ESCUCHARCon el voto a favor de 26 legisladores del Frente para la Victoria, liderados por Miguel Ángel Pichetto, el gobierno de Mauricio Macri logró la derogación de las leyes Cerrojo y de Pago
Soberano, y la autorización para endeudarse por US$12.500 millones para pagar débitos externos.
Con 54 votos a favor, 16 en contra y dos ausencias, la Cámara de Senadores convirtió en ley esta madrugada el pago a los fondos buitre impulsado por el Poder Ejecutivo, mediante una iniciativa que deroga las leyes Cerrojo y de Pago Soberano y que autoriza la emisión de deuda por 12.500 millones de dólares. Ahora, Argentina tiene plazo hasta el 14 de abril para hacer efectivo el pago.
El Interbloque Cambiemos y el peronismo disidente aportaron más de la mitad de ese número, mientras que el Frente para la Victoria (FpV) sumó 26 de sus 42 integrantes.
No obstante, un sector de los que apoyaron en general pidieron que se introdujeran cambios en particular.
De acuerdo con las posiciones hechas públicas durante el debate que se inició poco antes de las 11 de la mañana de ayer, el eje de los argumentos a favor fue la existencia de una sentencia judicial firme en contra de la postura argentina y la necesidad de volver a los mercados internacionales de crédito para “financiar obras de infraestructura”.
En tanto, quienes se pronunciaron en contra pusieron el énfasis en la hipótesis de que el Gobierno podría haber seguido negociando para lograr mejores condiciones y en el rechazo a un nuevo endeudamiento.
El radical Julio Cobos abrió el debate como miembro informante del oficialismo y señaló que la necesidad de aprobar el acuerdo se basaba principalmente en que el litigio con los fondos buitres llevó al establecimiento de medidas cautelares que le impidieron a Argentina pagar a los bonistas que entraron en los canjes de 2005 y 2010.
“¿Se podría haber logrado un mejor acuerdo? Tal vez sí, tal vez no. Lo cierto es que tenemos una sentencia y es muy difícil arreglar con una sentencia en contra”, argumentó Cobos, y subrayó que “hace un año y ocho meses que los que confiaron en el país no están cobrando”.
En tanto, la santacruceña María Ester Labado, del PJ-FPV, defendió su dictamen de minoría en rechazo al acuerdo con los fondos buitre: “En lugar de estar acordando con ellos los deberíamos estar denunciando, porque son usureros, hacen terrorismo financiero”, afirmó.
También advirtió de que el Gobierno “violó leyes en vigencia” al negociar con los buitres, en referencia a las leyes Cerrojo y de Pago Soberano, que impiden al país ofrecer mejores condiciones a los holdouts que a los bonistas que entraron en los canjes.
Por su parte, el salteño Rodolfo Urtubey habló como informante de los senadores del PJ-FPV que votaron a favor del proyecto y subrayó que existen “razones políticas” para acompañar la ley que “tienen que ver con superar esta situación de minusvalía que implica el default”.
“Néstor Kirchner dijo que los muertos no pagan. Con esa crudeza quería decir que en 2003 la Argentina no podía pagar. Tengo que decir, y en honor a lo que fue nuestro gobierno, que la Argentina en 2016 no está muerta, puede pagar”, agregó.
También hubo una postura intermedia planteada por los puntanos del Interbloque Federal Adolfo Rodríguez Saá y Liliana Negre de Alonso, quienes pidieron modificar el proyecto para “incluir un artículo” que estableciera que “las entidades públicas no pueden emitir deuda ni ceder jurisdicción” sin la autorización del Congreso.
Principales puntos del proyecto
– Se derogan las leyes Cerrojo y de Pago Soberano que impedían realizar ofertas por encima de los montos abonados a los bonistas que ingresaron en los canjes de 2005 y 2010.
– Se autoriza a emitir títulos por plazos de 5, 10 y 15 años, por los cuales se abonarán tasas promedio de 7 por ciento, para obtener el efectivo necesario para cancelar cash la deuda con los tenedores de títulos en situación de default.
– Se establece que el monto del endeudamiento será de 12.500 millones de dólares (este punto se incorporará en el debate en particular).
– El excedente del pago a los bonistas se incorporará al endeudamiento autorizado en el Presupuesto de 37.000 millones de dólares previsto para el corriente año.
– La cancelación de deudas a los bonistas será en efectivo y se les reconocerá el monto de capital adeudado de sus títulos con más un cincuenta por ciento (50%) de dicho monto de capital.
– En el caso de los tenedores que tengan sentencia firme con anterioridad a febrero de 2016 -por ejemplo, el fondo NMK- se les reconocerá 70 por ciento del reclamo legal.
– El pago sólo se hará efectivo cuando se hayan levantado todas las medidas cautelares contra el país y haya sentencia definitiva.
– Los tenedores que deseen participar de cualquier operación de cancelación deberán renunciar a todos los derechos que les correspondan en virtud de los referidos títulos y eximir a Argentina de cualquier acción judicial.
– El pago de comisiones a los bancos que participarán de la operatoria no podrá superar 0,20 por ciento.
– El Gobierno deberá informar trimestralmente el avance de las tratativas y los acuerdos a los que se arribe durante el proceso de negociación.
– Se faculta, en virtud del artículo de la ley de administración financiera, a efectuar las adecuaciones presupuestarias para cumplir esta ley.
