La Justicia ordenó ayer estudiar si hay contradicciones en las declaraciones juradas presentadas por el presidente de la Nación, Mauricio Macri, entre 2013 y 2015, en el marco de la causa que lo investiga por supuesta “omisión maliciosa” tras su aparición en la investigación Panama Papers.
La medida fue dispuesta por el juez federal Sebastián Casanello, tras la petición realizada el pasado 8 de junio por el fiscal Federico Delgado, confirmaron fuentes de la Fiscalía encargada del caso.
El miembro del Ministerio Público había pedido realizar un análisis comparativo de las declaraciones presentadas por el actual presidente de la Nación entre 2013 y 2015, cuando Macri era jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y que la tarea fuera llevada adelante por docentes de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
La fiscalía señaló que, si bien Casanello dio lugar a ese pedido, determinó que el estudio fuera realizado por la Oficina Anticorrupción, que depende del Ministerio de Justicia, en vez de la UBA.
El objetivo central del estudio es determinar si existieron “contradicciones” en las declaraciones, confirmaron fuentes de la Fiscalía Criminal y Correccional Federal Número 6.
La causa investiga la supuesta participación del presidente argentino en sociedades inscriptas en paraísos fiscales, a raíz de la aparición de su nombre en la filtración de documentos del estudio de abogados panameños Mossack Fonseca.
Concretamente, Macri figuraba, según los documentos, como miembro directivo de la empresa Fleg Trading Ltd, registrada en Bahamas, y de Kagemusha, inscripta en Panamá.