, tenía 30 muertos en sus cárceles y que provincia de Buenos Aires tenía 116 muertos, mientras que la Comisión Provincial de la Memoria tenía contabilizados 146. Cuando se hizo el señalamiento sobre la alarmante cantidad de muertes en Santa Cruz lo modifican y de 30, dicen sorpresivamente que no hubo ninguno y provincia de Buenos Aires la dejan tal cual estaba. Esto es muy grave y marca el estado de los datos estadísticos con los cuales nos manejamos. Tampoco tuvieron problema en decir que hay provincias que no informan sobre sus presos. En rigor de verdad, no podemos saber con exactitud la cantidad de detenidos que tenemos en las cárceles y comisarías argentinas…
– ¿El perfil que tienen los detenidos de las cárceles argentinas sigue siendo el mismo a lo largo de los años?
-La gente que está en la cárcel es pobre, pobre, pobre. Están condenados en su mayoría por delitos menores, que tienen que ver con venta de estupefacientes al menudeo -por un lado- y delitos contra la propiedad como robo simple, tentativas de hurtos y hurtos. Por supuesto, hay robos calificados y homicidios, pero no es el grueso de la población carcelaria. Por otro lado, hay que decir que se mantiene estable el porcentaje de condenados y procesados: 49% de las personas privadas de su libertad está condenado y 51% está procesado, varía un poco por provincia pero ésa es la media. Esto es una barbaridad, por supuesto. El perfil de detenidos que tenemos nos marca cuál es el tipo de persecución penal que tenemos en nuestro país. Es una decisión política de Estado que viene desde hace muchos años. La política criminal ha sido la de perseguir al delito de poca monta y perseguir a ciertos sectores y no a otros. Pese a que en los últimos 20 años el discurso ha sido de garantismo, no se deja de hacer lo mismo en nombre de la seguridad. Hay cada vez más presos y la inseguridad no ha bajado, habría que preguntarse cuál es el sentido de eso.
– El procurador Francisco Mugnolo dijo en el Congreso que el sistema carcelario está en crisis. ¿Qué opinión le merece esa afirmación?
– Dentro de las cárceles que nosotros relevamos -al menos en la mayoría de las cárceles que nosotros visitamos en el país- hay una violación sistemática de los derechos humanos. Lo que tenemos es una situación carcelaria de gran urgencia, grave, que tiene que abordarse. En la provincia de Buenos Aires se declaró la emergencia carcelaria pero en el sistema federal no se declaró; deben pensar que está todo bien. Lo que está claro y observable es la urgencia de buscar estándares mínimos para que el Estado no atente de una manera tan violenta contra la dignidad de las personas.
– En Córdoba, un juez hizo lugar a un hábeas corpus por la situación que atraviesan los detenidos en las cárceles de Bouwer y Cruz del Eje. ¿Sirven los hábeas corpus para mejorar la situación de los detenidos?
– Me parece bien que se presenten, ponen en la escena pública lo que está sucediendo, pero después la cosa sigue igual. Habría que preguntar también a los jueces cuántas veces van a la cárcel, si la recorren, porque si un juez fuera a la cárcel de manera recurrente no necesitaría que le presenten un hábeas corpus y debería entonces presentar denuncias penales contra los funcionarios. Por otro lado, me parece que hay que trabajar de manera más estructural y los gobiernos de las provincias y de la Nación y los ministerios de Justicia tienen que asumir la responsabilidad que les toca sobre el estado en el que tienen a las personas detenidas.
