ESCUCHARSe trata de tres funcionarios del servicio federal. Están acusados de pedir dinero a los presos para mejorar sus condiciones de detención.
El titular de la Fiscalía Federal N°1 de Lomas de Zamora, Leonel Gómez Barbella, y el fiscal ad hoc y prosecretario letrado de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), Claudio Pandolfi, solicitaron que se agrave la situación procesal de tres agentes del Servicio Penitenciario Federal (SPF), acusados de obtener beneficios económicos a cambio de mejorar las condiciones de detención de personas privadas de la libertad en el Complejo Penitenciario N°1, de Ezeiza.
Según la imputación, los agentes Gabriel Aquino, Roberto Aranda y Raúl Fernández -quienes ya prestaron declaración indagatoria en la causa- habrían “ordenado o tolerado” que un grupo de detenidos exigieran sumas de dinero a otros a cambio de alojarlos en “celdas fijas” o en “un lugar de mejores condiciones”.
Además de los agentes del SPF, en la causa se encuentra procesado también un grupo de personas privadas de la libertad, quienes fueron identificados como los encargados de materializar -bajo amenazas- la “coacción” sobre las víctimas, a quienes se les exigían sumas cercanas a 250 pesos. Así las cosas, los fiscales solicitaron el procesamiento bajo la calificación legal provisoria de “delito de extorsión en grado de tentativa”.
La acusación
El requerimiento de la Fiscalía N° 1 de Lomas de Zamora, en conjunto con la Procuvin, destacó que “estos hechos, por sus características en lo que hace a la asignación de los internos y su movilidad dentro del establecimiento penal, hace que necesariamente deba intervenir personal penitenciario”.
Diversos testimonios señalaron que las personas acusadas y procesadas por estas prácticas “estaban ‘arregladas’ con autoridades del Complejo Penitenciario N°1 de Ezeiza”. Del recurso presentado por los fiscales se desprende que los agentes no sólo mandaban a los detenidos a recolectar el dinero sino que cuando algunos de ellos se rehusaban a pagar eran marcados para futuros “aprietes” o para ser trasladados a las “leoneras”.
Para los representantes del Ministerio Público Fiscal quedó “acreditado en forma contundente” que los agentes acusados “son los únicos que podían resolver la reubicación y/o el realojamiento de los internos víctimas de extorsión”. También, destacaron la declaración testimonial del jefe de División de Asuntos Internos, quien declaró que “de haber ocurrido” los hechos criminales descriptos, “debieron contar como mínimo con la complicidad de algún o algunos agentes penitenciaros”.
