ESCUCHARSe conformó una mesa de trabajo multidisciplinaria en la que intervienen varias dependencias ministeriales. Se busca darles impulso al desarrollo industrial y de servicios de las economías regionales y las exportaciones.
El Gobierno nacional comenzó a analizar una actualización de la ley 24331, de Zonas Francas, para lo cual conformó una mesa de trabajo multidisciplinaria en la que varias dependencias ministeriales intervienen según sus áreas de experiencia.
Los cambios alentados apuntan a “revitalizar una valiosa herramienta que propenda al impulso del desarrollo industrial y de servicios, el crecimiento de las economías regionales y la inserción en el comercio mundial”, según los documentos preliminares a los que accedió la agencia Télam.
Según definición de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), “las zonas francas son espacios en los cuales la mercadería no es sometida al control habitual del servicio aduanero, y tanto su introducción (importación) como su extracción” (exportación) no están gravadas con tributos -a excepción de aquellos que pudieren corresponder por los servicios presentados- ni alcanzadas por prohibiciones de tipo económico.
Las industrias radicadas en esas áreas están asimismo exentas de impuestos nacionales que gravan los servicios básicos (telecomunicaciones, gas, electricidad, agua corriente, cloacales y desagües).
La iniciativa oficial busca impulsar el comercio y el desarrollo fabril exportador, incrementar las inversiones mediante la baja de costos vinculados con las operaciones que se realicen en dicho ámbito, e impulsar el empleo de mano de obra.
Existen en la actualidad diez zonas francas en operación en el país, en Buenos Aires, San Luis, Tucumán, Córdoba, Mendoza, La Pampa, Chubut, Salta, Misiones y Entre Ríos. Otras siete ya están adjudicadas en San Fernando, Chaco; Zapala, Neuquén; Villa Constitución, Santa Fe; Frías, Santiago del Estero; Paso de los Libres, Corrientes; Sierra Grande, Río Negro; Concepción del Uruguay, Entre Ríos; y una fue preadjudicada, en Jáchal, San Juan.
Dos futuras zonas están en proceso de licitación (en Bahía Blanca y en Tinogasta, Catamarca); en dos casos se elaboran los pliegos correspondientes (en Perico, Jujuy; y Chamical, La Rioja); y está en proceso de reglamentación la de Ushuaia, Tierra del Fuego.
Los documentos de la comisión gubernamental que estudia la reforma de la ley 24331 recuerdan que la norma se aprobó en 1994 y desde entonces fue modificada en cuatro ocasiones, pero sólo en uno de sus artículos: el 44°, que estipula el plazo de caducidad del derecho al establecimiento de zonas francas en cada provincia.
El Poder Ejecutivo justifica la necesidad de una revisión completa de la norma por “el mero paso del tiempo desde 1994 y el cambio que vieron entonces los sectores productivos”.
